El sistema de aseguramiento privado de salud acusa estar pasando por la mayor crisis de su historia. Los últimos dos fallos que ha dictado la Corte Suprema han puesto en jaque a las isapres, por lo que están a la espera de lo que resuelva el Congreso para ver si la industria sigue siendo viable o significará la caída de algunas.

Eso ha generado diversos efectos sobre el sistema, lo que sumado a la situación económica por la que atraviesan las familias y el alza de planes de las isapres, por diversos motivos, como el aumento del precio GES, ha generado una migración desde las isapres a Fonasa.

Sin ir más lejos, julio anotó la mayor caída interanual de afiliados en las isapres desde que hay registro en el sitio web de la Superintendencia de Salud (1996): retrocedieron un 12%, llegando hasta los 2.818.105 beneficiarios.

Como contrapartida, ese mismo julio Fonasa logró un nuevo récord, al superar los 16 millones de afiliados. Pero el sistema público tampoco está exento de problemas: las listas de espera se dispararon tras la pandemia y las clínicas acusan retrasos en los pagos por prestaciones que hicieron en ese mismo periodo.

Con este telón de fondo también han ido ganando terreno los seguros complementarios. Varias aseguradoras han aprovechado la oportunidad para lanzar nuevos productos que, a diferencia de lo que ocurría antes, ahora sí cubren a afiliados de Fonasa.

Bajo este escenario, Fonasa realizó un estudio para cuantificar y caracterizar la migración que se ha dado en el último tiempo desde el sistema de isapres al seguro público.

Fonasa analizó la cartera de personas que aparece un mes en la nómina de las isapres, pero que al mes siguiente no está en el sistema privado. Debido a los rezagos operacionales, observan luego si ese afiliado aparece cuatro meses después como beneficiario de Fonasa. Así definieron que la cartera migratoria es el conjunto de personas que desde marzo de 2022 y hasta a febrero de 2023 salieron del sistema de isapres y que, según los registros, desde julio de 2022 a junio de 2023 migraron a Fonasa.

El estudio concluye que son 282 mil personas las que, en al menos un mes del periodo analizado, salieron del sistema de isapres. De ese total, el 96% llegó a Fonasa en alguno de los tramos de ingreso (271.447 personas). Otros 154 afiliados fallecieron (0,1% del total); mientras que 11.153 personas (3,9%) no migraron a Fonasa ni se encuentran fallecidos. “Este último segmento podría constituir el segmento particular sin previsión en salud”, señala el documento. Entre los que sí llegaron a Fonasa, el 52% son hombres (141.991) y el 48% son mujeres (129.456).

Las isapres atribuyen casi la totalidad de la migración a la situación de empleo y remuneraciones del país. Si bien el director de Fonasa, Camilo Cid, reconoce que una parte de la migración se explica por la situación económica, al igual como ha ocurrido con crisis anteriores en el país, asegura que este nivel de traspasos responde también a una combinación de otros elementos que pesan más en la ecuación. “Los temas más llamativos para mí son el problema de incertidumbre en el sector de isapres, y el problema del alza de los precios de los planes (...) Esos son los elementos que diría que son más relevantes”, afirma.

El director de Fonasa dice que en el último tiempo cerca del 60% de las personas que han llegado al fondo público vienen de isapres. “No es porque hayan perdido el empleo, la mayoría siguen siendo personas que trabajan, pero que les ha subido el precio de los planes”, puntualiza. En ese sentido, argumenta que los cotizantes que han llegado, en su enorme mayoría no ha aterrizado en el tramo A, “el grupo de las personas que no tienen ingresos”.

Asimismo, agrega: “Nosotros también queremos creer que (están) aprovechando las ventajas que tiene Fonasa, que se han ido desvelando, porque pueden atenderse donde ellos elijan, que usualmente es el sector privado, lo que también pueden seguir haciendo con la Modalidad Libre Elección (MLE)”.

Según el análisis que hizo Fonasa, del total de afiliados que migraron al sistema público, solo un 4% llegó al tramo A, el cual agrupa a las personas carentes de recursos, totalizando 10.264 beneficiarios. En cambio, el tramo al que llegó la mayor cantidad de personas (52%, o 141.644 afiliados) fue el D, donde están quienes perciben un ingreso imponible mensual mayor a $672 mil. En el segundo lugar se ubicó el tramo B, personas que perciben un ingreso imponible mensual menor o igual a $460 mil, donde llegaron 69.541 afiliados (26%). En el tercer puesto se encuentra el tramo C, con 49.998 personas (18% del total), que son quienes perciben un ingreso imponible mensual de entre $460 mil y $672 mil.

Para la Asociación de Isapres, “las cifras oficiales del INE vienen mostrando un deterioro de los indicadores económicos más sensibles para los hogares, como el índice de las remuneraciones y el desempleo, lo que repercute directamente en la capacidad de las personas para poder costear y mantener sus planes de salud. Esta situación ha provocado que miles de familias deban desistir de su plan y migrar a Fonasa, la mitad de ellos, a los tramos de más bajos ingresos (grupo A, B y C), lo que da cuenta de haber sufrido una pérdida del empleo o fuerte caída en los ingresos”. La industria privada agrega que “por todo lo anterior y entendiendo los duros y forzosos motivos que han llevado a los afiliados de isapre a abandonar sus coberturas, nos parece contradictorio celebrar las migraciones hacia el Fonasa. Más bien, tenemos la esperanza de que la economía repunte y que cada vez más personas tengan libertad de elegir en salud, con acceso, oportunidad y calidad”.

El exsuperintendente de Salud Patricio Fernández cree que son varias las razones que explican la migración. Primero, recuerda que esto “se vio incrementado fuertemente desde octubre del año pasado por los aumentos del precio GES”. Como segundo tema, menciona “el deterioro de los servicios que se ha ido agudizando, dada la crisis económica de las isapres, lo que se manifiesta en el cierre de sucursales, cierre de convenios (con clínicas), y también en algunas políticas de contención de costos desmedidas, como, por ejemplo, las altas tasas de rechazo y reducción de licencias médicas, lo que genera insatisfacción en las personas”. En tercer lugar, advierte que hay un grupo de personas jóvenes que está optando por el seguro público, “dado el alto precio de los planes de salud en isapres, y mientras no tengan enfermedades importantes, o cargas, es una opción que ven como válida contratando un seguro complementario”.

Lo anterior lo ratifican las cifras del organismo público: son más los adultos jóvenes quienes se van a Fonasa. Entre quienes se están moviendo al asegurador público, el estudio concluye que hay una “baja participación de segmentos de alto riesgo como adulto mayor, concentrándose más en segmentos de menor riesgo y población en edad de trabajar”. Así, 56.861 personas que se han cambiado al sistema público tienen entre 30 y 39 años, más que los 40 mil del segmento de 40 a 49 años y los 35 mil de 50 a 65 años. “Antes venían relativamente más adultos mayores, pero ya el 90% de los mayores de 65 años está en Fonasa. Entonces, ahora lo que tenemos es una migración de personas más jóvenes”, concluye Cid.

La renta promedio de los cotizantes que migraron de isapres a Fonasa es mayor que la renta imponible promedio que tenía el seguro público. Según el estudio de Fonasa, los 174 mil cotizantes que migraron el último año tenían una renta bruta promedio de $969.974. Eso se compara con los $631.484 que registraban como renta promedio los 8.290.630 cotizantes que había en Fonasa a junio.

Lo mismo ocurre en los tramos. Los 99 mil cotizantes que llegaron al tramo D ganan $1.199.328 brutos al mes, versus los $996 mil de los 2,6 millones de cotizantes de Fonasa a junio. Los 27.486 cotizantes que pasaron al tramo C de Fonasa ganaban $854 mil, versus los $587 mil de quienes ya estaban en ese grupo. En el tramo B se repite la misma tendencia: los 47.122 cotizantes que vienen de isapres ganan $550 mil, versus $397 mil del grupo completo (ver recuadro). Los afiliados con tres o más cargas caen de tramo.

La mayor cantidad de personas que ha migrado de isapres a Fonasa es de la Región Metropolitana (129.201, o un 48% del total), en línea con la mayor cantidad de gente que hay en la capital versus el resto del país. Le siguen las regiones de Valparaíso (23.951, o un 9%), Biobío (20.013, o un 7%) y Antofagasta (13.062, o un 5%).

Desde que partió 2022 y hasta julio de este año, las isapres tienen 431.892 beneficiarios (la suma de cotizantes y cargas) menos en sus carteras, pasando desde los 3.249.997 afiliados que tenían al cierre de 2021 a las 2.818.105 personas que anotaban al séptimo mes de 2023.

El 74% del total de afiliados que salieron en ese periodo se explica solo por dos isapres, que fueron precisamente las que registraron las mayores alzas de precio GES en octubre de 2022.

El ranking de salidas lo encabeza Cruz Blanca. La aseguradora controlada por el grupo inglés Bupa marca 167 mil beneficiarios menos, totalizando 507 mil afiliados a julio. Cruz Blanca es la única isapre que decidió eliminar su fuerza de ventas, en diciembre de 2022.

El segundo lugar del ranking se lo lleva Consalud, al registrar 153 mil afiliados menos en el mismo periodo, por lo que cuenta con un total de 544.467 beneficiarios a julio. Precisamente la isapre controlada por Inversiones La Construcción (ILC, el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción) fue la aseguradora que quedó con el cobro más alto del precio GES en el último proceso de octubre del año pasado: 1,39 UF mensuales. Esto significa que la isapre más que duplicó el valor de la prima GES.

A esto hay que sumar que Consalud es la isapre que cuenta con los cotizantes que tienen las menores rentas imponibles. En promedio, cada cotizante de Consalud desembolsa $116 mil con su 7% de cotización, versus el promedio de la industria, que paga $124 mil. Eso sí, en promedio cada cotizante de Consalud también aporta $71 mil adicionales de manera voluntaria, versus el promedio de la industria, que es de $75 mil.

Desde Consalud señalan que “la situación económica actual del país y el impacto de ésta en el bolsillo de miles de chilenos ha hecho que una parte de nuestros afiliados se vea forzado a migrar al sistema público de salud. En julio, cerca del 80% de los afiliados que migraron tuvo que tomar esta opción. La mayoría lo hizo producto de un deterioro en sus condiciones financieras o porque directamente se encuentra cesante”.

Las listas de espera es uno de los problemas sanitarios de mayor envergadura que enfrenta el Ministerio de Salud, pues desde la pandemia no dejan de crecer y sus actuales cifras son las más altas desde que hay registro. Junto con ese récord, en Fonasa suman otro: en julio por primera vez superaron los 16 millones de afiliados.

Camilo Cid asegura que están tomando cartas en el asunto. “En las listas de espera hay múltiples acciones: la primera es reactivar el mismo sistema de salud. Nosotros financiamos con una gran cantidad de recursos a los hospitales y ellos han estado recuperando su actividad. Hubo un momento de pandemia donde prácticamente solo se atendió Covid-19, pero cuando uno mide la productividad hospitalaria, ve que ahora la actividad es similar a la prepandemia, es decir, se está recuperando. En eso seguimos avanzando”, afirma el director de Fonasa.

Y a medida que suben los afiliados de Fonasa, también aumenta la cantidad de personas que se atiende en clínicas y las deudas del asegurador público con los prestadores privados, un monto que, según el gremio, asciende a unos $382 mil millones a junio.

Más allá del monto de la deuda, donde hay diferencias entre lo que argumentan las clínicas y Fonasa, Cid señala que hay que separar dos temas. “Uno es la deuda que se generó principalmente en el periodo de pandemia, que es parte de las consecuencias del propio periodo crítico de la pandemia. Es una deuda que tenemos que ir saldando y que tenemos un plan”.

Pero ese asunto, Cid lo separa “de lo que es el accionar o la operación corriente con las clínica privadas, que es lo que está pasando hoy día, en este año, donde tenemos presupuesto, estamos pagando las atenciones de la MLE (Modalidad Libre Elección), las atenciones GES, de urgencias. No hay retrasos relevantes en el periodo corriente”.

Más allá de las deudas y las listas de espera, ¿qué están haciendo en Fonasa para absorber esta mayor cantidad de afiliados? Cid responde que la propuesta más de fondo que entregaría una solución permanente es la que está contenida en la ley corta de isapres, donde se plantea el fortalecimiento de Fonasa mediante la creación de una nueva modalidad de cobertura complementaria. En lo inmediato, dice: “Por supuesto que estamos fortaleciendo la gestión de Fonasa, estamos enfocados en aumentar, por ejemplo, nuestras sucursales (...) Estamos preocupados de que las personas que están viniendo tengan la mejor atención posible”.

¿Y necesitarán más recursos para Fonasa? Según Cid, como son más jóvenes que adultos mayores los que están migrando, “son aportantes netos: en general su cotización en términos individuales les alcanza para el financiamiento. Entonces, lo que se produce es una solidaridad”. Pero agrega que “en el Presupuesto esto tiene que ser reconocido en el próximo año (...) Esperamos que podamos tener los presupuestos suficientes para gestionar este aumento de beneficiarios”.