Las ventajas y temas pendientes que trae el proyecto de reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fueron analizados al detalle en la conferencia "Reforma al SEIA: Nuevas reglas del juego", organizado por Sofofa, la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile y el estudio Barros & Errázuriz.
Un punto que generó inquietud del sector privado fue la obligatoriedad de realizar participaciones ciudadanas anticipadas. Si bien los panelistas valoraron la inclusión de las comunidades en el diseño de los proyectos, argumentando que esto evitaría conflictos en el futuro, algunos hicieron ver que esta participación debiese ser voluntaria y según el tipo de proyecto, ya que el tiempo ahorrado en trámites se perdería en los 18 meses disponibles para llegar a acuerdos con los ciudadanos.
Al respecto, Hernán Brücher, director de Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), explicó que esos 18 meses son un plazo máximo, por lo que la participación podría resolverse mucho antes. "La idea es que las comunidades puedan opinar en la etapa de diseño del proyecto", dijo. "Hoy la participación ciudadana es bastante baja -cerca de 5% de las declaraciones de impacto ambiental- por lo tanto, acá hacemos un llamado a fortalecerla", añadió.
Por su parte, el ministro del Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, agregó sobre la participación ciudadana que es necesario preocuparse de cómo disminuir la asimetría de información, las brechas entre el Estado, las empresas y las comunidades.
Por otro lado, Cristóbal Pellegrini, director del área de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Barros & Errázuriz, destacó la necesidad de abrir el debate en torno a la reforma, para ir nutriendo la discusión de diferentes puntos de vista y sumando a distintos actores. "En esa línea, invitamos al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Energía a tener un rol más activo en la evaluación de los proyectos de sus carteras", sostuvo.
