Un largo camino recorrió la legislación que prohíbe el corte de servicios básicos en el Congreso. La iniciativa que fue presentada en marzo, en paralelo a un acuerdo voluntario y similar entre el gobierno y las compañías, debe promulgarse dentro de un plazo de diez días. El veto presidencial fue rechazado en ambas Cámaras por una amplia mayoría y en la última instancia que se produjo en el Senado esta tarde -donde el gobierno necesitaba 2/3 de los votos-, el veto se rechazó por 28 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.
Sin embargo, la insistencia no tuvo los votos contrarios en el Senado, por lo que el veto prospera y la ley será promulgada con todas las observaciones del Ejecutivo, salvo el límite de los metros cúbicos de las sanitarias.
El Ejecutivo decidió vetar en un principio la iniciativa para eliminar dudas sobre una posible inconstitucionalidad, especialmente en telecomunicaciones que es la única de las industrias no monopólica. Así, advierte que el mayor riesgo del proyecto estaría en las demandas que podrían hacer las compañías en contra del Estado de Chile.
El proyecto que será ley
La iniciativa establece una vigencia de 30 días antes y 90 días después de publicada la Ley. En este lapso, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas de distribución eléctrica y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a diversos clientes, como usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas y otros.
Los clientes que dejen de pagar sus cuentas de luz, gas de red y agua; luego esos costos los deberá asumir en los saldos de los siguientes 12 meses, sin multas ni mora.
A diferencia del mercado eléctrico y sanitario, la industria de telefonía es competitiva, por lo que el no pago de las cuentas era inviable. Por lo mismo, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, presentó un plan en el que se ofrece conectividad solidaria. Este considera duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, se aumentará el espectro al 60% de la población más vulnerable.
