Este lunes los diputados de la Comisión de Trabajo fueron citados para votar hasta total despacho la reforma previsional, por lo que en dicha instancia terminaron de zanjar los temas que quedaban pendientes y finalmente despacharon el proyecto a la Comisión de Hacienda.

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Entre los temas que faltaba votar, se encuentra la cotización extra del 6% de cargo del empleador y su destino, así como el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Ambos fueron aprobados tal como fueron planteados por el gobierno.

Lo anterior, porque un poco después de las 20.00 horas los diputados aprobaron que el monto de la PGU ascenderá a un máximo de $250 mil siempre y cuando las condiciones tributarias lo permitan, con 8 votos a favor, 3 en contra, y 2 abstenciones, pues no contó con el respaldo de Chile Vamos.

“Este incremento se implementará siempre y cuando los ingresos tributarios no mineros estructurales medidos como porcentaje del PIB no minero tendencial sean iguales o superiores a 22,2 puntos porcentuales de éste. La verificación de esta condición se realizará durante el mes de marzo del año siguiente a la publicación de la presente ley”, dice el proyecto.

Casi a las 23.00 horas los diputados de la Comisión de Trabajo también aprobaron la nueva fórmula del gobierno para distribuir la cotización adicional de 6%, con 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, al no contar con el respaldo de Chile Vamos, pero sí con el apoyo del oficialismo y los diputados Alberto Undurraga (DC) y Héctor Ulloa (Ind-PPD). La sesión terminó con aplausos del oficialismo.

Justamente el Ejecutivo formalizó este lunes el acuerdo que alcanzó el oficialismo y los grupos no alineados, es decir, parlamentarios que no se declaran partidarios de la administración del Presidente Gabriel Boric, pero que tampoco se sienten identificados con la derecha, como la DC, Demócratas y el PDG.

El anuncio lo hizo en La Moneda la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en un punto de prensa junto a sus pares de Hacienda, Mario Marcel; Segpres, Álvaro Elizalde; y de la Segegob, Camila Vallejo. Pero el detalle lo dieron a conocer por la tarde en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde ingresaron formalmente la indicación para modificar el proyecto, instancia que este lunes votó la iniciativa hasta total despacho.

Este acuerdo implica dividir la propuesta inicial de 6% de cotización adicional de cargo del empleador, en 3% para cuentas individuales y el otro 3% para un fondo solidario, lo que se compara con las indicaciones que había ingresado el gobierno a fines de la año pasado, donde destinaba 2% a cuenta individual, 3% al Seguro Social, y un 1% para sala cuna y la compensación para mujeres por la diferencia que exista por la mayor expectativa de vida en relación con la de los hombres.

Eso sí, lo que se destina a cuentas individuales no va a parar íntegramente al ahorro individual de cada persona, ya que en total, 2,1% se destinará directo a la cuenta individual (el 70% del 3%), y con el 0,9% restante (30% del 3%) se hará solidaridad intrageneracional, según dice la indicación que ingresó el gobierno.

Esto último consiste en que cada mes se suma la totalidad de los recursos aportados por todos los cotizantes con su 0,9%, y se divide por el número total de afiliados que cotizaron. Y una vez sacado ese cálculo, se deposita en la cuenta de capitalización individual de cada cotizante, lo que se traduce en que aquellos afiliados de ingresos más altos que el promedio, reciben menos de lo que aportaron; y quienes tienen ingresos menores al promedio, reciben más de lo que cotizaron.

Por otro lado, el 3% que se destina al Seguro Social buscará entregar la garantía de 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 3 UF; así como un complemento por cuidado de terceros por dedicarse al cuidado de personas en situación de dependencia funcional severa o moderada; y compensación a mujeres por expectativa de vida.

Eso significa que, respecto de las indicaciones que ingresó el gobierno a fines del año pasado, lo que cambió es que ahora no existe el beneficio de sala cuna que había decidido incorporar el Ejecutivo, beneficio que requería una cotización de 0,6% para su implementación.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a los parlamentarios que consultaron cuánto costaría financiar con recursos fiscales lo que propone el gobierno con el 3% del Seguro Social. Marcel comentó que el equivalente al 3% de la planilla salarial representa un poco menos que 1,5% del PIB, es decir, algo más de US$4.000 millones al año. Y si eso se financia con deuda, hay que adicionar intereses de unos US$400 millones anuales.