En agosto de este año se formó la Red Pro Competencia, instancia que reúne a destacadas abogadas, economistas, investigadoras y representantes de los organismos reguladores de libre competencia del país, con miras a generar un espacio de discusión y análisis de la cultura de la libre competencia.
Y fueron precisamente los temas del sector que han surgido dentro del estallido social, los que motivaron a las integrantes de la red a reunirse este martes para analizar la coyuntura y establecer líneas de acción. "Miramos con atención lo que está ocurriendo en nuestro país. Por ello, nos hemos propuesto ser una instancia de diálogo y contribuir con nuestra experiencia y conocimientos, formulando propuestas y aportando en su análisis, a fin de que se evalúen sus efectos y su eficacia para alcanzar el bienestar social", comentaron desde la red.
Tras la convocatoria se definieron dos líneas de trabajo: por una parte, evaluar medidas concretas destinadas a generar un impacto positivo en los mercados en el corto plazo, con beneficio para los consumidores, en mercados como el financiero, retail, sistema de sanciones, entre otros. Y por otra parte, analizarán los temas constitucionales en el ámbito económico.
Ambas líneas de trabajo estarán integradas por las actuales abogadas y economistas miembros de la Red (Lorena Pavic, Vanessa Facuse, María José Henríquez, Carolina Moreno, Carolina Bawlitza, Andrea Butelman, Isabel Díaz, Carolina Horn, Carla Bordoli, Ana María Montoya y María José Zegers), salvo las ministras del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) María de la Luz Domper y Daniela Gorab.
Demandas sociales
Además de proponer medidas concretas que mejoren el funcionamiento de los mercados, también se pretende ejercer un rol informador respecto de los alcances que tiene la libre competencia en Chile. "Lo que estamos mirando es que se han olvidado que en materia de libre competencia se han hecho cosas", indicó Ana María Montoya, economista y socia de Butelman Consultores, y una de las fundadoras de la Red.
Un punto que recoge es la discusión en torno a sancionar la colusión con pena de cárcel, que forma parte de las demandas sociales que han aparecido en medio de la coyuntura y donde a su juicio falta información. "El delito de cárcel ya está tipificado en el DL 211. El fiscal nacional económico puede ejercer la acción penal. Otra cosa es que se pueda discutir el procedimiento, pero la sanción ya existe", comentó. Por eso se han puesto a disposición de la autoridad para contribuir a informar.
Otra de las preocupaciones en términos de competencia son los precios excesivos que se alcanzan en algunos mercados. De hecho, la semana pasada la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer el estudio preliminar en el mercado de los medicamentos, texto en que entregó 14 medidas para reformar el mercado que permitan, entre otros aspectos, bajar el precio de los medicamentos.
Al respecto, Vanessa Facuse, abogada de Bofill Escobar Silva y otra de las fundadoras de la Red Pro Competencia, indicó que "los precios excesivos son perfectamente sancionables en sede de libre competencia, sin embargo el estándar es muy alto razón por la cual muchas veces se opta por establecer bandas de precio o medidas estructurales como propone la FNE en informe de medicamentos".
