La mala práctica en publicidad medioambiental de utilizar reiteradamente conceptos como sustentable, ecológico o verde para referirse a proyectos o productos que en realidad no tienen esas características, es una de las definiciones que explican el concepto de greenwashing o ecolavado, un fenómeno no muy conocido en Chile, pero que comienza a sonar cada vez con más fuerza en el mundo empresarial.

Entre quienes han monitoreado el avance de este tema de cerca está la fundación Chile Sustentable, cuya presidenta, Sara Larraín, aseguró que efectivamente a nivel local hoy existe un abuso del concepto verde entre las empresas. Se conocen algunos escándalos publicitarios asociados a proyectos - en el mundo inmobiliario y forestal, ejemplifica Larraín- en los que se muestran como sustentables, pero en realidad “transmiten desinformación a los consumidores”, señala.

La presidenta de Chile Sustentable explicó que la forma de regular el greenwashing en Chile difiere mucho de la legislación que rige en la Unión Europea o en países más cercanos como Brasil o Colombia. En estos lugares la legislación establece criterios para que la publicidad que realicen las empresas pueda utilizar conceptos relacionados a sustentabilidad, eso sí, detalla, solo cuando cumplen con ciertos atributos de protección de la biodiversidad, economía circular, reciclaje, entre otros.

Por otra parte, según Tamara Ortega, directora ejecutiva de Fundación Basura, comunicar con transparencia puede traer beneficios a las compañías. “A largo plazo está más que demostrado que las distintas estrategias, como basura cero o reutilización, generan impactos positivos a nivel económico”, sostuvo.

Desde la Fundación Basura indicaron que hoy existen personas dispuestas a pagar más por productos que demuestren ser sustentables, por lo tanto, se debiese poder asegurar que aquello que las empresas profesan sea real. Actualmente ese aspecto, explicó Ortega, se regula de forma “vaga” en la Ley del Consumidor y el Sernac no tiene la autoridad ni capacidad para cursar multas.

Si bien diferentes actores de la sociedad civil están de acuerdo en que el greenwashing es una práctica frecuente en el mundo empresarial, también dicen que no es justo hacer una generalización y apuntar a todas las compañías.

La gerenta de Desarrollo de Acción Empresas, Kathrin Müller, afirmó que “en ningún caso hay voluntad de comunicar algo que no es 100% real. Por el contrario, hay una creciente conciencia de la importancia de publicar reportes de sostenibilidad transparentes, coherentes, concisos, y fundamentados, cuyos indicadores se alinean con marcos de referencia internacionales y nacionales”.

De la misma manera, puntualizó en relación con el marketing: “El desafío es comunicar las acciones, aspectos y características sustentables de un producto o servicio de la forma más clara y concisa posible, sin caer en un exceso de tecnicismos y largas explicaciones. La fuente que respalda el dato o los sellos y certificaciones auditados son herramientas claves”.

Desde 2022 que se trabaja un proyecto de ley que busca regular, prevenir y sancionar el “lavado verde de imagen”. La iniciativa se encuentra hoy en segundo trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y, según Tamara Ortega, “duerme” ahí desde que dejó la Cámara de Diputados el pasado 15 de enero.

El proyecto establece que las empresas que utilicen en publicidad conceptos como sustentabilidad, deben atenerse a definiciones específicas y entregar información “verificable, comprensible y precisa”, imponiendo además la prohibición de “omitir antecedentes relevantes que puedan inducir a error”. Todas obligaciones que, en caso de infringirlas, contemplan multas entre 4.500 UTM y 9.000 UTM.

De los senadores miembros de la comisión respectiva en la Cámara Alta y sus equipos consultados por Pulso, el único que respondió a las dudas sobre el proyecto de ley fue el representante de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien aseguró que “hoy estamos abocados a impulsar el cambio a la ley de permisología ambiental, sin perjuicio de que abordaremos el proyecto relacionado con el greenwashing”.

De todas formas, se desconoce si en el corto plazo la iniciativa será puesta en tabla.

La socia en el estudio de abogados Vergara, Galindo y Correa, María Eugenia Armisen, dijo en referencia a la ley que se tramita que todavía “hay espacios de mejora”. Esto, según manifestó, “porque en Chile no existen realmente mecanismos para determinar si la trazabilidad de un producto y/o que la veracidad de la información efectivamente no esté afectando el medioambiente; o que su afectación sea de bajo impacto. Sin embargo, nosotros creemos que, si bien el proyecto puede mejorarse en algunos aspectos, está bien orientado al ser una primera iniciativa que apunta a ese sentido”.

Desde la Fundación Basura también creen que hay algunos aspectos ambiguos que pueden mejorar, como la compra de bonos verdes y el reciclaje a nivel nacional que, según Ortega, “se contradice con lo que tenemos en Ley REP, donde hay productos que se exportan para poder ser reciclados”.

Armisen indicó que nuestro país está aún lejos de normativas que van a la vanguardia en este tema, y el problema es que si se tiene en cuenta la vocación exportadora de las distintas empresas chilenas, “es importante mantenerse atentos a los cambios regulatorios en los países de destino”, aludiendo a la Directiva (UE) 2024/1760 que fija deberes de diligencia debida y reporte a las empresas europeas, la cual hará extensible dichas obligaciones a sus socios y proveedores a través de toda su cadena de suministro.

“El escenario que enfrenta la industria chilena que participa en mercados europeos invita a adoptar un enfoque preventivo en la gestión de riesgos y en la identificación de brechas en sus operaciones en materia de derecho humanos y medio ambiente. Es importante considerar que existen otras economías productoras de las principales exportaciones chilenas cuyos países ya cuentan con leyes en la materia. El mejor ejemplo es Australia, que promulgó una ley en la materia en 2018, y es el principal productor mundial de litio”, concluyó Armisen.