Los efectos redistributivos del beneficio de la garantía con solidaridad intergeneracional que plantea el gobierno en la reforma de pensiones y su relación con la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Eso es lo que analiza el informe del Centro de Estudios Públicos (CEP) “Redistribución intergeneracional en la propuesta de reforma al sistema de pensiones”, en el cual los investigadores Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara recuerdan que en el proyecto previsional el Ejecutivo establece financiar seguros sociales con cargo al 6% de cotización adicional, donde “destaca la garantía definida con solidaridad intergeneracional, por el alto costo que representa”.

Al respecto, explican que “este subsidio equivale a 0,1 UF por año cotizado, y se entrega de forma íntegra a los actuales pensionados. Para los futuros jubilados bajo el nuevo sistema, se financia la diferencia entre dicho monto y la pensión contributiva proveniente del seguro social”.

Y si bien señalan que hay otros beneficios que se pagarán con cargo al fondo colectivo que propone crear el gobierno con la cotización extra, decidieron poner foco en esta propuesta en particular, dado que se “estima que, por los próximos 40 años, el costo de la garantía es más del 90% del costo total de todos estos beneficios”, el cual “se espera que beneficie a más de cinco millones de personas en su peak, alrededor del año 2060″. Ese es, precisamente, indican, “el principal mecanismo de redistribución intergeneracional que contempla el proyecto de pensiones”, puntualizan.

También afirman que ”dado que la garantía se financia con las cotizaciones de los trabajadores, es relevante comparar el impacto que tiene tanto en la población beneficiada -los pensionados que realizaron contribuciones de seguridad social-, como en la que financiará esta política -los trabajadores que cotizan”.

Los investigadores identifican que “los beneficiarios de la garantía son principalmente los pensionados actuales, hombres de ingresos medios y medio altos”. En este último caso se refieren a aquellos cuyos últimos salarios imponibles fueron mayores a $1,3 millones.

Añaden que “a nivel general, el monto mediano que recibirán las mujeres es de solo un tercio del que recibirán los hombres. En términos de tasas de reemplazo, la garantía significará aumentos entre 5 y 15 puntos porcentuales respecto de la situación actual, beneficiando en mayor medida a los hombres”.

En el caso de los futuros pensionados, lo que proyectan es que sus tasas de reemplazo serán menores versus un escenario sin este subsidio y donde la cotización adicional que aportaron para financiarlo se utilice para sus cuentas individuales. ”En nuestros cálculos se observa que el pago de la garantía disminuye las tasas de reemplazo de los futuros pensionados en hasta siete puntos porcentuales, especialmente en los grupos de menores y mayores ingresos”, concluyen.

Ese análisis lo hicieron considerando que “el beneficio de la garantía a los pensionados será financiado en su totalidad por las nuevas generaciones que se pensionarán en el futuro. En los 40 años siguientes después de aprobada la reforma, se espera que los distintos beneficios contemplados en el nuevo sistema de pensiones tengan un costo promedio de 2,3 puntos de cotización. De este total, 2,1 puntos se destinarían a pagar la garantía, mientras que el 0,2 restante se utilizaría para financiar los otros beneficios, como el complemento por maternidad o la compensación por diferentes expectativas de vida”.

En esa línea, modelaron dos escenarios “utilizando la metodología basada en cohortes de la OCDE (2021), adaptada a la realidad chilena. En un primer escenario con garantía, se asume que 2,3 puntos de cotización se destinan a pagar beneficios y el resto (3,7%) se destina a cuentas individuales. Por su parte, en el escenario sin garantía, se asume que 0,2% se destina al pago de los otros complementos y compensaciones, y el resto (5,8%) se destina a cuentas de capitalización individual”.

Eso arroja que “disminuyen las tasas de reemplazo teóricas de los futuros pensionados cuando se incluye el beneficio de la garantía. Este grupo corresponde a aquellos trabajadores que comienzan su vida laboral el primer año del nuevo sistema y se jubilan 40 años después”.

Es más, el documento asegura que “al analizar el efecto conjunto de la garantía y la PGU, ambos beneficios intergeneracionales, se observa que estos dos subsidios tienen un efecto positivo en los pensionados actuales, pero para los futuros jubilados el efecto neto puede ser incluso negativo. Es notorio el caso de los trabajadores con ingresos sobre los $1,3 millones, que dejan de recibir la PGU debido a que esta no crece en términos reales, y por tanto solo experimentan una disminución en sus tasas de reemplazo debido al financiamiento de la garantía. Esto se suma a que justamente son estos trabajadores los que tienen las menores tasas de reemplazo, cercana al 47% en un escenario con garantía”.

Respecto de ello, Ugarte explica que la PGU se reajusta por inflación, pero no según los salarios, los que en general crecen por sobre el IPC. En ese sentido, dice que “si la PGU solo va a crecer en términos de la inflación, en 40 años más va a ir perdiendo importancia, porque los salarios habrán crecido mucho más”.

Ugarte agrega que “para poder acceder a la PGU, debes tener una pensión que no sea mayor a $1 millón, y de hecho, la PGU va disminuyendo para las pensiones entre los $600 mil y $1 millón. Como la PGU no va a crecer y los salarios van a crecer mucho más que el IPC, al final en 40 años más habrá un grupo de trabajadores que si hoy se jubilara tendría derecho a la PGU, pero en el futuro no lo va a tener”.

Por lo mismo, en este tercer estudio sobre la reforma previsional que realiza el CEP, los investigadores sugieren “reducir el beneficio de la garantía para los actuales pensionados, de modo de atenuar el efecto negativo en las futuras generaciones”.

Plantean que “ante la dificultad que representa comparar la calidad de vida que experimentará la futura generación con la actual, se propone disminuir el beneficio de la garantía, de manera de acotar el efecto negativo en las tasas de reemplazo de los futuros pensionados, en particular de aquellos con ingresos medio altos”.

Manifiestan que “una alternativa adicional es también ajustar a la baja el parámetro de solidaridad intrageneracional, donde un 30% de la cotización adicional se reparte entre todos los cotizantes. Lo anterior, con el objetivo de encontrar un justo medio que permita una solidaridad dentro del sistema y que también asegure una mejora en las tasas de reemplazo a las futuras generaciones”.