Un duro revés sufrió Orionx, plataforma chilena que transa criptomonedas, luego de que la Corte Suprema revocara la sentencia de la Corte de Apelaciones y rechazara el recurso de protección que había presentado en marzo. De este modo, respaldó que BancoEstado le haya cerrado su cuenta para evitar eventuales riesgos, entre ellos, un posible lavado de activos, considerando que dicha actividad no está regulada.

"No vemos con buenos ojos el fallo de la Suprema porque la Corte de Apelaciones, de forma unánime, nos había dado la razón. Y no compartimos los fundamentos que tuvo en consideración para revocar dicha sentencia, sobre todo por los supuestos efectos que tendría la falta de regulación de esta actividad", afirmó a Pulso el abogado Pablo Tromben, socio del estudio Tromben Abogados, que representa a la firma Orionx.

El abogado, además, advirtió que la sentencia del máximo tribunal del país podría dejarles en bandeja a los bancos la facultad de cerrar cuentas o cancelar contratos, de forma unilateral, cuando quieran.

Pese a lo anterior, Tromben aseguró que "esto no influye en nada en la operación de Orionx porque las cuentas están abiertas a raíz de una medida precautoria dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de la causa que seguimos contra los bancos".

Junto con ello, sostuvo que el fallo de la Suprema no tiene efecto sobre dicha medida cautelar, por lo que BancoEstado no podría cerrarles la cuenta.

Una mirada similar entregó el abogado Mario Bravo, socio del Estudio Bravo, que defiende a Buda y Cryptomarket en la causa que desarrollan contra los bancos ante el TDLC.

"La sentencia es sin perjuicio de los otros derechos que tienen las plataformas que transan criptomonedas. Y, entre ellos, está la demanda que hemos presentado en el TDLC. Así, el fallo no tiene ningún efecto sobre la medida precautoria que dictó el tribual de reabrir las cuentas de las criptomonedas", enfatizó Bravo.

Atención recae en el TDLC

En este escenario, coincidieron ambos abogados, el foco de la atención quedó centrado en lo que suceda en el TDLC. En dicho tribunal, las tres firmas que transan este tipo de activos a través de sus plataformas acusaron a 10 bancos de atentar contra la libre competencia y de abusar de su posición de dominio colectivo, luego de que les cerraran sus respectivas cuentas.

Actualmente, el TDLC se encuentra definiendo cuáles serán los medios de prueba, después de que las partes le enviaran sus respectivas propuestas y observaciones, por lo que se espera que el período probatorio comience dentro de las próximas semanas.

"Cuando se abra el período probatorio vamos a pedir que se citen a todas las autoridades económicas ligadas al tema, entre ellas, la CMF, Hacienda, la UAF, la SBIF, entre otras, para que se pronuncien sobre el tema", adelantó Mario Bravo.

Por su parte, Pablo Tromben sostuvo que "desplegaremos nuestra estrategia presentado la mayor cantidad de antecedentes para demostrar nuestra posición. Sin embargo, creemos que lo más relevante es que la discusión se centre en que esto es un tema de libre competencia y no de lavado de activos, como lo ha querido instalar la banca".