Anoche ingresó al Congreso el anunciado proyecto de ley de pesca del gobierno, con la firma de 10 ministros: Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Defensa, Trabajo, Salud, Mujer, Medio Ambiente, Justicia y Secretaría de la Presidencia. Se espera que se dé cuenta de él en la sala de la Cámara de Diputados el próximo martes.

Es un proyecto emblemático para un gobierno cuyos dirigentes fueron en su momento los más duros críticos del “pecado de origen” de la actual normativa, la llamada Ley Longueira, pues fue impulsada por el entonces ministro de Economía de la administración Piñera, Pablo Longueira, y rechazada por la izquierda, toda vez que la justicia comprobó que en su trámite legislativo hubo corrupción, con sobornos a parlamentarios que incluso terminaron en la cárcel.

Una de las empresas más cuestionadas por esta saga de irregularidades fue Corpesca, filial del holding Empresas Copec, del grupo Angelini, cuyo exgerente general, Francisco Mujica, fue condenado por soborno.

Tras el escándalo, Corpesca sigue operando y continúa siendo una de las mayores empresas pesqueras del país. En tal sentido, probablemente va a ser la principal perjudicada en caso de que el proyecto de ley del Ejecutivo sea aprobado, debido al cambio sustancial que pretende realizar en este sector.

En 2022, el desembarque total de pesca en Chile fue de 2,06 millones de toneladas. El sector industrial alcanzó el 43% y el 57% se lo llevó el artesanal.

Pero son tres pesquerías, eso sí, las que se llevan por lejos el mayor volumen de recursos: la anchoveta, con 740 mil toneladas; el jurel, con 722 mil toneladas, y la sardina común, con 224 mil toneladas, de acuerdo a los datos de Sonapesca al cierre del año pasado. Buena parte de estos recursos, principalmente la anchoveta y parte del jurel y la sardina, se destina a harina o aceite de pescado, el gran negocio industrial. Se trata de peces pelágicos, es decir, que viven en aguas medias o cerca de la superficie, y en la zona más cerca a la costa, por lo que circulan entre las cinco millas náuticas que les corresponden exclusivamente a los pescadores artesanales y el mar abierto, donde deben ubicarse los industriales.

En este contexto, si hay una modificación que literalmente removerá aguas de salir adelante la nueva ley, es la que afecta al Norte Grande, donde opera principalmente Corpesca, que elabora harina y aceite de pescado.

En Chile, con el objetivo de resguardar los recursos marinos de la sobreexplotación, tanto la pesca industrial como la artesanal tienen cuotas pesqueras, es decir, un porcentaje máximo de los recursos que pueden extraer cada cual, que varía dependiendo de la especie. Y este será el eje del cambio de la ley, pues las cuotas para industriales y artesanales cambian de manera importante.

En el Norte Grande, por ejemplo, según la actual ley, los industriales pueden capturar hasta el 84% de la anchoveta y la sardina española disponible, y el artesanado, el 16%. El proyecto de ley, según fuentes que lo conocieron, plantea que esto pase a ser 20% industrial y 80% artesanal, es decir, se revierten completamente las cuotas.

De esa fracción industrial, Corpesca tiene derecho a capturar el 67,3% de anchoveta, el 78,5% de sardina española y el 69,8% de jurel, es decir, matemáticamente cerca de la mitad de todo lo que se pesca en el extremo norte se lo lleva esta empresa, según fuentes conocedoras del proyecto de ley.

Corpesca cuenta con 18 barcos y plantas en Arica, Iquique y Mejillones. El año pasado, tuvo ingresos por US$208 millones tras capturar 600.700 toneladas y procesar 499.900 toneladas, 30% proveniente de su flota y el resto comprado a pescadores artesanales, de acuerdo a datos de la memoria de su matriz, Empresas Copec.

Pero el grupo Angelini va a ser afectado por partida doble, porque desde el Norte Chico al sur, opera bajo otra filial de Copec llamada Orizon, que también produce harina y aceite de pescado, pero además conservas y congelados para consumo humano. Cuenta con seis barcos y con un centro productivo en Coronel, y una planta de harina en Coquimbo. El año pasado procesó 262 mil toneladas de pescado.

Según la actual ley, entre Atacama y Coquimbo la pesca industrial y la artesanal se reparten 50% y 50% las cuotas de anchoveta y sardina española, y en el jurel es 90% para la industria y el 10% para artesanales. El proyecto plantea cambiarlo a un 20% para la industria y 80% para los artesanales en anchoveta y sardina, y 70% industria y 30% artesanado en jurel.

Orizon cuenta con una cuota de 43,6% de jurel, 36% de anchoveta y 25% de sardina española en el Norte Chico, donde es el segundo actor más relevante.

El primer operador desde el Norte Chico hacia el sur es Blumar, la pesquera de las familias Sarquis (37,5% de la propiedad) y Vinagre (12,5%), que además tiene un brazo salmonero.

Entre capturas propias y compradas a artesanales, Blumar alcanzó las 311 mil toneladas de pesca el año pasado. Esta empresa cuenta con ocho barcos, cuatro plantas de harina y aceite en Caldera, Talcahuano (dos) y Corral, y plantas de congelados y apanados en San Vicente.

Blumar tiene una cuota de 42,07% de anchoveta en las III y IV regiones y de 19,98% entre la V y la X regiones, según la memoria 2022 de la empresa. Además, el derecho de extraer el 20,31% de la cuota industrial de jurel entre Atacama y Los Lagos, y el 66,1% de la merluza común entre Coquimbo y Puerto Montt.

Dado el peso que tiene el jurel en su producción, esta pesquera también se verá golpeada. Si la ley actual permite a la industria capturar el 90%, el proyecto establece un máximo de 70% para las regiones III y IV, y de 85% de la V a la X. En merluza común, no sería tan golpeada, pues la industria pasaría de un 60% a un 57%.

La otra pesquera fuerte del extremo norte pero también con peso en el centro sur es Camanchaca, controlada por Jorge Fernández (62,9%) y Francisco Cifuentes (10,1%), que también tiene salmonera. En pesca, Camanchaca tiene 19 barcos, una planta de harina y aceite en Iquique y otra en Coronel, donde también posee plantas de congelados y conservas.

En el Norte Grande, la firma de los Fernández tiene una cuota de 10% del jurel, el 21% de la sardina española y 24% de anchoveta.

En el centro sur, el año pasado capturó 105 mil toneladas de jurel, equivalente al 100% de su cuota, de acuerdo a los datos de su memoria 2022, que es el 9,8% de la cuota global del país, según dijeron en la empresa.

Otros tres actores relevantes en la zona centro sur que serán afectados proporcionalmente por sus actuales cuotas son Alimar, Landes y, en menor medida, Lota Protein.

Alimar, propiedad de la familia Izquierdo Menéndez, produce harina, aceite y congelado de jurel en su planta de Talcahuano. Según Directemar, posee tres barcos. Puede sacar hasta el 18% de la anchoveta y 8,8% de sardina común de la cuota industrial en la zona centro sur, y de 13% en el Norte Chico.

Landes pertenece a las familias Bohorodzaner y Fosk. Posee cuatro plantas en Talcahuano para producir harina, aceite y congelados de jurel, y al igual que sus competidoras del sur, también tiene salmonera. En 2022 capturó 60 mil toneladas de jurel. Según Directemar, posee cinco barcos. Cuenta con cuotas para el 7% del jurel en el Norte Chico, un 5,3% entre Valparaíso y la Araucanía, y un 8,7% entre Los Ríos y Los Lagos. Además, un 5,9% de la anchoveta y 8,29% de la merluza común entre la V y la X regiones.

La más pequeña de las industriales es quizás la que más ha metido ruido en la última década, porque ha planteado la idea de que las cuotas se liciten y no se entreguen por razones históricas, como ocurre con la mayoría. Se llama Lota Protein y pertenece al grupo noruego-danés TripleNine. Cuenta con cuotas de 1,28% de anchoveta y de 3,43% de sardina común entre Valparaíso y Los Lagos. Cuenta con un barco y una planta de harina y aceite de pescado en Lota, aunque la mayor parte de su materia prima proviene de los pescadores artesanales.