El 8 de agosto el gobierno irrumpió en el debate de la reducción de la jornada laboral. Como una forma de hacer frente al proyecto de las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola ( PC), que propone tener una jornada laboral de 40 horas, el Ejecutivo anunció que presentaría una indicación a su proyecto de flexibilidad laboral, estableciendo una nueva jornada obligatoria de 41 horas promedio calculada en un período de tres meses. De esta manera, el país irá dejando atrás la jornada de 45 horas que rige de manera obligatoria y se irá igualando a las naciones de la Ocde que, en su mayoría, tienen jornadas semanales de menor extensión.

Y si bien los ejes centrales de esta propuesta se mantienen, en el Ministerio del Trabajo siguen afinando la indicación anunciada.

Hasta ahora, fuentes del Ejecutivo aseguran que la reducción a 41 horas promedio es uno de los puntos más seguros que tiene la propuesta. En cambio, tanto la gradualidad en su implementación fijada en 8 años , como su aplicación por igual para las grandes empresas y para las pymes, no están cerradas.

De hecho, las fuentes señalan que ambas medidas están en fase de estudio. En ese sentido, explican que se evalúa aplicar una gradualidad distinta para las pymes, debido principalmente a la demanda de los parlamentarios. Así entonces, la gradualidad podría fluctuar entre 6 y 10 años, siendo el límite máximo el para las pequeñas empresas.

La piedra de tope

El proyecto de ley de sala cuna universal se está convirtiendo impensadamente en una piedra de tope para el avance de la iniciativa de adaptabilidad laboral. Esto, porque el gobierno se autoimpuso como estrategia legislativa esperar a que se despachara de la Comisión de Trabajo del Senado esta iniciativa para concretar la anunciada indicación que reduce y establece como obligatoria una jornada de 41 horas promedio.

Considerando este retraso, todo indica que el avance del proyecto de 41 horas promedio tendrá que esperar hasta octubre.

Esta demora no cayó nada de bien entre los parlamentarios de Renovación Nacional, ya que consideran que el gobierno no debe seguir esperando y, por ende, le solicitaron al Ejecutivo avanzar en la medida.

Así lo señaló el diputado Alejandro Santana (RN). "El gobierno no puede seguir esperando mientras el otro proyecto se posiciona en la discusión. Más allá de la iniciativa de 40 horas, que la rechazaremos, le pedimos al Ejecutivo que avance y le ponga urgencia a su proyecto de adaptabilidad". Una mirada distinta entregó el diputado UDI, Patricio Melero, quien es partidario de que el gobierno no cambie sus prioridades legislativas y se mantenga concentrado en priorizar pensiones y sala cuna. "No se deben alterar las urgencias y, por lo tanto, se debe esperar a que se despache sala cuna para seguir con el proyecto de adaptabilidad laboral", señaló Melero.