A una semana desde que el gobierno anunció la reforma tributaria, el debate se ha mantenido polarizado. Los detractores apuntan la discusión hacia una disyuntiva de ricos versus pobres. "Esta reforma es pro ricos", argumentan. Es una mala contrarreforma, también se escuchó. Por el contrario, en el gobierno han insistido en que tiene un componente inédito para más empresas de menor tamaño y la clase media.
Más allá de la propia negociación política que se da en estos casos, es importante establecer ciertos parámetros. Buscar atrincherar las opiniones es un juego de suma cero. Este no es un proyecto pro rico, por más que efectivamente tenga cierto beneficio a quienes pagan impuestos (por algo el costo que reconoció la autoridad y que debió ser compensado), sino que es un proyecto pro rico, sino que es uno pro crecimiento, y por esa vía es pro ricos, pro clase media, pro personas de menores ingresos y pro pymes.
Lo relevante es terminar con las distorsiones que incorporó la reforma previa, que se puede calificar anti crecimiento, y por ende, anti inversión, anti clase media, anti personas de menores ingresos y anti pymes. Ello quedó claramente evidenciado en el estancamiento -incluso empeoramiento en algunas mediciones- de los indicadores de desigualdad social evidenciadas en la Casen 2017 conocidas la semana pasada.
Se debe establecer que impuestos a los más altos ingresos o las empresas en algún punto afecta la inversión y el crecimiento, especialmente en economías abiertas y pequeñas. Las inversiones se trasladan a países en donde logran un mejor retorno neto de impuestos, afectando en el mediano plazo los salarios en Chile. La dimensión redistributiva no es rol del esquema impositivo. Ya demostró ser ineficiente ante un esquema que busque a apuntalar la inversión. Por lo demás, un mayor crecimiento en el largo plazo permite elevar la recaudación fiscal.
