La situación fiscal preocupa, pero es necesario dar realismo a las soluciones posibles. El Fisco chileno es muy solvente. A diciembre de 2017 la deuda pública bruta del gobierno central era de 23,6% del PIB. Si se restan sus activos financieros, la deuda neta es solo de 4,4% del PIB .
El problema es la trayectoria del déficit. Como no hay una crisis ad portas, el incentivo es diferir cualquier ajuste o hacerlo pequeño.
Es el caso del anuncio del gobierno. Es pequeño, porque partiendo de un déficit en 2017 de 2,7% del PIB, el decreto presidencial plantea un ajuste anual del déficit estructural de 0,3% aprox. El déficit alcanzaría aprox. 1,5% del PIB hacia 2021 si el gobierno es disciplinado.
Esta disciplina pende de un signo de interrogación: es que, como reconoció el Presidente al anunciar que no bajaría la tasa de impuesto corporativo, la demanda por gasto social es significativa.
Producto de su desarrollo, la sociedad demanda bienes públicos - tanto en cantidad como calidad- como nunca antes.
Chile se situó en un equilibrio de alto y creciente gasto social, pero en un contexto de crecimiento débil. Nuestra solvencia hace difícil justificar un ajuste de verdad. Durante varios años más existirán condiciones racionales que inducirán a los gobiernos a procrastinar. Esto implica que no será el ajuste del gasto lo que corrija la situación fiscal.
Más aún, no se puede descartar que este ajuste fiscal finalmente sea una reasignación hacia programas prioritarios, y no una disminución de gasto.
Por su parte, el margen de acción en el lado tributario es bajo. Los impuestos a plataformas online no buscan corregir el déficit, sino emparejar el terreno con las actividades comerciales tradicionales.
Se ha propuesto la regresiva idea de subir el IVA en un país con alta desigualdad inicial y alta capacidad de movilización social. ¿Piensa el gobierno correr ese riesgo? ¿Subir el impuesto al diésel y/o terminar con el régimen de renta presunta? Sería ideal, pero es difícil pensar que el gobierno cargaría la mano a grupos que, probablemente, le dieron un mayoritario apoyo. ¿Endurecer más la norma general antielusión? Partidarios del gobierno plantean lo contrario.
Finalmente, la reintegración del impuesto a la renta conllevaría una reducción de la recaudación en el corto plazo. Solo podría compensarse si, como respuesta, la inversión creciera en 9%. Esta es una apuesta arriesgada, porque las decisiones de inversión no dependen tanto de las tasas corporativas hoy como de las expectativas de tasas futuras.
Como el ajuste de gasto es de segundo orden y el espacio tributario es bajo, el problema fiscal no se va a resolver con instrumentos fiscales, al menos en el corto y mediano plazo.
La solución es que el crecimiento potencial se sitúe más cerca del 5% que del 3,5% actual.
Esto es facilísimo decirlo y dificilísimo hacerlo. Para que el problema fiscal no se transforme en macroeconómico, tenemos que converger a una renovada estrategia de crecimiento económico aceptada por todos los sectores políticos.
*El autor pertenece a LEXEN Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios Universidad de Chile
