Luego de una extensa jornada, donde los diputados de la Comisión de Hacienda escucharon la opinión de varios expositores sobre la reforma previsional, finalmente los parlamentarios de dicha instancia empezaron a votar el proyecto durante la tarde de este miércoles.

Antes de empezar a votar, se generó un tenso debate, pues los diputados de Chile Vamos pidieron votar todo de una sola vez, en vez de ir artículo por artículo, dado que, según argumentaron, el gobierno no hizo cambios al proyecto y no se habría tomado en cuenta lo que señalaron los expositores, por lo que pidieron votar todo para abrir una ventana de conversación de aquí a la votación en sala de la próxima semana. Ahí se generó una acalorada discusión de casi una hora, donde el oficialismo no respaldó la propuesta de la oposición.

Así, finalmente los parlamentarios iniciaron la votación del primer tema que le corresponde ver a la Comisión de Hacienda. Partieron aprobando, con 8 votos a favor del oficialismo más la DC y el Partido Radical, y 5 en contra de Chile Vamos; el fin de las AFP, al reemplazarlas en dos tipos de entidades con la separación de la industria; así como la creación del Administrador Previsional, que ejercerá las labores de soporte, la regulación de sus funciones y su estructura; y las reglas de afiliación.

Luego aprobaron, con el mismo resultado en la votación, modificar la ley del mercado de valores, donde se incorporó la mención a los Inversores de Pensiones, y al gestor del Fondo Integrado de Pensiones.

La idea de la Comisión de Hacienda es seguir votando el viernes durante todo el día, y citar a una sesión el lunes hasta total despacho, para así zanjar todo lo que quede pendiente de la reforma y poder despacharla a la sala de la Cámara de Diputados.

Antes de la votación, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, realizó una presentación a los diputados de la Comisión de Hacienda centrada en la sostenibilidad fiscal de la reforma, específicamente en las normas relativas al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El gobierno propone que la PGU suba hasta $250 mil, pero se condiciona a contar con cierto nivel de ingresos estructurales que permitan financiarlo, misma regla para el alza de la cobertura que busca eliminar el requisito de no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población. Eso sí, Rodríguez dijo que esta es recién una primera aproximación al proyecto, y se comprometieron a poder seguir profundizando el análisis.

“A juicio del CFA, estos condicionantes conceptualmente apuntan al principio de comprometer gastos permanentes solo en la medida que se cuente con fuentes de financiamiento también permanentes”, dijo. “Pero operativamente, nosotros como CFA, a continuación vamos a identificar ciertas precauciones y riesgos para la sostenibilidad fiscal respecto de la fórmula específica, que quizás van a requerir un análisis más en profundidad”, agregó.

Rodríguez comentó que si bien acá se está hablando de un gasto específico para PGU, que tiene una regla específica para ser financiado, no hay que perder de vista que “la sostenibilidad fiscal debe analizarse considerando el conjunto de gastos e ingresos estructurales, de todo el sector público (...) En este caso, se vinculan ingresos estructurales a un gasto específico, y vale la pena recordar que esto no es algo que se haga por primera vez, algo análogo ya existe en la ley N°21.091 para gatillar el aumento de cobertura de la gratuidad en educación superior. En esa ley también existe un gatillo, de que solamente podrá aumentar la cobertura de gratuidad en educación superior si es que se superan ciertos umbrales de ingresos estructurales. No es la misma fórmula que se pone acá, pero el concepto a grandes rasgos es el mismo”.

En esa línea, dijo que “esto implica que, cuando se cuente con esos ingresos estructurales, habrá gastos prioritarios para su uso. En ausencia de estos gatillos, si es que hay más ingresos estructurales, el gobierno de turno en su momento puede proponer una distribución de gasto con cargo a esos ingresos estructurales, pero con la ley de educación superior, más esta ley de reforma previsional, esos aumentos de ingresos estructurales ya tendrían un fin predeterminado (...) Eso, conceptualmente cumple con el principio de asignar gastos a ingresos permanentes, pero también hay que tener cautela porque esto va introduciendo rigideces en la gestión del gasto público”.

Lo explicó así: “En ausencia de estas reglas, mayores ingresos estructurales pueden gastarse a las prioridades del momento. Aquí estamos dejando prefijada una prioridad (...) Nuestra advertencia es que hay que tener cuidado con poner muchos de esos amarres”.

En segundo lugar, mencionó que “debe enfatizarse que cualquier gasto gatillado por esta regla relacionada a la PGU, de todas maneras debe enmarcarse dentro de las reglas fiscales agregadas que rigen a las finanzas públicas en Chile, es decir, deben estar dentro del marco de la regla dual de balance estructural y nivel prudente de deuda. En este sentido incluso pudiera ser conveniente agregar ese énfasis en el articulado, que nadie vaya a interpretar después que este tipo de gasto no está sometido a las reglas generales de balance estructural o nivel prudente de deuda”.

También dijo que es importante que el indicador específico de ingresos estructurales que se usa para condicionar el aumento de gastos en PGU sea “lo más estable posible, para que refleje de la mejor forma que se están midiendo ingresos permanentes”. Añadió que “pudiera ser pertinente que el Ministerio de Hacienda analice distintos indicadores de ingresos estructurales y los someta a ciertas pruebas para ver cuáles son más estables”.