Querellas del SII alcanzan en 2023 su mayor registro en cinco años y acusa perjuicio fiscal por $118.309 millones

Cada vez más litigante e incisivo se muestra el Servicio de Impuestos Internos (SII). El 15 de diciembre, tras una investigación de la Fiscalía, la policía detuvo a 55 personas que habían creado un elaborado esquema para emitir más de 100.00 facturas falsas, lo que les permitió reducir sus gravámenes de manera fraudulenta. En el origen del caso habían estado acciones legales presentadas por el SII, una estrategia penal más agresiva que lleva adelante la administración que encabeza el director Hernán Frigolett, quien fuera nombrado en su cargo por el Presidente Gabriel Boric pocos días después de asumir en su cargo.

A través de una solicitud de Ley de Acceso a la Información Pública, la institución informó a Pulso que, entre enero y noviembre de 2023, ha presentado 136 querellas en contra de 164 personas, denunciando un perjuicio fiscal que asciende a $118.309 millones. En 2022, el SII presentó en el año completo 123 querellas, en 2021 fueron 82, el 2020 sumaron 127 y en 2019 completaron 100.

Así es el mayor número de acciones penales presentadas por el SII desde 2019 y el monto más cuantioso denunciado en los últimos cinco años. En términos globales: entre enero de 2019 y noviembre de 2023, el organismo ha presentado 568 querellas y el perjuicio fiscal denunciado suma $396.727 millones.

Desde el SII explicaron que el aumento en las acciones penales obedece a un cambio de estrategia implementado en 2022. “Sobre el incremento en el número de querellas, a partir de 2022 decidimos modificar nuestra estrategia en materia penal, con el objeto de hacer más efectiva y oportuna la aplicación de sanciones por delitos tributarios. Dicho de otro modo, más que un aumento en el número de querellas lo que buscamos es sancionar de manera efectiva y oportuna los delitos tributarios, es decir, aquellas acciones que solo buscan evadir las obligaciones tributarias para sacar ventajas particulares e indebidas”, añadió.

En esa línea, el SII puso en marcha, como primera medida, una modificación a la forma en la que se presentaban las querellas, pasando de querellas nominativas a aquellas dirigidas a todos quienes resulten responsables, para asegurar la sanción contra todos quienes dañan el sistema tributario, dijeron.

Por otro lado, el equipo legal definió potenciar el uso de la presentación de denuncias penales por delitos tributarios, además de las querellas, para garantizar en tiempo y forma la ejecución de las investigaciones respectivas. Así por ejemplo, en 2023 presentó una querella contra 25 personas por el delito de comercio clandestino de especies robadas, asociada al caso Relojes; otra acción penal contra representantes de seis inmobiliarias de La Serena, por un perjuicio fiscal de $900 millones, por el delito de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas; además de una serie de querellas presentadas por el uso de facturas falsas asociadas al comportamiento tributario agresivo, en distintas regiones del país.

Asimismo, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda sostuvo que el Servicio basa su acción en la aplicación del modelo integrado de cumplimiento tributario, que considera acciones proporcionales al riesgo de incumplimiento de los contribuyentes. “Estas acciones parten con medidas de facilitación y asistencia, para quienes quieren cumplir, pero muchas veces no saben cómo hacerlo, hasta llegar a la presentación de querellas, como la acción más severa contra quienes deliberadamente buscan eludir las obligaciones tributarias y obtener beneficios indebidos. En este marco, trabajamos permanentemente en incorporar innovación y herramientas tecnológicas a los procesos de análisis de datos y de fiscalización, con el objeto de ampliar la capacidad de prevenir incumplimientos, así como de focalizar y fortalecer las acciones de control contra quienes deliberadamente buscan eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, explicó.

También explicó que “hacia ese mismo objetivo apunta el convenio de colaboración que firmamos este año con el Ministerio Público, a partir del cual ambas instituciones se comprometieron a implementar todas las acciones posibles para agilizar los procesos de análisis e investigación y fortalecer los mecanismos que permitan garantizar la efectividad del proceso sancionatorio. Este trabajo conjunto tendrá un foco especial en detectar y combatir el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos, además de desincentivar el comercio clandestino. Todo esto, mediante la colaboración que considera medidas como la entrega de estadísticas, informes y análisis de datos, con el objeto de contribuir a hacer más eficiente y efectiva la persecución penal de los delitos que se identifiquen”.

Opiniones

Barbara Neyra, socia de impuestos de PAGBAM |Schwencke sostuvo que “el incremento en las acciones penales del Servicio de Impuestos Internos se debe principalmente en una serie de medidas que ha implementado el organismo para combatir internamente la evasión tributaria. Dentro de eso se enforcan en los planes de revisión a contribuyentes y eventualmente la mayor cantidad de querellas. Esa es una señal, porque significa que el SII no solo está persiguiendo el pago de impuestos, sino que también busca la sanción penal de aquellas personas o contribuyentes que en forma dolosa evaden impuestos”.

“Ejemplo de ello es que comprar facturas falsas ya no es tan sencillo, y no bastará solo con pagar los impuestos defraudados, sino que además existe un riesgo de persecución penal. Un foco es eliminar la evasión y la elusión y otro foco es dar señales de que el servicio está haciendo la pega”, añadió.

Ricardo Freire, abogado penalista y exfiscal, explicó que “la decisión de querellarse o denunciar un determinado caso depende criterios internos del Servicio, los que, durante el último tiempo, sin duda, han variado con una tendencia a denunciar o querellarse más. No se trata -necesariamente- de que se estén cometiendo más delitos tributarios, sino solo de que las políticas o criterios para activar la persecución pública, cambiaron”.

Por otro lado, añadió que el 17 de agosto pasado entró en vigor la ley de delitos económicos y los delitos tributarios cometidos después de dicha fecha, en el ejercicio de un cargo al interior de una mediana o gran empresa o, en beneficio de ella, tienen la categoría de delitos económicos y, por lo mismo, están sujetos a un tratamiento más severo y con muy pocas probabilidades de cumplir la pena en libertad, en caso de condena.