Propuesta de Hacienda de congelar precio del diésel genera criticas de expertos y diputados plantean reparos

Para destrabar el conflicto con los camioneros que tiene paralizadas sus labores, Hacienda llegó a un principio de acuerdo con algunos dirigentes gremiales. Entre ellos están los de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), ChileTransporte AG, Federación Gremial Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros (FENABUS) Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales (ABI-AG).

El acuerdo incluye que el gobierno enviará un proyecto de ley para crear un mecanismo que estabilice el precio del diésel por un plazo de 90 días. Finalizado dicho periodo, el precio del diésel será ajustado en un máximo de $36 por litro al alza o a la baja (equivalente a 0,6 UTM por metro cubico). Luego una vez terminado el mecanismo transitorio, la fórmula permanente considerará ajustes cada 15 días con un máximo de $12 por litro (0,2 UTM por metro cubico)

Esto marca una diferencia en cómo funciona actualmente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), ya que actualmente la variación es de $12 por semanas como tope. Ahora, de prosperar esta iniciativa, habría un sistema especial para el diésel y otro para las bencinas.

Si bien todavía no hay nada definitivo, puesto que los dirigentes gremiales tienen que responder si sus bases aceptan o no la propuesta del Ejecutivo, ya surgen las primeras críticas entre los economistas y diputados, quienes creen que fijar precios no es una buena opción.

Luis Gonzales, coordinador de energía y medio ambiente de Clapes-UC dice que el “fijar precios es caminar sobre hielo delgado. Indudablemente es un mal precedente”.

Con respecto a la modificación para el funcionamiento del Mepco para el diésel, “la modificación implica que lo que fueron 55 semanas de alzas con el actual esquema, hubiesen sido al menos 97 semanas si es que se respeta el traspaso a precios”.

De esta manera, para el economista, esta “apuesta busca ganar tiempo para incorporar bajas en el precio o apreciaciones del tipo de cambio para limitar las alzas en el precio”.

Gonzales puntualiza que “estas modificaciones y regímenes especiales empiezan a tener una serie de complicaciones a un sistema que técnicamente ya es complejo y el mensaje a la ciudadanía empieza a ser difuso, generando descontento”.

Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, también tiene una visión crítica sobre la propuesta. “La estabilización del precio de este combustible de consumo vehicular implicaría en la práctica aumentar el subsidio que otorga actualmente el sistema de tal forma que el precio base no se modifique al alza durante al menos 90 días, o en el caso que el precio base sin componente variable se reduzca, entonces se aplicará un impuesto para contener la caída y mantener el precio”.

Para Ortiz en general la fijación de precios genera “ineficiencia económica, en la medida que no permite el ajuste vía oferta y demanda”.

El economista subraya que además de fijar un precio por un plazo de 90 días, “ahora la variación del precio será quincenal y no semanal, lo cual llevará a que el ajuste sea más acotado en el tiempo, respecto al mecanismo actual”. Y puntualiza que “este tipo de políticas genera incentivos a ampliar este tipo de esquema para otros mercados, en la medida que en un escenario inflacionario aumentan la presión para controlar y poner límites al precio máximo para ciertos bienes y servicios, generalmente los catalogados de primera necesidad”.

A nivel de parlamentarios, los diputados de oposición que integran la Comisión de Hacienda no ven de manera positiva esta idea. Miguel Mellado (RN) sostiene que para el precio de los combustibles “ellos tienen un tratamiento especial de devolución hasta un 80% dependiendo si es un empresario grande o pequeño, además el grueso del Mepco fue para solventar el diésel. Estar legislando exclusivamente para un sector en particular y que además se traspasará de todas maneras a precios no me parece”.

Frank Sauerbaum, también diputado RN, añade que “para abordar las demandas de los camioneros, no parece sensato fijar el precio del diésel por cuanto se benefician no solamente los camioneros, sino también particulares que conducen vehículos que usan dicho combustible”.

Para el diputado, “la preocupación de abordar esa demanda mediante subsidios tan específicos es que se abre la puerta a que surjan nuevas demandas en un contexto fiscal sumamente estrecho y con una actividad económica que va a la baja”. Y acota que “es un mal precedente siempre la fijación de precios, porque abre una puerta para fijar en el futuro precios a cualquier otro bien, como en Argentina”.

El diputado Republicano, Agustín Romero, añadió que “me preocupa que una medida como esa la termine pagando el fisco, que al final lo hará con nuestros impuestos. Eso implicaría que todos los chilenos estaríamos subsidiando a un sector de la economía”. No obstante, dijo que “le gustaría ver bien el acuerdo y mecanismo, porque el transporte tiene una incidencia muy importante en los precios de los bienes y servicios, cuya alza es una de las más grandes preocupaciones de los chilenos”.

Desde el oficialismo, el diputado PS y presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, no se muestra del todo conforme con esta idea, puesto que considera que los “camioneros nunca quedan conformes con nada”. No obstante, sostiene que “se debe enfrentar el problema de corto plazo, pero no se deben acostumbrar a estar permanentemente pidiendo nuevas medidas a su sector”.

Además, el legislador afirma que este es uno de los sectores que más beneficio tiene en comparación con el resto y que “no se ve ninguna retribución en los precios a los consumidores”.

Otra de las medidas que incluye este preacuerdo es que se ampliará la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al menos por un año. Sin perjuicio de ello, en el marco del diseño del proyecto de impuestos verdes, a partir de diciembre se convocará una mesa de trabajo que abordará el tratamiento del impuesto específico y su afectación a distintos sectores, para el envío del proyecto de ley respectivo en el primer semestre 2023.