En agosto pasado el gobierno acordó con los senadores de Chile Vamos que integran la Comisión de Trabajo un protocolo de tramitación de la reforma previsional, el cual, entre otras cosas, estableció que el proyecto se despachará del Senado en enero de 2025, es decir, dentro de dos meses.

Pero desde entonces, no habían existido muchas conversaciones de fondo donde el gobierno pudiera acercar posiciones con estos parlamentarios opositores respecto de los principales nudos de la iniciativa: esto es, la distribución del 6% de cotización adicional que propone la reforma, y la reorganización industrial. Entremedio, hubo varios acontecimientos que mantuvieron copada la agenda del Congreso y del gobierno, y otros que enredaron el clima político,. Entre ellos, acusaciones constitucionales a personeros del gobierno y de la Corte Suprema, estalló el caso Monsalve, hubo elecciones municipales y de gobernador, se tramitó y despachó el proyecto antievasión, y el proyecto de ley de Presupuestos.

Sin embargo, la pausa que había en las conversaciones por la reforma de pensiones terminó este mes, ya que finalmente en las últimas semanas los tres senadores de Chile Vamos que componen la Comisión de Trabajo -Rodrigo Galilea (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli)- tomaron la posta y asumieron personalmente el rol de negociar en forma directa con el gobierno estos dos nudos principales.

De hecho, ya no queda mucho tiempo, dado que el plazo fatal para despachar el proyecto del Senado se cumple en enero. Por eso diciembre, y en particular las próximas semanas, serán cruciales para saber si finalmente se puede llegar a un acuerdo, o si fracasaron las negociaciones. En ese sentido y según revelan distintas fuentes que han estado ligadas a las tratativas de los últimos días, las posiciones se han ido acercando en estas recientes conversaciones. Además, estiman que existe ánimo para lograr un acuerdo, que se están haciendo los esfuerzos y ven probable que eso pueda ocurrir.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, también lo reconoció así este miércoles: “Lo veo con optimismo. Creo que existen posibilidades concretas de que lleguemos a un acuerdo en las próximas semanas, incluso en los próximos días, y que eso va a ser una muy buena noticia para el país”, dijo la titular de la cartera después de participar en la ceremonia de entrega del Premio Carlos Vial Espantoso 2024.

En la sesión que realizaron este miércoles los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado, la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS) pidió saber “cómo nos vamos a organizar, porque en cuatro sesiones no vamos a despachar” todo el proyecto., dijo. Por su parte, el presidente de la instancia, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), comentó: “Tenemos siete de los temas resueltos. Quedan dos. Estamos esperando el informe de la comisión técnica. Y si fuera necesario, vamos a funcionar más de una sesión (por semana). No tengo ningún inconveniente. Nosotros quedamos en que en el mes de enero se despachará en la sala, y eso vamos a cumplirlo”.

En paralelo, sigue funcionando la mesa técnica previsional, compuesta por un asesor de cada parlamentario de la Comisión de Trabajo, y aunque no hay un plazo predefinido, estiman que podrían finiquitar su trabajo dentro de las próximas dos semanas. Si bien existe coordinación entre cada asesor y el senador que lo mandató para estar allí, lo cierto es que ahora las conversaciones están corriendo a dos bandas y la pelota está en la arena política. De todas maneras, prevén que los acuerdos a los que lleguen los técnicos serán importantes, pues podrían destrabar algunos temas complejos en los que aún no hay acuerdo entre gobierno y oposición, por ejemplo, cuánto cuesta la solidaridad que el Ejecutivo busca introducir al sistema.

Respecto de la reorganización industrial parece haber más claridad. Si bien hay quienes siguen proponiendo que haya licitación del stock de afiliados, la definición que ha tomado fuerza y que según varias fuentes consultadas sería la que cerraría el pacto entre el Ejecutivo y la oposición, es la de establecer una comisión mixta. A ambos sectores les gusta la idea, pero se exploran medidas adicionales para que, en conjunto con lo anterior, se logren los mismos objetivos que con la licitación del stock, es decir, disminuir las comisiones que pagan los cotizantes y las utilidades de los actores que participen.

Ha habido distintas propuestas sobre la idea de transitar a una estructura mixta de comisiones. Una de ellas la hizo el abogado y exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme, quien también fue asesor de los diputados de RN. Lo planteado por Charme es que exista una comisión por flujo o remuneración, que sirva para los costos fijos, principalmente de la administración de las cuentas, “pudiendo evaluarse regulaciones que limiten el precio, la base de cálculo, o algún mecanismo que no tenga efectos negativos”, señala una de sus presentaciones. Esto se complementaría con una segunda comisión, por saldo, que apuntaría a la gestión de las inversiones, “con la fijación de un benchmark, y premios y castigos por la rentabilidad que esté sobre o bajo la banda fijada”, agrega el texto.

Lo cierto es que los detalles sobre una eventual comisión mixta aún no han sido definidos en la arena política, pero personeros cercanos a las tratativas indican que la idea del gobierno y Chile Vamos es que puedan existir actores en la gestión de cuentas, y otros en la administración de las inversiones, o incluso, que si una entidad quiere hacer ambas, que también pueda hacerlo, pero bajo esta nueva estructura de comisiones. Con eso, se cumpliría el requisito de dividir la industria, que ha impulsado el Ejecutivo, y además se estima que implicaría una baja inmediata de las comisiones que se cobran actualmente.

Sobre la nueva distribución del 6% de cotización adicional que presentó el gobierno, que contempla que un 3% se destine a cuentas individuales, que un 1% vaya de manera permanente a un seguro social, y que un 2% sea un préstamo a este fondo común por unos 20 años, también se han acercado posiciones, aunque todavía queda una distancia.

El guarismo, que es el principal nudo, es decir, cuánto va a cuentas individuales y cuánto a solidaridad, todavía no se zanja, pero ya se va delineando una arquitectura. Desde Chile Vamos hay disposición a destinar una parte a solidaridad, siempre y cuando sea más acotada que el 3% que propone actualmente el Ejecutivo, y condicionado a que la mayor parte sea transitoria. Y siempre y cuando, además, sea un préstamo, tal como lo propuso el gobierno.

La oposición estima que el costo de financiar la garantía transitoria equivalente a 0,1 UF por año cotizado, y el seguro por diferencias en expectativa de vida entre hombres y mujeres (bono tabla), cuesta menos que ese 3% que ha dicho el Ejecutivo. Así, hay quienes proyectan que solo un 0,5% podría ser permanente, o incluso menos (0,3%), para financiar el bono tabla. Y estiman que la garantía transitoria de 0,1 UF por año cotizado costaría algo más cercano al 1% (para financiar el stock que existe hoy) o 1,5%. Desde el gobierno, sin embargo, tienen otros cálculos, mayores. Este es uno de los temas que podría resolver la mesa técnica en pensiones: cuánto cuesta financiar ambos instrumentos solidarios.

Ahora, frente a la consulta de por qué Chile Vamos podría estar más dispuesto a llegar a un acuerdo de este tipo, se responde que quienes tienen ánimo de lograr este consenso, entienden que si logran ganar las próximas elecciones presidenciales, no van a conseguir un mejor acuerdo que este, donde la mayor parte de la cotización adicional se destine a cuentas individuales. Además, creen que de los recién pasados comicios se desprende que las personas valoran los consensos, y que eso, de alguna manera, es lo que los puede diferenciar de Republicanos. Junto con ello, calculan que en el largo plazo al menos un 4,5% del 6% extra de cotización se destinaría a las cuentas individuales y solo un 0,5% a solidaridad.

Y en el caso del gobierno, ¿por qué accedería a algo de este estilo? Se indica que, primero, porque estiman que esto lograría dividir finalmente la industria de las AFP y bajar las comisiones, y se abriría el camino a la solidaridad en el sistema de pensiones, que si bien ahora se instalaría más bien como algo transitorio, allanaría la ruta para lograr que a futuro sea algo más permanente. Además, se agrega, lograrían aprobar una reforma previsional, algo que ninguno de los dos gobiernos anteriores consiguió.