Reforma previsional con más solidaridad: las negociaciones del gobierno con senadores para acotar segundo retiro del 10%

En plenas negociaciones está el gobierno con senadores de oposición para que no se apruebe el segundo retiro del 10% tal como está. La idea del Ejecutivo es ceder en temas que pide la oposición para la reforma previsional, como entregar mayor solidaridad, y de esta manera al menos generar que las rentas más altas paguen impuestos al retirar el nuevo 10%, y -en un escenario favorable- también ligarlo a que puedan acceder solo las personas que han visto reducidos sus ingresos en la crisis, señalan fuentes de La Moneda.

De esta manera, lo que se les estaría preguntando a los senadores de oposición es si están dispuestos a votar algo distinto a lo que votó la Cámara de Diputados en este sentido. ¿A cambio de qué? De un acuerdo en pensiones con una fórmula distinta a la que tenía contemplada hasta ahora el Ejecutivo, que buscaba un 2% a cuenta individual, 2% a seguros, y otro 2% a solidaridad. En tanto, la propuesta inicial del gobierno era un 3% a un fondo común y otro 3% a cuentas individuales, pero esta nueva negociación pretendería ir más allá en solidaridad, acercándose más a lo que pide la oposición, desde donde han insistido en que el 6% de cotización adicional debe ir íntegro a un fondo común.

Fuentes de la oposición admitieron que sólo están abiertos a gravar el retiro de altas rentas, pero no a ligarlo a una merma de ingresos, porque es muy engorroso de probar y ya se vieron las dificultades con el bono a la clase media.

Como el precio que está pidiendo la oposición es alto en el sentido de que el 6% de la cotización adicional se vaya a ahorro colectivo, el Ejecutivo por el otro lado ha manifestado que esperan un entendimiento para que no prospere un tercer retiro del 10%. Y ahí, las conversaciones se han vuelto más densas y complejas, comentaron en la oposición porque esta posibilidad de acudir a los fondos previsionales por tercer vez la relacionan con una eventual segunda ola frente a la posibilidad cierta de que el Estado apoye a la clase media.

Pero también existe otra alternativa. Desde este viernes, al menos, que está encima del escritorio del Presidente Sebastián Piñera, aseguran y describen en las entrañas de La Moneda, un texto de 46 páginas que corresponde a un borrador -dicen que hay otros- para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) e impugnar el proyecto de ley que autoriza el segundo retiro de 10% de los fondos de pensiones, asunto que nuevamente atraviesa al gobierno y a Chile Vamos. El escrito es de autoría del abogado constitucionalista Gastón Gómez (exRN), viejo amigo del Mandatario y que esta vez, a diferencia de la saga del primer retiro de julio, aceptó asesorarlo. En Palacio el asunto ocupa a otros especialistas también.

Tres días después de que el Ejecutivo padeciera en la Cámara una derrota más aplastante en votos que la de julio pasado -cuando el primer retiro apuró la caída del gabinete Blumel- la cuestión de si el gobernante irá o no al TC tiene en vilo al gobierno y su coalición. Algunos parlamentarios han insistido en que lo haga. Lo hicieron ayer las diputadas María José Hoffmann (UDI) y Karin Luck (RN) ante los ministros de Interior, Segpres y Hacienda. Ni el comité político ni en los partidos hay una sola opinión, y quienes dicen conocer la interna insisten en que Piñera sigue dudoso y evaluando qué hacer.

El mismo martes dijo que “hicimos las reservas constitucionales porque tenemos algunas dudas respecto del proyecto tal como se planteó. Pero eso es una situación que se va evaluando”. Anteayer, durante una entrevista en una gira al sur del país, bajó un cambio y solo dijo que sería responder sobre una situación hipotética. De Rodrigo Delgado (Interior) dicen que es reacio, porque debutó prefiriendo una solución “eficiente” y que ayer se quedó en el “no hay nada descartado por ahora”. Cristián Monckeberg (Segpres) estaría más cerca de no ir. De Ignacio Briones (Hacienda), cuentan que en la misma cita con los partidos de ayer se cuadró con ir al TC. Y el vocero Jaime Bellolio cree que, pese a todo, no hay que renunciar a ese recurso, porque hay mucho en juego.

El nervio está entre los costos de recurrir o no, tanto jurídicos como políticos. El argumento del quorum de los 2/3 ya no flota, porque eso ya se despejó en la Cámara y lo más probable -calculan hoy en Palacio- es que pase lo mismo en el Senado. Así que, según conocedores de la interna, ese borrador -y otros- que tiene Piñera, apuntarían a dos razonamientos para recurrir al TC. Puesto en muy simple, uno sería que no se puede cambiar la Constitución de hecho por la vía de normas transitorias sin modificar el texto mismo de la Carta Magna.

El otro, y el que más repiten y dan por cierto en Palacio, es ir a defender ante el TC la facultad exclusiva del Presidente de la República de iniciativa legislativa en materia de gasto fiscal y en materia de seguridad social. Es una tesis que despierta dudas por lo incierto del desenlace, pero la presión por correr el riesgo aumenta porque en Palacio y en Chile Vamos ven con alarma que la oposición está presentando más y más proyectos de ley con normas transitorias, algo que los abogados han llamado elusión constitucional.

Entre los partidarios de la tesis de ir al TC en La Moneda y en los partidos insisten que hay que hacerlo por una cuestión de principios, porque creen que sí tienen argumentos jurídicos, porque ya se hizo una reserva de constitucionalidad, y porque -sobre todo- si el Presidente desiste, se estaría renunciado a ponerle freno a la ofensiva del “parlamentarismo de facto” del que culpan a la oposición. “Les daríamos chipe libre para que sigan legislando y cambiando la Constitución a través de la dictadura de normas transitorias”, insisten desde la UDI.

Entre los íntimos de Piñera hay voces que piensan que si lo hace, puede ganar por un buen margen. En el TC la derecha tiene mayoría y su presidenta, María Luisa Brahm, fue su jefa de asesores del Segundo Piso durante su primer mandato. Pero en el Tribunal insisten en que el asunto no lo han debatido ni entre ellos ni con el gobierno. Como sea, en el organismo recalcaban esta mañana que aventurar cualquier desenlace es muy incierto, usando incluso la expresión leguleya de que “eso está sujeto al evento incierto de la litis”.

El problema que vienen advirtiendo hace días en Palacio y los entendidos de Chile Vamos es que ir al TC invocando la facultad exclusiva entraña un peligro. Si se pierde, explican, una sentencia del tribunal -según sea de forma o fondo- sentaría un precedente político que invitaría generosamente a la oposición (y a varios parlamentarios de derecha que ya cruzaron el Rubicón) a presentar “una lluvia” de iniciativas sobre la base de normas transitorias. Eso, sin contar la posibilidad del debate que abriría con un proceso constituyente ya en marcha.

El plazo legal expira antes de que sea promulgado. Pero el plazo político tiene un máximo de dos semanas, que es lo que calculan en La Moneda que tardará en ser votado en la sala del Senado; no creen que ocurra la próxima semana.