La informalidad laboral se ha transformado desde hace décadas en un estrés permanente para los gobiernos en medio de la constante cruzada por extender los beneficios de la seguridad social a los trabajadores, potenciar el crecimiento, eliminar espacios de evasión tributaria y evitar la competencia desleal. Luego de caer a niveles cercanos al 22% en los momentos más duros de la pandemia, la tasa de informalidad en Chile creció bruscamente por sobre el 27% en los primeros meses de este año, con lo que retomó los niveles mostrados antes del inicio la crisis del Covid-19 en el país.
Pero la inquietud por este problema laboral no sólo quita el sueño a la autoridad pública, sino también al seno del mundo empresarial. Junto a los máximos representantes de las distintas ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y en medio de las tratativas para lograr un pacto fiscal, la semana pasada el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, lanzó 36 medidas para aumentar el crecimiento, la inversión y la productividad, donde un eje importante de la propuesta fue el ataque a la informalidad laboral.
“La informalidad es un tema de enorme relevancia para Chile, que cruza muchos temas que nos preocupan como sociedad: equidad, protección social, seguridad, reducir la incertidumbre, el emprendimiento, productividad, crecimiento”, dijo Marcel recientemente.
“Es un tema muy preocupante y, lamentablemente, la informalidad muchas veces está vinculada también a delitos contra la propiedad intelectual y al contrabando”, sostiene, a su vez, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes.
El primer vicepresidente de la Sofofa, Óscar Hasbún, profundiza el análisis hecho por Mewes. “Aquí también es muy relevante, dentro de las políticas de crecimiento, emparejar la cancha entre los que están formalizados y los que no. Y me refiero también a empresas: hemos sabido por muchas investigaciones y reportajes, que hay verdaderas mafias detrás de la economía informal. No hay nada de romanticismo ahí; hay una competencia absolutamente desleal con el establecimiento comercial, con la pyme que paga sus impuestos, que tiene trabajadores contratados, que imponen”, dijo el dirigente gremial hace semanas a Pulso.
Bolsones de informalidad
Según datos a mayo de 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hay casi 2,5 millones de trabajadores informales en el país, lo que equivale a una tasa de 27,4%, los que están especialmente concentrados en el sector comercio y construcción. La misma encuesta revela que la informalidad es más acentuada en mujeres (28,6%), en personas de menor nivel educativo y quienes se definen como trabajadores por cuenta propia.
Si bien el nivel alcanzado por el país está lejos de las tasas mostradas por otros países de América Latina, como Bolivia (85%), Paraguay (69%) y Colombia (63%), aún está por sobre el promedio (que transita entre el 10% y 15%) de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el club de mayoritaria presencia de países desarrollados al que adhiere Chile. Estados Unidos, por ejemplo, tiene tasas de informalidad del orden del 19% en la actualidad.
“El Estado debe procurar y debe erradicar la economía informal y vamos a recolectar un montón de recursos públicos. Un cálculo: La Ocde tiene un 10% de informalidad laboral, nosotros 27%. Ese gap, si la informalidad bajara al 10%, podría aportar alrededor de US$ 1.900 millones al año a Fonasa y en cotizaciones para pensiones”, añade Óscar Hasbún.
En el trimestre abril-junio de 2020 la tasa de ocupación informal fue 22,4%, su valor más bajo desde que hay registros. Afectadas por las restricciones sanitarias producto de la pandemia, las personas no pudieron desempeñarse regularmente en sus actividades económicas habituales, y al mismo tiempo, dada su condición de informalidad, no tenían acceso a la Ley de Protección del Empleo.
El INE considera informales a aquellas personas que trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social (salud y AFP, entre otros) por su vínculo laboral y a las que trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal. De esta forma, también puede haber empleadores o emprendimientos de carácter informal, los que no están registrados en el SII y que, por lo tanto, no tributan IVA, entre otras características.
Los trabajadores a honorarios, por ejemplo, son considerados como informales en la encuesta del INE, ya que no se rigen por las normas propias de un contrato de trabajo que establece un sistema de protección social. “No está garantizado el acceso a la seguridad social por su vínculo laboral con el empleador”, complementa el INE ante las consultas de Pulso.
Las variables en juego
Para los expertos existen una serie de variables clave que influyen en la difícil transición de este tipo de trabajadores a la formalidad y que atraviesan temas culturales, de incentivos económicos, regulatorios y de fiscalización.
Cecilia Cifuentes, directora del Centro Estudios Financieros del ESE, U. de los Andes, reconoce su sorpresa por la mantención de los niveles de trabajadores por cuenta propia (mayoritariamente informales) en las últimas décadas, pese al crecimiento económico, y atribuye este estancamiento a problemas estructurales.
“Ser formal hoy en Chile es muy caro tanto para los empleadores como para los trabajadores. No le ven beneficios. Eso es lo que hay que cambiar. Se ha instalado en la gente también esto de ocultar ingresos. Hay fuertes incentivos en Chile para ser beneficiario de política social y esconder ingresos, por ejemplo, en materia de la gratuidad de la educación superior”, afirma la economista, quien propone una batería de medidas para frenar la informalidad como más fiscalización (multas) y flexibilizar las exigencias de salas cuna e indemnizaciones por años de servicios para los empleadores.
“La solución no es solo una, hay que actuar en varios ámbitos”, añade Cifuentes, quien destaca también el creciente mercado de las plataformas tecnológicas como fuente de informalidad.
Según la Cámara Nacional de Comercio, un 9% de las transacciones del sector comercio en canales digitales nacionales fue informal durante el primer trimestre de este año, lo que equivale a US$187 millones, cifra que es inferior a las mostradas en las etapas más duras de la pandemia.
Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, coincide en que las tasas cercanas a 30% que muestra Chile son estructurales y que deben implementarse múltiples medidas para bajar la informalidad en el país.
“Soy escéptico en pensar que la fiscalización por sí sola va a lograr una reducción relevante, ya que la informalidad está en lugares de difícil fiscalización. Hay que considerar también que los incentivos de pasar a la formalidad tiene mucho de decisión ‘costo-beneficio’ para el trabajador. Cuando la persona tiene bajos ingresos el volverse formal tiene costos considerables, como los de burocracia, el pago de impuestos como el IVA, cotizaciones sociales”, reflexiona Bravo. La política social como arma de formalización, añade el economista, puede tener un rol relevante para incentivar la formalización de trabajadores.
Diana Krüger, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), propone leyes que fomentan mayor flexibilidad laboral para los trabajadores, evitar incentivos hacia la informalidad y a ‘esconder’ ingresos, mejorar programas de subsidio al empleo formal (subsidio al empleo joven y bono al trabajo de mujer), y políticas sociales de capacitación e inserción laboral. En cuanto a los emprendedores, plantea mantener bajos los costos de la formalidad y aumentar los beneficios de operar formalmente, como el mayor acceso a crédito formal con buenas condiciones financieras y otros beneficios sociales.
“Una meta razonable (para Chile) sería una tasa de informalidad entre 23% y 25%. Esto aumentaría las prestaciones sociales de trabajadores y microemprendedores que pasan a la formalidad: cobertura de salud, accidentes laborales, seguro de cesantía, crédito formal, y pensiones, entre otros. Además, podría aumentar la recaudación fiscal”, enumera la economista de la UAI.
En la propuesta entregada por Hacienda a la CPC la semana pasada, Marcel entregó también una serie de medidas para combatir la informalidad. Entre ellas está la ampliación de la exigencia de inicio de actividades, mayor trazabilidad por parte del SII a productos donde existan altos niveles de informalidad o comercio ilícito, planes de fiscalización al comercio informal y sanciones al comercio digital cuando no se emitan documentos tributarios. En materia de incentivos, Hacienda también propuso la idea de incorporar a los emprendimientos la figura de los “monotributos”, un sistema simplificado de pago de impuestos por los dos primeros años de funcionamiento.
“Paños fríos”
Con todo, algunos economistas ponen “paños fríos” a la reciente escalada de la informalidad y reconocen las dificultades que existen para bajar con fuerza este indicador.
Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la FEN de la Universidad de Chile, cree que la actual tasa de informalidad no es alarmante, aunque estima como muy beneficioso seguir bajándola.
“En términos generales, las cifras que tenemos hoy no son alarmantes, están dentro de lo esperado (...) Es beneficioso llegar a cifras más bajas y eso sería menos costoso para el Estado en el futuro. Cuando hay menos informales, tengo menos personas que van a ser dependientes en el largo plazo del Estado, por ejemplo, en términos de pensiones. Ocurre lo mismo con los sistemas de salud”, sostiene Lorena Flores.
En la misma línea, Jaime Ruiz-Tagle, académico del Departamento de Economía de la U. de Chile, destaca que las cifras de informalidad están levemente más bajas que antes de la pandemia, aunque reconoce que este tipo de trabajos no son deseables para la economía.
“Lo clave es atacar los desincentivos a la formalidad en las actividades más permanentes de la economía. Si se lograra bajar en dos o tres puntos porcentuales la tasa de informalidad, sería un logro gigantesco”, sostiene el experto en materias laborales. Propone, entre otras medidas, permitir la formalización de los trabajadores de acuerdo a las horas trabajadas, tal como ocurre en Estados Unidos y Europa, y no a jornadas laborales completas como ocurre en Chile actualmente. “Se debe revisar la legislación de manera de facilitar la formalización”, concluye Ruiz-Tagle.
