Fueron de 12 reuniones, pero no estuvo presente la tensión de otras negociaciones por el reajuste del sector público. Las 16 asociaciones que integran la mesa del sector público aceptaron la última propuesta de reajuste salarial que les ofreció el gobierno: 4,3% nominal que se hará efectivo desde el 1 de diciembre de 2023. El proyecto ingresará el lunes al Congreso y regirá de manera retroactiva.
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A lo anterior se agrega un reajuste mayor de 4,8% para las remuneraciones mínimas de auxiliares, administrativos y técnicos. En igual porcentaje subirán los bonos y aguinaldos.
Pero para llegar a este 4,3% hubo varias concesiones. La primera propuesta de los trabajadores fue 6,5%, mientras que Hacienda puso sobre la mesa un 3,5%. Luego los dirigentes bajaron a 5,5%, 5% y 4,7%. Por su parte, el gobierno subió a 4%, luego a 4,2% para terminar en 4,3%.
Este 4,3% se traduce a un 0,1% real, si es que se cumple la última proyección que tiene el mercado de inflación para 2023, que es de 4,2%. Pese a lo acotado de esta alza, el poder adquisitivo de los trabajadores vuelve a crecer después de cinco años de reajustes reales a la baja (considerando la inflación de cada año).
Al analizar qué pasó esos años, en 2021 y 2022 la inflación estuvo muy sobre la meta de 3% que tiene el Banco Central y que la economía chilena está acostumbrada a registrar. En años, los precios cerraron en diciembre en 7,2% y 12,8%, respectivamente. Mientras, en esos mismos años los reajustes fueron de 6,1% y 12%.
En cambio, entre los años 2019 y 2020, la inflación fue de 3%, pero, de todas maneras, el reajuste real fue negativo con cifras de -0,2% y -0,3% respectivamente, al acordarse alzas nominales de 2,8% y 2,7%.
Así, hay que retroceder hasta 2018, cuando en el primer año de la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera, se alcanzó un reajuste de 3,5%, quedando por encima de la inflación de ese año, que fue de 2,6% al cierre de diciembre.
“El dato principal de este acuerdo es un reajuste de remuneraciones de 4,3%, y también incluye ajustes en el valor de una serie de bonos de distinta naturaleza que, después de haber estado congelados nominalmente el año pasado, este año recibirán un incremento de 4,8%.
También, el acuerdo incluye un bono por término de negociación de $200 mil para el tramo de ingresos más bajo y de $100 mil para el tramo siguiente”, afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel tras firmar el acuerdo.
El secretario de Estado detalló que este reajuste beneficiará a cerca de 850 mil trabajadores y trabajadoras. En el caso de los bonos, a poco más de 1 millón 100 mil empleados.
En materia previsional, el titular de Hacienda destacó la extensión de los incentivos al retiro para trabajadores que hayan cumplido la edad de jubilar y que, debido al funcionamiento actual del sistema de cupos no han podido ejercer o recibir este incentivo. “Por lo tanto, con este acuerdo, alrededor de 18 mil trabajadores del sector público podrán acogerse a ese incentivo”, recalcó la autoridad.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró el acuerdo alcanzado con la Mesa del Sector Público e indicó que “sabemos que son señales importantes. Aquí hubo mucha voluntad para construir ese acuerdo porque, sin duda, cada uno tiene posiciones distintas. Pero, cuando se quiere algo en común, que sea por el bien de las personas, esos puentes se logran construir”.
La secretaria de Estado destacó el compromiso de que ningún servidor público va a tener un salario inferior a $500.000 desde el 1 de enero. Esto lo digo porque en el sector privado el salario mínimo de $ 500.000 empieza su vigencia en julio del año 2024 y el Sector Público, como empleador, da un ejemplo y avanza anticipadamente con el compromiso con sus trabajadores”.
El presidente de la CUT, David Acuña, sostuvo que el acuerdo “es satisfactorio, porque las negociaciones anteriores fueron considerando la inflación futura, en cambio ahora lo que hicimos fue recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y hoy día avanzamos más allá del porcentaje de reajuste real”.
El coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, acotó que “el reajuste nominal de 4,3% cumple el objetivo de la plena recuperación del poder adquisitivo perdido y de un incremento real de remuneraciones. Y principalmente da una señal muy importante respecto a los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos”.
La visión de los expertos
Cristina Torres, académica de la Universidad San Sebastián y exdirectora de Presupuestos, sostuvo que “un reajuste de 4,3% implica recursos adicionales de un 0,8% respecto del supuesto de inflación con el que se construyó el presupuesto 2024. Por tanto, desde el punto de vista fiscal, es importante considerar que ello puede significar presiones de mayor gasto si el Ejecutivo no consideró previamente superar dicho guarismo en el diseño del gasto del 2024, sobre todo viniendo de un 2023 con un gasto corriente fuertemente presionado”.
En ese contexto, mencionó que “el guarismo considera no sólo un reajuste, si no que un incremento de remuneración cuando se trata de un aumento por sobre inflación. Ello en un contexto de un mercado laboral alicaído no parece conversar con la realidad que viven otros trabajadores y más aun considerando, nuevamente desde el punto de vista fiscal, que se debe sumar al incremento sostenido que ha tenido el empleo público los últimos años”.
Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) comentó que “el último Informe de Política Monetaria proyecta una inflación anual de 4,3% al mes de diciembre de 2023, por lo que el reajuste del sector público permitiría cubrir el aumento del nivel de precios. Además, se espera que el proceso de reducción de la inflación anual continúe su curso en 2024. En definitiva, el reajuste del sector público en términos reales es cercano a 0%, lo que significa que la propuesta busca cubrir la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación”.
Para el economista, “si bien el foco suele ponerse el monto del reajuste también se debe considerar que en el ítem del gasto público en personar también influyen los eventuales beneficios y asignaciones adicionales que usualmente son parte de estas negociaciones”.
Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes afirma que “la comparación no solo debe hacerse solo con la inflación del año, sino que, con la inflación esperada, porque lo que tiende a ocurrir es que se produce inercia inflacionaria. Políticamente es difícil esa mirada, y en ese sentido, el 4,3% es una cifra que parece baja considerando la proyección de inflación. Es un reajuste más que razonable”.
