¿Realmente es efectiva una política de patrullaje constante para disminuir la delincuencia?

Drones, globos de vigilancia y helicópteros en el aire han marcado el debate sobre cómo se debe vigilar en la ciudad y cuál es el mejor mecanismo para hacer a las grandes urbes un lugar en que las personas se sientan tranquilas. El gobierno de Sebastián Piñera ha adoptado un agenda en materia de delincuencia que ha destacado por el impulso de iniciativas como el patrullaje constante.

Por su parte, los municipios tienen planes y programas de prevención del delito de acuerdo a sus presupuestos y a los fondos concursables a los que puedan acceder. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) destacan que el cuidado de los barrios se busca por medio de la iluminación de calles, recuperación de sitios eriazos, sistemas comunitarios de alarmas y cámaras de televigilancia. Sobre estas últimas, el alcalde de Independencia y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la AChM, Gonzalo Durán (PS), apunta que "generan la sensación de mayor seguridad en el corto plazo y son necesarias. Sin embargo, las medidas de mediano y largo plazo deben ser, necesariamente, de emplazamiento territorial".

Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la percepción de inseguridad comenzó a bajar a a partir del 2015 tras un peak de 86,8% y en 2018, se ubicó en 76,8% (ver gráfico).

La doctora en Sociología y académica del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, Alejandra Luneke, apunta que estas medidas -si bien generan sensación de resguardo en las personas- son adoptadas por gobiernos que ante la "incapacidad de disminuir los niveles de delito empiezan a tener una tentación muy fuerte por crear iniciativas que controlan o vigilan, para disminuir el delito mediante la disuasión".

Sobre el resultado empírico de estas medidas, los expertos en la materia coinciden que no existen datos que respalden o no su efectividad. Uno de los ejemplos a nivel mundial es el caso de Londres (Inglaterra) que es considerada una de las ciudades más vigiladas por cámaras, pero aún no existe un consenso de que haya logrado un rotundo éxito en la disminución de los delitos.

En la otra cara de la moneda se encuentra el caso de San Francisco (EEUU), que prohibió el uso de las cámaras de reconocimiento facial.

La académica del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, Paola Jirón, plantea que el caso local no se asemeja al británico. "Vemos una importante cantidad de cámaras, pero hay muy poca capacidad efectiva de manejar esa información. En ocasiones, la grabación dura 48 horas y no necesariamente sirve mucho para evitar el delito".

Una opinión similar tiene su par de la UC, Luenke, quien apunta que cada comuna solo mira lo que pasa en su territorio y, que al no existir coordinación entre municipios, finalmente la delincuencia se va desplazando. En esa línea, descarta que existe un especie de gran hermano en Chile, ya que nadie observa la ciudad en su totalidad y de forma permanente.

Otro de los problemas del uso de este tipo de tecnología es que cuando hay excesos tienden a recaer sobre las personas más vulnerables socialmente. "Tanto los globos como los drones han sido ubicados en la zonas más pobres - aunque no exclusivamente - estigmatizando muchas veces estos sectores", plantea el sociólogo y académico de la escuela de Diseño de la UC, Martín Tironi.