La semana pasada ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuyo gasto fiscal en régimen asciende a los $1.783 millones.
Así se desprende del informe financiero, elaborado por la Dipres y adjunto al proyecto de ley, que detalla la estructura de gastos que tendría la nueva entidad, en materia de gastos de personal y puesta en marcha del proyecto.
El impacto financiero, considerando las indemnizaciones a los directores regionales, gastos en personal ADP, y para participación ciudadana adelantada, así como en bienes de servicio y de consumo, además de la adquisición de activos no financieros, generará al primer año de entrada en vigencia la iniciativa un gasto fiscal de $1.326 millones.
Este monto se incrementará progresivamente hasta marcar el punto más alto en el tercer año, con $1.802 millones en gastos, para luego entrar en régimen.
El ítem remuneraciones es que el que refleja un aumento del gasto, comparado con las actuales que reciben los 16 directores del SEA, que ascienden a $723 millones.
En la nueva estructura contemplada en el proyecto de ley, se consideran 16 jefes regionales, quienes quedarán con grado 4, recibiendo una renta bruta anual que en conjunto suma $624 millones.
A esto se suma la renta anual de los directores de las tres macrozonas, por otros $628 millones, que sumados a los aportes patronales por $23 millones y otras remuneraciones de profesionales, llegan a los $651 millones.
Considerando esos montos, se proyecta una solicitud adicional en remuneraciones para jefes regionales, directores macrozonales, directivos designados y profesionales del área de las Ciencias y del Derecho, por un monto total anual de $553,6 millones, desde el año 1 y en régimen.
El informe financiero de la Dipres establece que este mayor gasto fiscal para la apliación de la ley en su primer año, se financiará con cargo a las reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Medio Ambiente, aunque no obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, "podrá suplementar dicho presupuesto e la pate del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos".
El proyecto de modificación al SEIA busca dar mayor certeza jurídica a los titulares de proyectos de inversión, a la ciudadanía y al propio Estado, así como mejorar el estándar de calidad de los procesos optimizar los tiempos de tramitación, entre otros aspectos de gestión del organismo, indica la iniciativa.