Nada bien cayó entre los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) una nueva norma contemplada en el proyecto tributario del gobierno que crea la figura de "reserva vitalicia".

Se agrega al Código Tributario un nuevo artículo (206) que señala que la obligación de mantener reserva "a los funcionarios del SII y Tesorerías se mantendrá incluso después de haber hecho éstos abandono de sus funciones.

De esta forma los ex funcionarios serán responsables de todo daño que la vulneración de la reserva provocare a terceros. Si la vulneración se hubiere producido a cambio de un pago, recompensa o promesa, a la sanción del daño se adicionará una multa equivalente al 300% del monto a que ascendiere uno u otras".

La coordinadora de Modernización Tributaria del Ministerio de Hacienda, Carolina Fuensalida explicó que los funcionarios al fiscalizar, al recibir las declaraciones, tienen acceso a información privilegiada única que debería resguardarse siempre.

"Es esencial que esta normativa se mantenga no sólo mientras ellos son del SII, porque qué sucede si el día de mañana cuando dejan de ser fiscalizadores y hay medios o terceros o un adversario político o un ánimo de venganza, que quiera conocer todos los procesos de tal persona que el funcionario conoció. Es muy relevante que los contribuyentes confíen al 100% en la información que se maneja", señaló.

Consultada si esta norma fue gatillada por un caso puntual, indicó que no, y que sólo apunta a prevenir y a mejorar la relación entre el SII con el contribuyente.

Incluso deslizó que podría abrirse este tipo de figura vitalicia para todos los fiscalizadores del sector público: "A mi me hace todo el sentido de que personas que acceden a información que sólo conocen en el ejercicio de sus funciones, guarden reserva; para que no se preste ni para chantaje o para mancillar la reputación".

No obstante, el presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, Carlos Insunza, criticó la propuesta : "Parece bastante poco razonable esta norma que afecta a funcionarios de rango administrativo técnico.

Me haría más sentido, una medida así hacia altas autoridades que toman decisiones más críticas, y no veo hasta la fecha un proyecto así". Acotó que la norma tiene problemas de redacción, pues no queda claro qué sucedería si un funcionario es requerido por los tribunales de justicia en virtud de un proceso.

Por su parte, el ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas -hoy socio director de Tax Legal en BDO- indicó que el propósito de la norma es razonable "porque no se aprecia justificación para que esa información pueda divulgarse libremente una vez que ya no se pertenezca a dichos organismos".