El paro productivo en Puerto Coronel -el mayor terminal marítimo de la Región del Biobío- ya cumplió 50 días y tiene por delante un incierto futuro debido a las miradas opuestas sobre el origen de la disputa que por un lado tienen los trabajadores y, por otro, la compañía.
Desde el Ejecutivo, en tanto, han optado por dejar que las partes destraben el conflicto, aun cuando el Ministerio del Trabajo ha intentado mediar. En ese contexto, la titular de esa cartera, Jeannette Jara, apuntó el martes a que el bloqueo a los accesos del terminal es “muy dañino” para la economía y llamó a la empresa a “buscar soluciones que permitan retomar la actividad productiva”. De todas maneras, dijo que están “siempre disponibles” en colaborar con lo que puedan.
Y este miércoles Puerto Coronel respondió a la ministra. “Hemos gestionado tres mesas de diálogo con el fin de poder resolver el conflicto, pero ninguna con éxito”, señalaron a través de un comunicado.
“Nosotros tenemos un interés en que el puerto pueda retomar sus funciones y, por lo mismo, hemos realizado múltiples llamados a las autoridades y al gobierno para que aseguren el orden público y ante delitos flagrantes actúen con decisión”, agregaron.
Desde la empresa aseguraron que se están tomando “todas las medidas para volver a operar un terminal que es fundamental para las exportaciones e importaciones de la región del Biobío y del país”. Sin embargo, advirtieron que “mientras no haya seguridad en el trayecto, en el acceso al puerto y en las propias dependencias donde los colaboradores tienen que desempeñar sus funciones, no hay posibilidad de retomar las operaciones”.
“Estamos tomando acciones judiciales para poder acceder al puerto y así retomar nuestras operaciones en forma gradual y segura para el personal”, concluyeron.
El origen del conflicto
Las partes no coinciden respecto a cuál fue el origen del problema. Por un lado, la empresa -cuyos dueños son los grupos Angelini (50%), Von Appen (25%) y Belfi (25%)- ha dicho que el paro de los trabajadores eventuales (prestan servicios, pero no contratados como empleados) comenzó porque estos rechazaron que se comenzara a ejecutar la política de alcohol y drogas, lo que conllevaba que se tengan que someter a test aleatorios y posibles sanciones.
La norma, en rigor, está vigente desde 2017, pero solo se reactivó luego de un accidente en que Puerto Coronel asegura hubo al menos una persona involucrada que había consumido cocaína.
Bajo ese argumento, la compañía considera que el bloqueo es ilegal y no respondería a un proceso de negociación colectiva, ya que “ese convenio sigue vigente hasta 2025″. Por el contrario, sostuvieron, “este paro es una acción de fuerza por parte de un grupo de personas que han manifestado su rechazo a medidas tales como la política de Alcohol y Drogas y la implementación eficiente y eficaz de turnos para contar con una operación segura”.
La mirada de los trabajadores es muy distinta: dicen que todo radica en la reducción de los operarios por cada turno, lo que han ido, según su mirada, “cediendo” hace tiempo.