En el último proyecto de nueva Constitución se incluía eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda, pero esa idea no prosperó, ya que se rechazó esa nueva Carta Magna. Sin embargo, es probable que para las próximas elecciones presidenciales de 2025 ese debate se reabra. En todo caso, a nivel de los expertos la visión predominante es que se debe mantener este Impuesto Territorial dado su carácter progresivo, toda vez que las propiedades que pagan el impuesto mayoritariamente se ubican en las comunas de más recursos, las que a su vez contribuyen con una parte de esos fondos a las comunas de menores ingresos. Y además, es un tributo altamente recaudador.

Las cifras del primer cuarto de año, es decir entre enero y abril de 2024, refrenda esa mirada: según datos de la Tesorería General de la República, el total recaudado en dicho periodo alcanzó los $730.216 millones, lo que implica un incremento de 17% respecto al acumulado en los cuatro primeros meses de 2023.

A modo de referencia, en el total del año pasado se pagaron $2,2 billones (millones de millones) en contribuciones, lo que significó un alza de 16,6% en relación a 2022, cuando se recaudaron $1,9 billones.

Por su parte, de las 20 comunas de mayor recaudación del Impuesto Territorial, 13 se ubican en la Región Metropolitana. En el periodo enero-abril de 2024 esas comunas captaron $315.040 millones, suma que representa el 43,1% del total recaudado en el periodo por los 345 municipios del país.

Como un factor relevante detrás de este incremento, el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, indicó que se encuentra el reavalúo de los bienes habitacionales que comenzó a regir en 2022. Otro de los elementos que explica parte de esta alza es la inflación.

Por regiones, en el periodo enero-abril se observa que las que más recaudaron fueron la Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Los Lagos, La Araucanía, Del Libertador Bernardo O’Higgins, Antofagasta, Maule y Coquimbo. No obstante, la Región Metropolitana concentró el 56% del total correspondiente a las 16 regiones del país.

Andrés Vio, gerente senior de Controversias Tributarias de EY Chile, sostuvo que “probablemente el incremento en el pago de las contribuciones se debe a que está operando el sistema de alza gradual que establece la Ley de Impuesto Territorial”.

En ese sentido, indicó que “este beneficio se aplica al pago de las contribuciones de una propiedad que aumenten en más de un 25% respecto de lo que debió pagarse durante el semestre inmediatamente anterior al reavalúo de bienes raíces. La parte que excede este 25% se incorpora semestralmente en hasta un 10%, por un período máximo de hasta 7 semestres. Por ello, la recaudación de este impuesto seguirá aumentando progresivamente hasta los siguientes 3 años y medios de realizado el reavalúo respectivo”. Vio coincidió en que “el otro elemento que incide en el alza es el reajuste semestral por IPC que se aplica al pago de las contribuciones”.

Misma visión entrega Benjamín Barros, socio del área de Asesoría Legal y Tributaria de PwC Chile, quien mencionó que “el aumento de los avalúos fiscales del 2022 influye, porque la misma Ley señala que en caso que las contribuciones aumenten en más de un 25%, este aumento se debe incorporar de forma gradual hasta en 7 semestres, por lo que todavía podríamos estar viendo el efecto de un aumento gradual en algunos casos”.

Asimismo, el experto agregó que “los giros suplementarios y retroactivos que se emitieron a fines del año 2023, tienen en parte fundamento en el alza del avalúo de años anteriores, lo que ha sido objeto de controversia sobre su procedencia, toda vez que los contribuyentes pagan el impuesto territorial de buena fe”.

Javier Jaque, socio de consultoría tributaria de CCL Auditores Consultores, también se sumó a ese análisis y mencionó que en esta alza influyó “el reavalúo y el IPC que se va reajustando semestre a semestre”. También dijo que afectó el pago con retraso, que genera interés.

El reavalúo de 2022 a nivel nacional para los bienes raíces no agrícolas fue de un 23,4%, pasando de un total de más de $327 billones a $404 billones. En el caso de los predios con destino habitacional, el incremento fue del 22,1%, pasando de más de $191 billones, a $233 billones.

Las tasas del Impuesto Territorial, definidas por el Ejecutivo en el Decreto Supremo N° 437, se fijaron en 0,893% para los bienes raíces con destino habitacional en la parte de su avalúo afecto hasta $169.144.585, y en 1,042% sobre el avalúo que excede dicho valor. Para las propiedades no habitacionales, como las destinadas a comercio, bodegas, estacionamientos o sitios no edificados, entre otras, la tasa quedó en 1,042% sobre el avalúo afecto.

Los recursos que se obtienen por la recaudación del impuesto territorial van destinados en su mayoría al Fondo Común Municipal (FCM). De hecho, más de la mitad de los recursos recaudados se va a él. Así, un 40% del total de la recaudación llega a la municipalidad donde se origina el pago de la contribución, mientras el 60% va al FCM, a excepción de las comunas de Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura, que aportan un 65% al FCM, y reciben el 35% de su recaudación de bienes raíces.

De acuerdo a la Tesorería General de la República, en el periodo enero-abril de 2024 este impuesto aportó $512.523 millones, en tanto los aportes provenientes de los permisos de circulación de vehículos ascendieron a $449.824 millones. Para el periodo mencionado, ambas cifras representaron el 45,3% y el 39,8% del total, respectivamente.

En el ítem Patentes Comerciales, que es el tercero que más aporta al FCM, las comunas aportantes son Santiago, con 55%; y las Condes, Providencia y Vitacura, con el 65% de lo que recaudan por esta vía.

Las comunas que más aportes reciben del FCM son lideradas por Puente Alto, Maipú, La Florida, Valparaíso y Temuco.

Con respecto a si se reabrirá nuevamente el debate de eximir del pago de contribuciones a un grupo determinado de la población o derechamente eliminar este impuesto, los expertos afirmaron que será un tema que puede estar entre las propuestas de los candidatos.

“Siempre se ha buscado beneficiar a determinados grupos como los adultos mayores, o también aliviar la carga para los dueños de predios en disputa, ocupados o que fueron afectados por alguna catástrofe como los incendios forestales, por lo que siempre va a ser un tema de política pública”, planteó Barros. Sin embargo, manifestó que “el hecho de que sea un impuesto de fácil recaudación y muy difícil de eludir, hace que sea muy atractivo desde el punto de vista fiscal, por lo que tampoco esperamos que haya una eliminación o rebaja muy generalizada”.

Vio apuntó a que “siempre ha existido el debate sobre la aplicación de este impuesto a las personas de la tercera edad que son propietarios de viviendas, en especial aquellas que no cuentan con un ingreso que les permita afrontar razonablemente el pago de las contribuciones”.

Si bien indicó que “existe un beneficio que les permite acceder a un 100% o 50% de rebaja, dependiendo de su nivel de ingresos, los topes que establece la ley pueden dejar fuera a personas de la tercera edad que no cuentan con recursos para pagar las contribuciones luego de procesos de reavalúo”.

Esa situación, precisó el experto, “necesitaría de una revisión de la ley para que el beneficio sea efectivamente aplicable a todos sus destinatarios objetivos y así evitar que algunos queden fuera por el simple hecho que los avalúos de sus viviendas aumentaron de valor por sobre los topes legales. Posiblemente este tema sea abordado por algunos de los candidatos presidenciales como forma de protección efectiva a la tercera edad”.