Reforma Laboral posterga su ingreso al Congreso a la espera de avance de proyecto de pensiones
El gobierno fijó prioridades y una de ellas es la Reforma Previsional. Por lo mismo, la iniciativa que cambiará normas de contratos y modalidades de trabajo, deberá esperar por lo menos hasta la segunda mitad de mayo.
El proyecto de Reforma Laboral que pretende impulsar el gobierno ha sido postergado en varias ocasiones. En un comienzo sería presentado en septiembre de 2018, pero los hechos han dicho otra cosa: de septiembre pasó a diciembre y a enero y luego a marzo, y ahora la nueva fecha sería mayo.
Las postergaciones se han hecho generalmente a favor de iniciativas con mayor prioridad para el Ejecutivo. En esta última ocasión, es por la Reforma Previsional, que es una de las más importantes para el gobierno.
El Presidente Sebastián Piñera se reunió la semana pasada con los ministros de Hacienda, Trabajo y Secretaría General de la Presidencia para afinar una estrategia para que la oposición apruebe la idea de legislar en los tiempos acordados, es decir, el 7 de mayo, ya que dos días después se vence el plazo de la urgencia que el Ejecutivo colocó al proyecto.
A este escenario quedaría condicionada la reforma laboral, ya que la decisión del gobierno es que primero deberá aprobarse la idea de legislar la iniciativa previsional, para luego pasar al proyecto que buscará modificar normas de contratos individuales y colectivos, así como proponer nuevas formas de trabajo, como es el caso de la flexibilidad laboral.
Por lo mismo, la modernización de la legislación laboral no se presentaría antes de la segunda quincena de mayo, incluso podría quedar para junio.
A esto se suma la gran cantidad de iniciativas laborales que aún se tramitan en el Congreso, como los proyectos de acceso universal a sala cuna, estatuto laboral juvenil y teletrabajo, entre otras.
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La Reforma Laboral de este gobierno ya está redactada, solo falta el momento exacto para su presentación.
Uno de los proyectos más complejos de esta reforma estará en la modificación de normas a contratos colectivos, es decir, modificar la reforma impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet.
El gobierno ya ha señalado que buscará modificar la definición en los servicios mínimos en caso de huelga, reponer los grupos negociadores, cambios a los procesos de huelga y generar opciones para el reemplazo interno. Esta es una de las aristas más complejas para el Ejecutivo, pues desde la oposición han señalado no estar dispuestos a "retroceder" en derechos adquiridos.
Otro de los proyectos de esta reforma es el de flexibilidad laboral. En este punto el gobierno ha considerado la propuesta de la mesa técnica de modernización laboral, la que fue convocada por el Ministerio del Trabajo en 2018, que propuso pactos colectivos de adaptabilidad de jornadas anualizadas y semestrales, así como también, la posibilidad de acordar a nivel individual jornadas mensualizadas.
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