Si la reforma de pensiones que acaba de presentar el gobierno se votara el lunes, lo más probable es que se rechazaría, ya que las posturas entre el oficialismo y la oposición están más distantes que nunca y por ahora se ve poco ánimo de lograr acuerdos en aspectos claves.

Entre los principales temas que mencionan los parlamentarios como puntos de desencuentro y nudos que se darán en la batalla parlamentaria, hay al menos cuatro, pero con distinta preponderancia. El primero es el destino del 6% de la cotización adicional, que en la propuesta del Ejecutivo se destinará a un fondo común, y el segundo apunta a la idea de separar la tramitación de la reforma, avanzando más rápido con el aumento y financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En una segunda escala de prioridades está la creación del Administrador de Pensiones Autónomo (APA), y el término de las AFP y la transición al nuevo sistema. De acuerdo al gobierno, se permite la creación de inversores de pensiones privados (IPP); sociedades anónimas con el objeto exclusivo de gestionar las inversiones de los ahorros de las cuentas de capitalización individual. Y se suma la creación del Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), cuyo mandato exclusivo será invertir para maximizar la rentabilidad de los fondos previsionales. Además, se reemplazan los actuales multifondos por fondos generacionales.

En los parlamentarios de la centroderecha la postura está mucho más cerrada y la frase que más se repite es que la totalidad de esos recursos deben ser de los trabajadores y, por ende, ir a cuentas individuales, tal como está el sistema previsional actual. A lo más, luego de varias consultas algunos se abren a que puede haber una división de, por ejemplo, tres puntos al fondo común y otros tres a capitalización individual. En el oficialismo, mientras, se muestra una postura más abierta al diálogo y a buscar un acuerdo en esta materia.

La otra mayor preocupación de la oposición se concentra en el fin de las AFP, pero no por el hecho de que se terminen, sino que consideran que no hay una justificación, ya que en lo que respecta a la administración y gestión de los recursos consideran que lo han hecho bien. Además, surge la duda de cómo será el proceso de transición y critican la idea de crear un nuevo ente público como el Administrador de Pensiones Autónomo (APA).

Sobre este punto, la oposición está cuadrada con el hecho de que todo deba irse a capitalización individual y sólo se abren a que el piso de discusión comience con el acuerdo alcanzando en gobierno del Presidente Piñera, de que un 3% se destine a fondo común y otro 3% a cuentas individuales.

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Luciano Cruz-Coke, enfatiza que “no estoy de acuerdo con Fondo Común, ya que la ciudadanía ha reforzado su preferencia respecto a que la plata es de los trabajadores y que el 6% debe ir a cuentas individuales, no nocionales, ni registro numérico”. Asimismo, dice que la reforma no ha considerado el factor beneficioso de lo que ha generado la PGU como elemento de solidaridad, y por ello, espera que el gobierno entregue “un informe para cuantificar ese impacto”. Por ahora, el legislador es partidario de que todo el 6% extra se destine a cuentas individuales. En la UDI, el diputado Guillermo Ramírez subraya que “alguien tiene que defender la opinión del 90% de la población”, y por ello plantea que todo el 6% se destine a capitalización individual. “La solidaridad no se debe hacer con el trabajo de la clase media, se debe hacer con los impuestos generales de la nación, para que el que tiene más pague más, sin destinar recursos a un fondo de reparto”.

Miguel Mellado, diputado RN profundiza la opinión que entregan sus socios políticos, señalando que “el gobierno debe escuchar la voz de la gente, donde el 80% está diciendo que quiere que ese 6% se vaya a cuentas individuales. Ahora, si el gobierno insiste en crear un impuesto al trabajo, generará informalidad”. Desde el oficialismo, el senador PS e integrante de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, sostiene que la propuesta del gobierno busca crear “un sistema donde el centro y el soporte es la seguridad social. Hay que dejar atrás dogmas ideológicos y por ello estoy de acuerdo en los tres pilares que se propone y que el 6% vaya de manera integra a un Fondo Común”.

Para el diputado PPD y saliente presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, “lo del 6% es conversable, en la medida que no desnaturalice el objetivo del seguro social, que debe ser suficiente para mejorar las pensiones actuales y no solo las futuras, especialmente de los sectores vulnerables, medios y las mujeres. Hay que buscar un equilibrio”. Soto acota que “hay que abrirse a dialogar y buscar consensos en el trámite legislativo y eso va a implicar cambios, ajustes o mejoras”.

En esa misma línea, se sitúa el presidente de la Comisión de Hacienda, el socialista Jaime Naranjo, quien dice sobre el 6% que “la finalidad es en ir en apoyo de las personas con pensiones más bajas. Ni la derecha ni nosotros tenemos los votos para hacerlo, y por ello se tendrá que llegar a un acuerdo. Podrá ser 3% y 3% o 4% y 2%, porque nadie tiene los votos para imponerle al otro su propuesta”. En la DC, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Alberto Undurraga, señala que antes de debatir sobre el destino del 6%, se debe escuchar la postura del gobierno. “Inicialmente la propuesta del gobierno era que todo el extra sería solidaridad, pero ahora asegura que el 70% irá a pensiones individuales a través del sistema de cuentas registrales y el otro 30% a solidaridad. El gobierno ya está planteando una postura intermedia”, afirma.

Por su parte, Matías Walker, senador exDC, ve como una buena fórmula intermedia donde al “al menos la mitad vaya a cuentas individuales, ya que tampoco se puede debilitar el mercado de capitales”.

Otro de los temas que también ya ha planteado la oposición es el de separar el proyecto. Por un lado, avanzar en el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), y por otro, en todo el pilar contributivo y los cambios en la industria.

Los diputados de Renovación Nacional que son parte de la Comisión de Trabajo, Frank Sauerbaum, Ximena Ossandón y Eduardo Durán, coinciden en la idea de que sería “recomendable separar la reforma, de lo que tiene que ver con el aumento de la PGU, con los cambios al sistema previsional”. En este punto, Frank Sauerbaum asegura que “hay un consenso generalizado de que tiene que haber un aumento rápido”, en especial de quienes ya están pensionados o cerca de hacerlo.

Al respecto la posición del oficialismo es unánime y plantean que no hay ninguna posibilidad de que eso suceda: “La reforma es un todo integral, porque la PGU está estrechamente relacionada con la reforma en su conjunto”, dice Naranjo.

En la propuesta del gobierno habrá un administrador estatal que reemplazará las funciones que cumplen las actuales AFP. Es decir, el organismo estatal será el que afilie nuevos cotizantes, el que recaude los dineros, el que gestione las cuentas de cada afiliado y el que pague las pensiones a futuro, entre otras materias. La contraparte de los afiliados, así, ahora, será el Administrador de Pensiones Autónomo (APA) y no la AFP. La creación de este ente público genera repartos entre los parlamentarios de la oposición, quienes no ven por qué esta nueva entidad podría funcionar mejor que las AFP. “Se generará más grasa estatal, sin saber bien los resultados que obtendrá ni las razones del por qué este organismo lo haría mejor que las AFP”, manifiesta Mellado.

El senador UDI, Iván Moreira, también lo criticó duramente. “Cuánto le costará al Estado, cómo se financiará, cómo se evitará que se llene de operadores políticos”, dijo.

La creación del APA está relacionada directamente con el fin de las AFP. Según la propuesta, el nuevo sistema comenzará a operar en régimen en un plazo de 24 meses, cuando las funciones de las actuales gestoras privadas serán transferidas a ese organismo público: durante los primeros dos años de transición, una vez aprobada la reforma, la idea es que el APA licite todas esas funciones del sistema, mientras se prepara para asumir esos roles en plenitud. El diputado Agustín Romero (Republicano), no ve razón para crear esta nueva institucionalidad. “Si las AFP con un porcentaje de comisiones bajo hacen todo el trabajo, por qué se desarmará el sistema que trabaja bien en ese aspecto”, indica. Moreira añadió que con respecto de la proyección de ganancias del sistema “con qué cifras se hicieron. ¿Existirá una comisión por saldo o varias comisiones? Aún no se ha anunciado nada de eso”.

Naranjo sostiene que “el sistema de AFP no resiste más, necesita un profundo cambio. Los sectores de derecha se resisten y en ese sentido, la reforma de pensiones debiera considerar la libertad de acción de cotizantes. Es decir, si algunos quieren mantenerse en el sistema de AFP que lo hagan, pero hoy no hay libertad de elección, demos la libertad para que aquellos chilenos que no quieran estar en las AFP, puedan elegir”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió ayer al paso de las críticas de la oposición al proyecto previsional. Dijo que el proceso legislativo debe ser resuelto “en favor de las personas” y no con “ideologías y forzando a que las cosas vayan en cierta dirección”.

En entrevista con radio Universo, sostuvo que “el gobierno lo que está proponiendo es un sistema mixto. Cuando se dice que no van a aceptar que la cotización del empleador vaya a seguridad social, se nos está diciendo que quieren un sistema monocolor. Un sistema en donde solo existe la capitalización individual, donde solo están las AFP, entonces es casi como el sistema que diseñó José Piñera”. Al respecto, agregó que la propuesta de la oposición es “más radical y conservadora que el propio proyecto que presentó el Presidente Piñera en el gobierno anterior”. “Uno tendría que preguntarse por qué hay esta involución conservadora y por qué estamos volviendo al comienzo de los años 80 en esta discusión, cuando son tan evidentes las limitaciones que tiene el sistema”, indicó.

Sobre los costos de la reforma, dijo que el monto equivaldría a aproximadamente un tercio de la reforma tributaria, es decir, alcanzaría los US$ 4.500 millones.