Quiebras de empresas caen 33% en septiembre por la mayor liquidez y el repunte de la economía

Ya dando cuenta de una tendencia que se viene apreciando desde mayo, las solicitudes de quiebras de empresas y personas en Chile continúan retrocediendo. Así, de acuerdo a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en septiembre las quiebras de empresas cayeron 33% en un año, alcanzando las 120 solicitudes.

Eso sí, al analizar el acumulado, entre enero y septiembre de 2021 se han inscrito 1.019 firmas para estos efectos, lo que todavía se traduce en un alza de 3% en relación al mismo período de 2020.

En materia de personas, en septiembre se registraron 238 procesos de liquidación, lo que constituye un descenso de 49,8%. En el acumulado anual, en 2021 se contabilizan 2.837 procesos, lo que es una baja de 5,8% versus enero-septiembre de 2020.

Los expertos y en el gobierno coinciden en que este comportamiento se debe, principalmente, a las ayudas estatales que se han entregado, junto con los retiros del 10% de los fondos de pensiones y el desconfinamiento, lo que se ha traducido en el fuerte repunte que muestra la economía y que la llevará a crecer este año del orden de 11%.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que “creemos que el principal factor es la efectividad que ha tenido el paquete de medidas que como Gobierno hemos dispuesto para evitar que las empresas y las personas pasen de un estado de iliquidez a uno de insolvencia, producto de los efectos generados por pandemia del Covid-19″.

En ese sentido, detalló que “la entrega del bono de alivio por 1 millón de pesos para micro y pequeñas empresas del país, benefició a más de 915.000 empresas. A esto se suma el bono adicional variable, cuyo universo de beneficiarios era de 700.000 empresas”. El secretario de Estado, también destacó “la ayuda para el pago de cotizaciones previsionales, medidas tributarias para micro, pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento del Fogape y la entrega de créditos con garantías estatales, entre otras medidas. Este conjunto de medidas es inédito y permitió mitigar fuertemente el daño estructural de la pandemia en nuestra economía”.

Pedro Eguiguren, socio Eguiguren Abogados, añadió que “esto se debe a que hoy hay mucha liquidez en el mercado, proveniente en parte, de los retiros de los fondos de las AFP, los bonos que ha otorgado el gobierno, los IFE permanente y las prórrogas en las cuotas bancarias y facilidades para pago de impuestos, lo que ha provocado que tanto las personas como empresas no han caído es un estado de insolvencia irremediable, por lo que no ha sido necesario iniciar procedimientos de liquidación”.

Tomás Flores, economista de LyD, reforzó ese argumento, comentando que, “sin duda, parte de las transferencias fiscales masivas y el retiro de los fondos previsionales han servido para reducir la mora crediticia y, con ello, la necesidad de iniciar un proceso de renegociación o liquidación de activos”.

Como las ayudas son transitorias y los retiros en algún momento ya no seguirán, es probable que el próximo año pueda haber un aumento en las solicitudes de quiebras, tanto de empresas como de personas, ya que la liquidez actual no estará presente.

Desde el gobierno, Palacios subrayó que “es complejo proyectar escenarios, más aún cuando la pandemia sigue presente, por lo que continuamos enfrentados a un fenómeno en curso, dinámico, que depende de múltiples factores, muchos de los cuales aún no se pueden conocer o levantar a completitud”. Sin embargo, aseveró que “la mejor manera de prepararnos para poder hacer frente a una futura situación de emergencia como la que hemos vivido es tomar las decisiones correctas y mesuradas en materia de gasto actual y no seguir inyectando liquidez a la demanda, sino seguir avanzando en el proceso de recuperación productiva y de generación de empleos. También es importante ir retornando a los equilibrios fiscales”.

Eguiguren mencionó que el aumento de las quiebras “va a ocurrir de todas formas. Cuando se acabe la ayuda fiscal, retiros de los fondos de pensión y prorroga de crédito, será cuando la economía chilena tocará fondo, quedando lo malo de los efectos de la ayuda económica recibida, como inflación, tasa de interés altísima y una incertidumbre a nivel país gigantesca, dada por la pandemia, la nueva Constitución y las elecciones presidenciales”.

El 9 de octubre de 2014 entró en vigencia la Ley 20.720, conocida como Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, y el superintendente de Insolvencia y Reeorganización, Hugo Sánchez, hizo un balance de la puesta en marcha de esta normativa. Mencionó que en estos años “se han solicitado cerca de 35 mil solicitudes de procedimientos, a través de los cuales las empresas y también las personas naturales han podido hacer frente a la situación de insolvencia, reestructurar sus pasivos y sus deudas de manera mucho más efectiva, así como también acceder a una liquidación de menor duración, en aquellos casos donde no hay viabilidad”.

Asimismo, el superintendente también resaltó que hoy la normativa está ad portas de experimentar una importante modificación, la cual tiene como objetivo simplificar los procedimientos para las micro y pequeñas empresas.