La dirigenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, afirmó que no aceptará un reajuste inferior a $40.000 en el salario mínimo en un plazo de 18 meses. Esto, en un contexto donde las conversaciones entre el gobierno y trabajadores ya comenzaron. Es cierto que, como en cualquier negociación lo usual es empezar con una solicitud superior, esta solicitud refleja una desconexión total con la realidad.

El argumento entregado por Figueroa en una entrevista con PULSO, es que "apostamos por una política de que el crecimiento de los salarios y un mundo del trabajo más robusto sea un dinamizador de la economía, pero no al revés, porque si no siempre vamos a quedar limitados por las proyecciones. Nadie puede determinar cuál será el crecimiento efectivo de la economía. Proyectar los salarios en función de ello, es limitar excesivamente el debate del salario mínimo".

Sería interesante conocer los estudios en que basa dicho argumento, porque lo que sí está altamente documentado es precisamente el efecto inverso. Subir el salario mínimo por sobre la productividad, provoca un impuesto a la contratación.

La historia reciente del país ha sido testigo de cómo un alza artificial del costo impacta el mercado. Es que alejarse de parámetros económicos provoca una deuda que se debe pagar, el problema es que el impacto lo perciben con especial intensidad personas con una menor capacitación, con menor experiencia o menor productividad. Desde el punto de vista de las empresas, las pequeñas y medianas empresas son las más intensivas en mano de obra que percibe salarios mínimos.

Es de esperar que en esta negociación prime la sensatez. No es posible esperar un reajuste de 15% nominal en ese período. Sólo para poner una comparación: a nivel nacional las remuneraciones aumentaron 3% nominal en el último año móvil terminado en abril.