En el marco del seminario acerca del proyecto de ley de permisología, organizado por el Centro latinoamericano de políticas económicas y sociales de la Universidad Católica (Clapes), la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, compartió en un panel con el economista Raphael Bergoeing acerca de sus apreciaciones y el trabajo por hacer respecto al proyecto.

En la instancia, donde también participó el ministro de Economía, Nicolás Grau, Navarro señaló que “para que las cosas avancen se requieren de dos partes, una de tener sistema y regulaciones mucho más estandarizadas con menos arbitrariedad, pero también de titulares que pongan sobre la mesa la confianza como el principal vector”.

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Bergoeing inició hablando de los problemas de certeza jurídica que envuelve el actual proceso, y además la ineficiencia. Asimismo, el economista sostuvo que hay que “avanzar hacia un sistema en el cual haya proporcionalidad”.

Por su parte, Navarro agrupó sus observaciones respecto del proyecto en los plazos, la gobernanza y la potestad reglamentaria. “Voy a ir al grano con respecto a los plazos, la Corte Suprema ha sostenido que la administración no tiene plazos fatales (...) creemos que es necesario que el proyecto establezca algún tipo de sistema o mecanismo que asegure el debido cumplimiento de los plazos establecidos”, comentó.

El segundo punto que puso sobre la mesa fue acerca de la evaluación de pertinencia de cada causal de suspensión, y si se logra, poder reducirla. “Cuando se requieren muchos órganos que están tramitando, usted también mencionó, a veces pasa el mismo oficio por cinco o seis servicios distintos. Creemos que ahí hay un espacio de evaluar la pertinencia de cada causal de suspensión”, sostuvo.

Acerca de la gobernanza, Navarro indicó que “la coordinación de estos servicios resulta ser uno de los principales cuellos de botella”.

Con lo anterior agregó que estos mecanismos efectivos, que aseguren una adecuada coordinación, con estándares para conseguir la eficiencia, pueden ir de la mano con elementos de potestad reglamentaria. “Creo que aquí tenemos que todos estar de acuerdo que como país necesitamos elevar estándares”, declaró.

Otro concepto del que habló Bergoeing fue sobre la evaluación de los proyectos de política pública en Chile, una vez implementados, algo que indicó “se hace muy poco en Chile”.

En esa misma línea comentó que la necesidad de estar constantemente evaluando apunta a rediseñar y luego optimizar el proyecto. “Tiene que haber un seguimiento de lo que vaya ocurriendo porque la razón por la que los países avanzados son más avanzados que nosotros, no es supongo yo, porque son capaces de hacer las cosas bien a la primera, sino que porque tienen más mecanismos para mirarse a sí mismos y aceptar que las cosas no funcionaron bien”, explicó.

Con esa idea, el economista apunto que los proyectos, incluyendo el de permisología, deben evaluarse, esto para tener mejoras, con lo que agregó que estos deben “volver al inicio, rediseñarse, reimplementarse y reevaluarse”.

La asociación gremial, Generadoras de Chile, estuvo presente en la discusión del día de ayer en la comisión del Medioambiente de la cámara del Senado, representados por el gerente general, Camilo Charme, quien entregó una serie de propuestas en miras del proyecto de ley que pretende fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia.

“Desde el 2021 los proyectos de energía aprobados en el SEIA por año han disminuido un 70%”, expuso Charme en su presentación, quien además agregó que los plazos de calificación aumentaron en un 32% desde el 2023.

La primera propuesta apuntó a reforzar las capacidades internas y de dotación de recursos para el SEA, para así fortalecer los instrumentos de gestión.

La siguiente propuesta es rediseñar el SEA como órgano colegiado, seguido por agregar a las normas de Proyectos Urgentes, un correlato de Gestión de Permisos sectoriales.

Asimismo, propusieron crear la categoría de Proyectos Estratégicos que habiliten el proceso de descarbonización y/o transición energética. Con lo anterior, indicaron que se debe contar con equipos especializados solo a esta tipología.

La siguiente propuesta sostuvo que se debe contemplar incentivos reales para proyectos que se acojan a políticas de planificación. La última propuesta, en tanto, señaló la creación de una ventanilla única real y efectiva, lo que propone consolidar la RCA como el Permiso Ambiental integral, que finalmente incida en la obtención de los permisos sectoriales.