Cada vez que se discute una readecuación al sistema tributario en Chile, se hace con una marcada tensión social y política. Ese efecto es causado, principalmente, por las consecuencias que dichas reformas provocarán en intereses económicos o por visiones políticas que difieren respecto del rol en la sociedad del individuo y del Estado.
Independiente de la situación actual o de las tensiones que se generarán frente a una nueva reforma tributaria, creemos que ya no basta con seguir "parchando" la ley y que, en cambio, es urgente preguntarnos ¿cómo debiera ser un sistema tributario que responda al Chile actual y a los desafíos del país con visión de futuro? ¿Por qué no darnos el espacio y tiempo para reflexionar en un nuevo diseño? ¿Por qué no repensar el sistema tributario como un todo y ponerlo en línea con una economía moderna y abierta, que sea lo más neutro posible en todas las dimensiones y que contribuya al desarrollo integral que Chile demanda?
Pero antes de abrir cualquier discusión amplia sobre un nuevo sistema, es primordial explicitar algunos principios básicos de buena política tributaria sobre las cuáles construir un nuevo diseño.
El primer principio es que el objetivo principal de los impuestos es el financiamiento del Estado y cubrir las necesidades del gasto público establecido democráticamente. Adicionalmente, los impuestos pueden ser usados para corregir externalidades negativas. En consecuencia, los impuestos no deben ser utilizados como una herramienta de política para, por ejemplo, incentivar sectores productivos, geográficos o grupos sociales menos favorecidos. Para eso existen otras herramientas de política pública, sectoriales y más eficientes.
Un segundo principio es que los impuestos deben ser lo más neutrales posible. Esto es que no generen distorsiones entre sectores económicos, ubicaciones geográficas, formas de organizar una actividad económica, fuentes de financiamiento o de ingreso. En definitiva esto implica que dos contribuyentes que tienen las mismas rentas, deben pagar lo mismo: un principio de justicia esencial.
Un tercer principio es que los impuestos deben tener una fuente legal, pero no cualquier legalidad: una que cumpla con los requisitos de ser cierta, de fácil y evidente aplicación y entendimiento para el contribuyente. Esto implica que el sistema tributario debe ser simple, con bajo costo de cumplimiento para los contribuyentes y bajo costo de fiscalización para la autoridad tributaria.
Finalmente, es clave que la autoridad tributaria, sin perjuicio de sus facultades de control y fiscalización, debe contar con el mayor grado posible de independencia del poder político de turno, y así, asegurar que su acción sea colaborativa y al servicio del contribuyente.
Estamos seguros que si una amplia mayoría de la ciudadanía coincide en estos cuatro elementos fundacionales, podremos tener una discusión tributaria fructífera y que logre una estabilidad institucional y legal; a la vez de satisfacer las necesidades de un Estado que debe atender demandas sociales crecientes y sofisticadas, todo ello en una economía abierta a un mundo competitivo y a una evolución tecnológica que avanza vertiginosamente.
Creemos que es fundamental y posible construir un "nuevo acuerdo", que restablezca las confianzas entre lo público y lo privado, entre el contribuyente y el Estado. Para ello, queremos invitar a reflexionar, proponer, discutir y delinear un nuevo sistema tributario para la Nación, un sistema nuevo -transversalmente acordado- que responda a las necesidades del nuevo Chile, y que entregue estabilidad para el largo plazo.
