El sector empresarial no quedó satisfecho con la nueva ley de delitos económicos ni tampoco con el hecho de que el Tribunal Constitucional desestimara su “téngase presente”, que buscaba cambiar algunos artículos que consideraban perjudicial para la actividad económica de esa legislación.
Para evitar que les pase lo mismo y no llegar tarde nuevamente a la discusión de este otro proyecto de ley que desde ya los mantiene alertas, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) creó una comisión de expertos para analizar la iniciativa del gobierno que busca potenciar las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Esta propuesta, si bien todavía no ingresa, ya está generando inquietud y levantó las alarmas del sector. La idea del Ejecutivo de dotar de facultades sancionatorias al organismo público, cuyo último intento fue rechazado por el Tribunal Constitucional (TC) en 2018 tras un requerimiento de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), los llevó a impulsar esta instancia de trabajo para poder estar preparados para hacer frente a la iniciativa.
El grupo de trabajo será liderado por el gerente general de la CPC, Fernando Alvear y entre los integrantes que participarán está el exsubsecretario de Economía, Tomás Flores, el exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Alejandro Weber, el secretario general de la Asociación del Retail Financiero, Alejandro Arriagada, Eduardo Escalona, abogado de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) y la economista Michele Labbé entre otros.
La primera reunión de trabajo está convocada para el próximo viernes a las 8:30 horas en la sede del gran empresariado ubicada en la calle Monseñor Sotero Sanz 182. En esa cita se comenzará a planificar la metodología de trabajo. No obstante, un conocedor de este proceso afirma que se tiene pensado convocar a distintos expertos en materias constitucionales, de derecho al consumidor, derecho administrativo entre otros.
La idea, dicen, es mantener este grupo de trabajo permanente, pero a la vez nutrirse de otros especialistas, puesto que consideran que este proyecto tiene amplias implicancias.
Si bien el mundo empresarial repara en que aún no conocen en detalle la iniciativa que pretende enviar el gobierno, transmiten su preocupación por la nueva arremetida para instalar la facultad de sanciones en el Servicio. “Lo que más preocupa es que el Sernac sea juez y parte, que pueda multar sin un juicio previo y que la empresa primera debe pagar la multa y luego poder apelar, cuando la experiencia comparada apunta a que primero hay un juicio y luego se determina si hay sanción o no”, dice una fuente del mundo privado.
Otro de los que tiene conocimiento de esta convocatoria apunta que “primero se debe analizar cómo ingresa el proyecto y para luego poder informar bien cuáles son a nuestro juicio las materias positivas y negativas que tiene y plantearlas en la discusión legislativa”.
Al interior de este grupo descartan que estén en contra de mejorar la legislación, pero al mismo tiempo afirman que debe surgir “una ley que proteja al consumidor, pero que efectivamente sea concordante con el resto de la legislación chilena. Ser juez y parte no es algo que sea común en ninguna parte del mundo”.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, sostiene que el proyecto del Sernac les preocupa y por ello, afirma que en caso de que esta iniciativa avance “lo que quieren plantear es que se retome la idea de mejorar el gobierno corporativo del Sernac para que la potestad de las decisiones no recaiga en una sola persona, que en este caso es el director”.
¿Se está creando una comisión técnica? “Sí, y también se está recogiendo la opinión de las distintas ramas y en especial del Comercio que son los más afectados”.
La experiencia anterior
A fines del último gobierno de Bachelet, el mundo empresarial cuestionó el proyecto de ley que dotaba de más facultades al Sernac por transformar al organismo en “juez y parte”, el oficialismo de entonces se quejaba de que la institución fiscalizadora se había transformado en un “león sin dientes” y donde los consumidores estaban en una situación asimétrica frente a las empresas.
Finalmente, en enero de 2018, en votación dividida, el TC rechazó las nuevas facultades. “El Sernac actuaría como juez y parte, ejerciendo facultades fiscalizadoras (de naturaleza administrativa) para luego aplicar una sanción (de naturaleza jurisdiccional), teniendo sus efectos mayor intensidad que solo una sanción administrativa”, sentenció el TC entonces.
Todo esto puede volver a repetirse, aunque desde el gobierno han señalado que en la redacción del proyecto se tomaron todas las precauciones para evitar los cuestionamientos hechos por el TC y han puesto énfasis en que hay una realidad histórica y una composición del tribunal diferente.
En el Ejecutivo han señalado que las nuevas facultades sancionatorias serán una fuerza disuasiva que incentivará a las compañías a resolver los problemas antes de que el Sernac aplique multas.
