En jaque. Así podría quedar el megaproyecto minero de US$5 mil millones, Quebrada Blanca Fase 2 -uno de los más grandes ce la carpeta de inversiones que maneja el gobierno- luego que la Asociación Indígena Aymará de caleta Chanavaya, ubicada en la Región de Tarapacá, presentara un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros.

Lo anterior, dado que la iniciativa legal, dirigida en contra de la aprobación ambiental del proyecto perteneciente a la canadiense Teck, solicita la revocación de la autorización ambiental, que fue concedida a la minera a mediados de agosto.

En el escrito -presentado por el abogado Lorenzo Soto- la comunidad acusó la ilegal consideración de observaciones presentadas ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), dentro de las cuales mencionó el hecho de que el permiso ambiental de la iniciativa establece monitoreos de la fauna presente, posteriores a la Resolución de Impacto Ambiental, en circunstancias de que debieran ser datos de la línea base que debe presentarse antes de la mencionada aprobación.

Junto con lo anterior, señala que se incurrió en ilegalidades respecto a la consulta indígena, determinando dejar a la comunidad mencionada fuera del proceso con información presentada por Teck y no constatada por el SEA, siendo por ello, la línea base "de medio humano" también de carácter ilegal.

Además, se agrega que no existe un informe antropológico que respalde que el grupo queda fuera del área de influencia de la iniciativa.

En el tercer punto, la comunidad reclama los impactos a los salares de Michincha y Alconcha, y que si bien el agua que se extraerá de éstos pertenece a Minera Collahuasi, no existe una autorización de la Dirección General de Aguas para ello.

En ese sentido, también reclaman que la iniciativa tiene impacto transregional, ya que dichos salares se encuentran en la cuenca del río Loa, por lo que la iniciativa debiese haber sido vista por la Dirección ejecutiva del SEA y no por la Comisión Regional.

De prosperar el recurso, la minera podría enfrentar un escenario de revisión de la iniciativa. Primero en el Comité de Ministros, luego en el Tribunal Ambiental y más tarde, en la Justicia, lo que podría tener una duración de tres años, generando incertidumbre a la empresa para iniciar la construcción.

Al ser consultada sobre el recurso, Teck afirmó que el "el SEA condujo un robusto proceso de consulta indígena y ninguna de las ocho comunidades que participaron en ese proceso han presentado reclamaciones".

Asimismo, respecto a la asociación indígena que presentó la medida, aseguró que no se encuentra en el área de influencia del proyecto.