Por segundo año consecutivo, Chile volvió a caer en el tradicional Informe de Competitividad Global del IMD (International Institute for Management Development) de Suiza y que en Chile se realiza en conjunto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
La medición, que se realiza desde 2001 y que considera a 63 países, posicionó a Chile esta vez en el lugar 45 a nivel mundial, bajando un lugar desde la versión del año pasado y quedando muy lejos de su mejor posición histórica: 19, en el año 2005. El documento muestra, además, que a pesar de la mejora registrada en 2020 (cuando se pasó del lugar 42 al 38), la tendencia a la baja se evidencia desde 2011. En 2022, además, es el peor registro para Chile desde que comenzó la medición.
La caída de Chile en 2022 se explica por el empeoramiento en dos de los cuatro pilares del ranking. Eficiencia del gobierno fue la que tuvo la mayor caída pasando de la posición 22 al 30, mientras que en Infraestructura retrocedió desde 45 al 47. En Eficiencia en los Negocios subió levemente desde 40 a 41 y en el Desempeño económico avanzó desde 53 al 50.
A pesar de la caída en esta nueva edición del informe, Chile sigue siendo el líder de América Latina, seguido por Perú (54), México (55) Colombia (57) y Brasil (59), Argentina (62) y Venezuela (63).
A nivel global, el ranking es liderado este año por Dinamarca. En segundo lugar, se ubicó Suiza y Singapur en tercer lugar. El último de la lista es Venezuela, que se mantiene como la nación con el peor nivel de competitividad global, entre los países analizados.
Desafíos para mejorar la competitividad
Entre los desafíos para que el país pueda mejorar su competitividad, el informe menciona que se debe asegurar que la política fiscal y monetaria contribuyan a reducir la inflación hacia el rango objetivo.
Asimismo, se debe disminuir la incertidumbre institucional, mejorar la seguridad pública y asegurar el estado de derecho. También se plantea reformar el sistema de seguridad social para asegurar mejores pensiones, basado en esfuerzos individuales y colectivos y con un amplio acuerdo social.
Se propone implementar una reforma tributaria que incremente la recaudación, mejore la provisión de bienes públicos y fomente la competitividad. Y por último, se recomienda, incrementar la inversión en investigación y desarrollo e innovación promoviendo proyectos en conjunto entre las universidades y el sector público y privado.
