Para fomentar el conocimiento al sistema Previsional de los usuarios y facilitar el ejercicio de sus derechos, el Estado desde 2008 financia este objetivo mediante el Fondo para la Educación Previsional (FEP). Estos recursos se otorgan a través de la Subsecretaría de Previsión Social, a través de un concurso público.
Este fondo, entre 2009 y 2018 destinó más de $15.900 millones para la educación previsional. Dicha suma incorpora unos $1.567 millones aprobados por el Congreso en el Presupuesto del año en curso.
A esto es lo que el gobierno buscará colocar término a través de la reforma previsional que el próximo lunes 5 de noviembre ingresará al Congreso, por la Cámara de Diputados.
Según explicó el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg a PULSO, lo que se termina es el financiamiento público, no la obligación de generar educación previsional por parte de las entidades administradoras.
"Van a haber cambios en la reforma previsional. Lo que se modificará será la fuente de financiamiento, lo deberán pagar los privados", dijo el secretario de Estado.
La subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, explicó que "lo que se buscará es que sean las propias AFP las que entreguen esta educación previsional y que sea algo más sostenido en el tiempo".
De todas maneras, esta educación previsional será regulada y fiscalizada por una comisión que será integrada por la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión de Mercados Financieros (CMF).
Hay que recordar que el criterio para la entrega de recursos del FEP ha sido objeto de cuestionamientos desde algunos sectores.
En 2012 un informe de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de Dipres calificó el programa con "desempeño insuficiente", señalando que carecía de una estrategia "que defina cuáles son las apuestas más sustantivas de éste, el tipo de población sobre la cual desea focalizar y metas asociadas".
