Pese a que se había anunciado para enero, finalmente la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó ayer el denominado white paper para la industria del financiamiento colectivo o crodwfunding, donde propuso una regulación para esta actividad.
Este es el primer paso que da para avanzar en una eventual regulación a las financieras tecnológicas (FinTech), donde se optó poner el foco en el crowdfunding.
En concreto, el regulador recomendó incluir dentro de su perímetro cinco tipos de entidades ligadas al crowdfunding: las plataformas de crowdfunding; los robo-advisors y scorings, bajo la figura de asesores financieros; canalizadores de órdenes de compra venta o de pago; plataformas transaccionales, conocidas como sistemas alternativos de transacción; y a quienes presten servicios como depósitos y custodios de instrumentos financieros.
Tras este paso, la CMF enviará el borrador al Ministerio de Hacienda para que lo tenga como un insumo para elaborar un posible proyecto de ley.
Las exigencias
Para las plataformas, propuso exigir que provean la información necesaria a quienes participen para que puedan efectuar adecuadamente su evaluación y que esa información sea fidedigna, completa, imparcial y provista de un estándar común.
En el caso de los asesores financieros, recomendó establecer obligaciones de información con el fin de que sea el propio cliente el que pueda ponderar cuán condicionado está el juicio de quien omite la opinión, junto con prohibir ciertas actividades en que surjan conflictos de interés o compromiso de la independencia de juicio cuando con la información no sea suficiente para la mejor protección del cliente.
Para los canalizadores de órdenes de compra o de pago, sugirió que cumplan con ciertos requisitos de continuidad operacional, y que se fijen garantías mínimas para resguardar que tengan los recursos necesarios para reparar potenciales daños.
En cuanto a los sistemas alternativos de transacción, llamó a establecer exigencias sobre gestión de riesgos, sobre todo operacionales, y que se requiera que sus servicios estén disponibles hasta por un plazo razonable que permita a los agentes del mercado trasladarse a otro proveedor en caso que el primero decida terminar su operación.
En tanto, para los custodios indicó que deberían contar con exigencias de gestión de riesgos, garantías y de capital mínimo que permitan tener una infraestructura adecuada para la correcta prestación del servicio y para desincentivar la prestación temporal de este servicio con la sola finalidad de cometer fraudes.
Las reacciones
La publicación fue recibida de forma positiva por los eventuales regulados.
"Nos parece un paso importante, porque el proyecto de ley que derive de este documento, es un primer acercamiento para regular y desarrollar aún más la industria", comentó Guillermo Acuña, co-fundador y VP de Tecnología de Cumplo.
Por su parte, Cristián Reyes, abogado senior del Estudio Bravo y quien participó como representante de la asociación de FinTech ante la CMF, dijo que "de esta forma se demuestra que la operación de las FinTech (entre ellas las criptomonedas) no constituyen actividades tan riesgosas y que requieran tanta regulación como los bancos y otros actores han pretendido".
Desde Red Capital, su gerente comercial, Felipe Zanberk, indicó que "a simple vista, podemos destacar el hecho de que las exigencias serán diferenciadas y proporcionales en función de los riesgos, donde tendremos que ver qué tan grandes serán éstas".
A su vez, Omar Larré, gerente general de Fintual, remarcó que, si bien tiene aspectos positivos, hay cosas que no se mencionaron o se omitieron.
"En lo bueno, creemos que en el ámbito de asesores financieros hay un gran avance, porque se intenta regularlos haciendo que transparenten sus conflictos de interés y que tengan los conocimientos y capacidades adecuadas para realizar esta actividad. En lo malo, hay una omisión importantísima respecto al valor de los datos financieros de las personas", sostuvo.
