Este miércoles, en el Diario Oficial, se publicó la Ley de reajuste de las remuneraciones del sector público aprobada en el Congreso el pasado 21 de diciembre y que, en lo esencial, otorga un aumento de 12% a los sueldos de hasta $2.200.000 y, para las rentas superiores, un monto fijo de $264.000 brutos mensuales.

Tras el protocolo de acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los senadores miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, el Ejecutivo propuso, además, un ajuste a las remuneraciones de los funcionarios que recibieron el reajuste de $264.000. Este ajuste se aplicará a partir de agosto de 2023, con un incremento de 4% promedio respecto de las remuneraciones de este grupo de funcionarios en 2022.

Dicho ajuste se complementará en diciembre de 2023 y permitirá totalizar un incremento máximo de 12% respecto de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022, sirviendo de base para el reajuste general que se determine para 2024.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “tenemos una ley que involucra recursos cuantiosos, que materializa lo que el Estado ha comprometido con los trabajadores del sector público en su carácter de empleador y, al mismo tiempo, lo hace de manera consistente con su responsabilidad con el manejo de las finanzas públicas”.

Además de valorar tanto el reajuste como los otros aspectos que regula la ley, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, destacó que dicha ley se basa en un acuerdo previo suscrito por el gobierno con 14 de los 16 gremios de la Mesa del Sector Público. En esa línea, señaló que ese acuerdo es de “carácter integral, que permitirá, además, seguir desarrollando mesas de trabajo, por ejemplo, en materias como salud mental, cuidados infantiles, la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el sector público o la implementación del Convenio 190 sobre la erradicación de toda forma de violencia en el mundo del trabajo”.

Entre los aspectos adicionales que incluye la ley de reajuste está la definición de los aguinaldos 2023 de Fiestas Patrias (de $23.261 e incremento por cargas familiares de $11.933) y Navidad (de $26.734 e incremento por cargas familiares de $15.104), para cerca de 2,9 millones de pensionados; y el bono de Invierno de $74.767 para más de 1,6 millones de jubilados.

También se incluye una serie de normas para facilitar la gestión e implementación de leyes, así como la prórroga de normas. Entre otras materias, se entrega la facultad para adecuar estatutos de las universidades estatales de conformidad con las propuestas remitidas de acuerdo con sus normas estatutarias; se extiende por un año más la vigencia de la ley sobre fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje; y se prorrogan plazos para la adquisición de inmuebles educacionales.

Por último, se incluye una norma excepcional relativa a la definición de Pequeño Productor Agrícola, para considerar, hasta el 31 de diciembre de 2023, a aquellos que superaron el límite de activos de 3.500 UF, como consecuencia del proceso de reevalúo de bienes agrícolas del año 2020.