Reforma laboral: cómo y cuándo

Se discute una posible reducción de la jornada laboral desde las actuales 45 horas semanales a 41 o, alternativamente, a 40 (propuestas del gobierno y de un grupo de diputados, respectivamente) y sus posibles efectos sobre empleo, salarios y crecimiento económico. Es crítico para este debate conocer en qué medida el aumento en el costo laboral, por la jornada más corta, se puede compensar con aumentos en productividad.

Si los sueldos y salarios no se rebajan, una jornada más corta implica un aumento del costo laboral por hora de un 9,8% o un 12,5% en las propuestas del gobierno o de los parlamentarios, respectivamente. Sin embargo, si aumenta la producción por hora trabajada el costo por unidad de producto final sería menor. ¿Es posible que se produzca un aumento en productividad de la magnitud necesaria (9,8% o 12,5%, respectivamente) para no afectar el costo de producción? Probablemente no. Si fuera fácil afectar la productividad de los trabajadores en esos órdenes de magnitud, ¿por qué las empresas no lo han hecho? El alza en el costo laboral llevará a las empresas a buscar nuevas maneras de organizar la producción, tal que aumente la productividad y se atenúe el efecto sobre los costos, pero los resultados difícilmente podrían ser de esa magnitud. Lo más probable es que una reducción de la jornada lleve a una menor creación de empleos (mayor desempleo si las empresas deciden despedir trabajadores, lo que implica pagar indemnizaciones) y un menor crecimiento económico en el largo plazo (el efecto sobre crecimiento puede verse atenuado si se sustituye trabajo por capital).

En el contexto de una economía mundial que se desacelera y que enfrenta un alto grado de incertidumbre, con una economía nacional que terminará creciendo bajo su nivel de tendencia de largo plazo este año y probablemente alrededor de ese nivel el próximo, cabe preguntarse cuándo es la mejor oportunidad para reducir la jornada laboral. No pareciera ser éste el mejor momento, teniendo en cuenta además que el aumento de 10 a 14% de la cotización previsional obligatoria también impactará el costo de contratación. Es por ende importante reconocer y explicitar que este cambio, cuando se implemente, deberá ser gradual y acompañarse de medidas que ayuden a las empresas a ajustarse al nuevo sistema, como es la propuesta de mayor flexibilidad impulsada por el gobierno. Todo esto para evitar efectos sobre el empleo y el crecimiento que pudiéramos más adelante lamentar.