En una entrevista otorgada a PULSO, Fernando Echeverría puso sobre la mesa un punto crítico para el sector construcción y su financiamiento: certeza jurídica de los permisos. Sus dardos apuntan a algunos alcaldes, e incluso otros organismos del Estado como Monumentos Nacionales o Contraloría, que han puesto en duda los permisos de obras.
"Tenemos un caso gravísimo como el del alcalde de Las Condes que revocó un permiso sin tener atribuciones, que la Corte de Apelaciones frenó hace unas semanas".
Es importante terminar con esta tendencia que lo único que hace es horadar la certeza jurídica. El fenómeno resulta preocupante, porque sugiere que la institucionalidad presenta fallas o vacíos que relativizan las indispensables certezas jurídicas para poder llevar a cabo inversiones. Los trámites para la obtención de dicha autorización son en general rigurosos, y el desarrollador inmobiliario debe estar dispuesto a acatar todas las observaciones de que sea objeto durante la tramitación. Pero una vez otorgado, esto forma parte de su patrimonio, y solo podría ser revocado por razones muy excepcionales.
Desde luego, la posibilidad de recurrir a una instancia superior para revertir un permiso otorgado por la DOM forma parte de las reglas institucionales; pero en la medida que se está volviendo una práctica más habitual cuestionar dichos permisos, o que éstos se politicen inconvenientemente, se puede producir el efecto de que las obras no se puedan iniciar sino hasta que toda la etapa judicial concluya -lo que puede tomar años-, o eventualmente cambien las autoridades.
Cualquiera sea el caso, en la medida que prevalezca un ambiente de incertidumbre jurídica, hace muy complejo asumir los riesgos de una inversión de gran envergadura y, a su vez, impide que los mecanismos para levantar financiamiento fluyan con la normalidad requerida, por lo débil que resultan las garantías. Se debe volver a dar valor a los permisos otorgados.
