Profesionales en gobierno central superan el 50% de la dotación y lideran ministerios de Medio Ambiente y Ciencias

El empleo público ha tenido una sostenida profesionalización. Eso se desprende de las cifras que trimestralmente publica la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su informe de Recursos Humanos.

En los números, el total del personal del gobierno central alcanzó los 445.823 cargos efectivos, lo que significó una variación del -1,4% respecto a diciembre de 2022, equivalente a 6.340 puestos menos. Esta variación se compone de un incremento del personal de la Dotación (con contrato a plazo indefinido y fijo), en 2.587 cargos, y una disminución del personal Fuera de Dotación (honorarios, suplencias y reemplazos) en 8.927 cargos.

Respecto del mismo periodo del año anterior, el total del Gobierno Central mostró un aumento de 4.309 puestos (1,0%), variación explicada por el aumento del personal de la Dotación (11.691 puestos, 3,3%), que fue contrarrestado en parte significativa por la caída del personal Fuera de Dotación (7.382 puestos, -8,8%). Al excluir del Gobierno Central la totalidad de los puestos de los Servicios de Salud (Sersal) y los Servicios Locales de Educación (SLE), la variación en doce meses fue de -1,9%, con 3.887 puestos menos.

Por su parte, el personal de la dotación alcanzó al primer trimestre las 369.635 plazas (82,9% del total disponible) con un aumento neto en el último trimestre de 2.587 puestos. Y el estamento profesional presentó un alza de 1.924 puestos (1%), la que responde mayoritariamente al aumento en servicios de salud.

Al desglosar las 369.635 plazas se muestra que los profesionales en el sector público llegaron a un récord de 50,4% de participación en el trimestre enero-marzo de 2023, lo que equivale a 186.437. Pero esta tendencia al alza no comenzó ahora, sino que se viene registrando de manera sostenida desde 2014. En ese año, el número era de 94.843 por lo que nueve años ha tenido un alza de 96,6% hasta alcanzar los 186.437 en el trimestre terminado en marzo. En el tercer cuarto del año pasado llegó al 50% del total de la dotación.

Como contrapartida, durante los últimos años el personal administrativo se ha mantenido estable en su participación, llegando a 14,1% en marzo, pero considerando desde 2014 se evidencia una baja de 3,2 puntos porcentuales. Sin embargo, en cantidad registran un alza de 32,1% al pasar de 39.315 en 2014 a 51.937 en el primer cuarto de este año.

La cantidad de técnicos, en tanto, subió en ese período un 50%, al pasar de 63.218 en 2014 a 94.838. Estos cargos significan 25,7% del total, mientras en 2014 eran el 28%.

Donde menos cambios ha habido es en las proporciones del personal auxiliar y los cargos directivos. El primer grupo representó al primer trimestre el 7,5% del total, 1,3 puntos menos que hace nueve años. En este lapso su cantidad aumentó 37,4%, pasado de 20.218 a 27.715.

Los cargos directivos, a su vez, fueron los que menos crecieron y lo hicieron sólo en 5,1% al subir desde 8.229 en 2014 a 8.648 en este primer trimestre de 2023, y significan un 2,3% del total, 1,2 puntos menos que al inicio de la serie.

Por ministerio, los datos del Informe de Recursos Humanos de la Dipres muestran que el de Medio Ambiente es el que lidera con 82,1% de su dotación ocupada por profesionales, seguido por el de Ciencia y Tecnología con 80,3%. Minería registra el 75,7% y de Relaciones Exteriores con un 75,6% del total. Un poco más atrás se ubicó Vivienda y Urbanismo con 73,6% del total de la dotación de esa cartera.

La Dipres detalla que los tipos de estamentos que se agrupan bajo el nombre de Profesional, incluyen a personal del área médica, profesores, fiscalizadores y personal al que se le reconoce su calidad profesional, pero principalmente está asociado al personal que desempeña funciones profesionales. De esta forma, el estamento de profesionales considera al personal titular y contratado en los estamentos de Profesionales, al personal del área de la salud afecto a las leyes N°15.076, N°19.664 y a los profesores en aula afectos al Estatuto Docente.

Esto incluye también al personal titular y contratado en los estamentos de Fiscales y Fiscalizadores, al personal contratado como experto altamente calificado y al personal del escalafón de asistentes sociales y de empleados profesionales de las instituciones al Poder Judicial. En la Dipres precisan que “es importante considerar que este estamento no incluye directivos y tampoco personal que no desempeña funciones profesionales, aunque tenga un título profesional”.

Desde la Dipres destacan “la relevancia para el Estado de contar con profesionales calificados, de manera de atender de mejor manera las necesidades de la ciudadanía, en un contexto además de mayor digitalización”. En ese sentido, añaden que “la tendencia a la profesionalización de la función pública se ha consolidado durante varias administraciones, lo que también tiene relación con que la naturaleza del Estado ha ido cambiando”.

Asimismo, agregan que se debe distinguir dentro del Gobierno Central la situación particular de los Servicios de Salud, de los Servicios Locales de Educación y del Resto. “Por un lado, hay un incremento sostenido de la participación del estamento profesionales en los tres grupos de interés, si se comparan las cifras del principio del período. Esto ocurre desde marzo de 2014 en el caso de Resto y Sersal, y desde marzo de 2018 en el caso de los SLE. Por otra parte, el grado de participación del estamento profesional en los Sersal y SLE depende de la prestación de servicios relacionados con salud y educación, que tienen su propia lógica de necesidades de profesionales versus técnicos o administrativos, como se verifica en los números y las diferentes participaciones en estos grupos de interés”.

El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, sostiene que “debido a la naturaleza de las funciones que se desarrollan en el Estado, el empleo público tanto del Gobierno Central como el de otros segmentos del sector público tiene una prevalencia de profesionales considerablemente mayor a lo que se observa en el empleo asalariado en el sector privado”. No obstante, afirma que “lo relevante es que haya adecuación de las capacidades de las personas con los cargos que se ejercen”. Esto porque para el experto, si bien es positivo que “haya un alto porcentaje de profesionales, esto no necesariamente garantiza que las personas más idóneas estén en un determinado cargo. Hay personas que pueden, por ejemplo, tener un título profesional, pero no ser necesariamente las más idóneas para cumplir bien con las exigencias de un determinado puesto”.

¿El tener más profesionales lo hace más eficiente? Ante esta pregunta, Bravo comenta que “lo que se esperaría es que el aumento de cargos de profesionales responda a las necesidades asociadas al cumplimiento de los distintos objetivos que tiene el Gobierno Central. Si ese personal es necesario para cumplir de mejor manera las funciones que le competen al Estado, entonces puede ser plenamente justificado un aumento de profesionales”.

Para Bravo, las cifras de la “Dipres muestran que en el último año hay un aumento de 9.721 cargos efectivos de profesionales en el Gobierno Central. De ellos, 5.433 corresponden a profesionales en Servicios de Salud (Sersal). En consecuencia, este incremento de profesionales estaría respondiendo en una porción relevante a cubrir necesidades asociadas a las labores de salud”.

Tomás Flores, economistas de Libertad y Desarrollo (LyD), asevera que “sin duda, una mayor proporción de profesionales es beneficioso para la eficiencia de las políticas públicas ya que se precisan de mejor manera los objetivos y los indicadores de cumplimiento”.

En cuanto a lo que se debería hacer, el economista puntualiza que “un gobierno eficiente debe buscar brindar servicios de calidad al menor costo posible. En ese sentido es crucial que el personal contratado sea el adecuado para los cargos que se ejercen. Cuando en el sector público no hay un calce adecuado entre las capacidades del funcionario y las exigencias de la ocupación que se ejerce, dichos descalces son pagados por todos los contribuyentes”. Además, plantea que reducir la burocracia administrativa, potenciar el uso de tecnologías de información y comunicación, mejorar las políticas de pago son elementos relevantes también a la hora de mejorar la eficiencia en la gestión pública”.