La sala de la Cámara de Diputados aprobó este lunes en su tercer trámite el proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medioambiente, con lo cual pasa a ser ley. La iniciativa es parte de la agenda antiabusos, la que castiga la colusión, el uso de información privilegiada y la corrupción.

Dentro de las características del proyecto, se establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”. Además, agrega como categoría de “delito económico” los delitos funcionarios, cuando estos sean cometidos con la participación de un miembro de una empresa o en favor de esta.

Sumado a lo anterior, la iniciativa establece una nueva forma de determinación de la multa (denominada “días-multa”), que se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado. Este sistema permitirá que la multa parta de media UTM (unos $31 mil) a una cifra máxima teórica de 300.000 UTM (casi $19 mil millones) para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica.

Durante el debate, los parlamentarios destacaron el cambio de la figura del derecho penal en el ámbito de los delitos económicos y enfatizaron en la incorporación de la responsabilidad penal de las empresas y la implementación de un catálogo actualizado de delitos ambientales, en respuesta a la situación de emergencia medioambiental.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo que es “probablemente la reforma más significativa al Código Penal de 1874 que tenemos hasta hoy”. A ello agregó que el proyecto “reúne tres condiciones que son virtuosas para el debate público. Primero, es una moción parlamentaria transversal de distintos diputados y diputadas de todas las bancadas. En segundo lugar, es un proyecto que contó con la asesoría permanente de los principales aspectos de derecho penal en nuestro país. Y tercero, que el Ejecutivo juega un rol en la promoción y en el impulso de este proyecto de ley, especialmente en la parte final, para que no se nos olvide la importancia que es combatir la impunidad económica”.

Además, el Secretario de Estado aseguró que la importancia del proyecto radica en que este “trata de un modo distinto a la criminalidad económica de la criminalidad común”.

El ministro señaló que además que el propósito central del proyecto es “combinar un conjunto de instrumentos para prevenir que se cometan este tipo de delitos que imponen mayores exigencias a las personas jurídicas y sus régimen de cumplimiento interno. También imponen mayores obligaciones a quienes cumplen cargos directivos y gerenciales en las compañías”.

Y concluyó: “En otros términos, si las compañías adoptan adecuadamente las exigencias de este proyecto de ley, debiéramos reducir significativamente este tipo de infracciones. Hoy ha sido una buena noticia para el país, ha sido una buena noticia en términos de participación en general y sobre todo, tiende a valorar de un modo distinto este tipo de delitos por las consecuencias sociales que esto provoca”.