La noche del miércoles 2 de noviembre el Presidente Gabriel Boric anunció en cadena nacional el proyecto con el que el gobierno pretende mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, que reforma por completo el sistema al derogar el DL 3.500, eliminando a las AFP y introduciendo mayor participación del Estado, y que eleva en 6 puntos la cotización, lo que se destinará a un fondo común.

Es una de las reformas estructurales del gobierno, las que se juegan su futuro en 2023. El ingreso del proyecto al Congreso se produjo el lunes 7 de noviembre. Al día siguiente, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados escuchó la primera presentación de los ministros e inició así su tramitación. Actualmente, están realizando tres sesiones por semana para escuchar a expositores, antes de votar la idea de legislar.

Hasta ahora, el proyecto no ha sufrido cambios, ya que aún no hay votaciones. De acuerdo con el cronograma que tiene en mente el presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga (DC), la idea es poder votarlo en general en enero o marzo, para luego continuar con la discusión en particular y que sea despachado en junio. En todo caso, ello podría variar: el 11 de marzo asuma un nuevo presidente de la instancia.

Luego el proyecto deberá pasar por la Comisión de Hacienda de la Cámara. Allí el debate debería ser más rápido, ya que solo deben discutir los temas que irroguen gasto fiscal: esto es, el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y, posiblemente, el ente público. Si se alcanzan acuerdos, se espera que el proyecto llegue a la sala de la Cámara de Diputados en la segunda mitad de 2023, para que luego pase a ser discutido en el Senado. En todo caso, ni siquiera está del todo claro que se logre despachar el proyecto de la Cámara el próximo año.

El diputado Undurraga dice que en 2023 se debe “construir el acuerdo para aprobar la reforma de pensiones en la Cámara, lo que va a requerir de mucha conversación y análisis técnico durante el primer semestre del año. Un acuerdo es necesario, dadas las distintas visiones que existen y dada la composición del Congreso. Espero también que el acuerdo sea amplio, de manera que se sostenga también en el Senado, y de esta forma, en este tercer intento (hubo intentos de reformas en los dos gobiernos anteriores) aprobemos la reforma de pensiones”.

Los expertos están desde el primer día estudiando la reforma de 321 páginas, la que, junto al informe financiero, el informe de impacto regulatorio y el informe sobre sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones, suma poco más de 400 páginas. Y aunque los análisis continúan, ya hay varias reacciones.

La mayor parte de los nudos, dudas o críticas que existen sobre el proyecto desde algunos sectores se resumen en algunos de los factores habilitantes que decidieron abordar los diputados de la Comisión de Trabajo antes de poder votar en general el proyecto: que se realice una sesión completa sobre la sostenibilidad financiera, realizar otra sesión sobre la separación de la industria, y destinar una sesión a las tasas de reemplazo. A esto habría que agregar otros dos temas que están pendientes: la negociación por el destino del 6% y la petición que han hecho los departamentos de estudio para que el gobierno disponibilice los datos que se usaron para confeccionar la reforma.

Uno de los reparos que han manifestado desde distintos sectores es que no se está midiendo el cambio de escenario que implicó la PGU para las pensiones. Algunos argumentan que la PGU debería hacer replantear el modo en que se distribuye el 6% de cotización adicional, otros manifiestan que primero hay que medir la tasa de reemplazo que hoy existe en el país y definir cuál es la meta que se quiere alcanzar antes de ver qué cambios hay que hacer.

Ligado a lo anterior también está el debate sobre el destino del 6%, probablemente uno de los temas que más ha entrampado las reformas que se han presentado en los dos gobiernos anteriores. En esta ocasión, también es el punto clave donde los parlamentarios del oficialismo y la oposición no tienen acuerdo. Y, por ahora, ambos bandos están bastante distanciados: desde Chile Vamos han propuesto que el 6% vaya íntegro a cuentas individuales, mientras el gobierno planea que todo vaya al fondo común que creará un nuevo seguro social.

Respecto de la separación de la industria de AFP, que solo deja en las administradoras la función de gestionar inversiones y suprime todas sus otras actividades de soporte, acá las críticas han venido principalmente desde la industria. Pero también hay parlamentarios que tienen reparos respecto de entregar todas las funciones de soporte -afiliar, recaudar, manejar cuentas y pagar pensiones- a un ente estatal. En todo caso, según el diputado Undurraga, hay apoyo para separar la industria de AFP, pero faltaría acordar el modo en que se hará.

La sostenibilidad financiera del fondo común será otro tema que se tomará el debate. Al respecto, falta que el gobierno publique un informe que ya realizó al respecto.

Donde sí existe bastante consenso sobre la necesidad de hacer cambios es respecto de la transición de dos años que se establece que habrá para pasar al nuevo sistema.

Y si bien por ahora no ha surgido de manera tan fuerte en el debate, probablemente también será materia de discusión el modo en que se harán las inversiones en el nuevo modelo que propone el gobierno. Acá, de lo que sí se ha hablado y se han levantado alertas es respecto del nivel de autonomía que tendrá el ente público que administrará las inversiones, el llamado Inversor Previsional Público Autónomo (IPPA).

Las ideas que desde hace algún tiempo han ido reforzando las AFP se refieren a la “propiedad” de los ahorros previsionales, la “heredabilidad” y la “libertad de elección”. Esos puntos también han sido refrendados desde Chile Vamos.

“El gobierno tiene que tomar la decisión de seguir adelante con la reforma tal como está, o flexibilizar la posición y redefinir algunas cosas”, comenta el diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de la Comisión de Trabajo. Asegura que “nosotros estamos en la disposición de que haya reforma, por lo tanto, vamos a conversar y dialogar en base a algunos criterios que nos parecen básicos: la propiedad de los fondos tiene que estar asegurada, la posibilidad de que sean heredables, y la posibilidad de que exista un sistema privado y uno público donde la gente pueda elegir libremente. Si el gobierno quiere un ente estatal, ningún problema, que haya una AFP estatal (...) Esperamos que el 2023 estemos votando en particular una reforma que esperamos los chilenos”.

Bajo este escenario, si bien todo el mundo político y los expertos aseguran que quieren y que es necesario aprobar una reforma que mejore pensiones, lo que está claro es que el proyecto del gobierno no logrará salir del Congreso tal como está, por lo que tendrá que negociar. Tampoco está del todo claro que la tercera sea la vencida.