Finalmente este jueves el gobierno ingresó las indicaciones a la reforma pervisional, con varios cambios en la reorganización industrial, y con una modificación en la fórmula que había presentado originalmente el Ejecutivo para el 6% de cotización adicional de cargo del empleador. Además, a diferencia del proyecto que habían ingresado en un inicio, las indicaciones presentadas ya no derogan el DL 3.500, tal como lo había solicitado la oposición. Lo que sí se mantiene, es que la Pensión Garantizada Universal (PGU) se aumentará a $250.000 y se sube su cobertura.

Si bien el proyecto original planteaba destinar toda la cotización extra al seguro social, ahora el gobierno considera que de ese total, se destinarán 2 puntos porcentuales a las cuentas de capitalización individual.

Eso sí, no necesariamente irá todo ese 2% íntegro a la cuenta individual, algunos recibirán más de lo que aportaron, y otros menos, ya que allí se incorporará el componente de solidaridad intrageneracional que había planteado el gobierno en la reforma inicial, donde el 70% de dicha cotización se abonará en la cuenta individual de manera directa, pero con el 30% restante se calculará el ingreso promedio de los cotizantes del Seguro Social, y el resultado de eso se depositará en las cuentas individuales.

Por otro lado, del 6% de cotización extra, 4 puntos porcentuales irán al Fondo Integrado de Pensiones (FIP). Estos, a su vez, se desagregan de la siguiente manera: 3 puntos porcentuales se destinarán para financiar la garantía con solidaridad intergeneracional de 0,1 UF por cada 12 meses de cotizaciones en el Seguro Social Previsional, con un tope de 3 UF; así como el complemento por cuidados de terceros. En tanto, 1 punto porcentual irá a financiar la compensación por diferencias en expectativas de vida para las mujeres, y el futuro beneficio de sala cuna.

El informe financiero que ingresó el gobierno, señala que la transición del aumento de la tasa de cotización será de un punto porcentual por año, distribuido de la siguiente manera: el primer año en que se aumente cotización se asume que será en 2025 y se destinará al financiamiento de la garantía y complemento por cuidados. En 2026 el punto extra irá a financiar lo mismo. En 2027 se aumentará otro punto con la misma finalidad, llegando a un 3% extra.

En 2028 se subirá otro punto que se destinará al financiamiento de la compensación por expectativa de vida de las mujeres y sala cuna, llegando a 4% la cotización adicional total. En 2029 se subirá un punto extra la cotización y se destinará a capitalización individual, totalizando 5%. Y en 2030 se subirá el último punto, y también irá a capitalización individual, llegando finalmente al 6%.

Los 4 puntos extras que se destinarán al FIP, será administrado por un organismo autónomo, el llamado Gestor del FIP, el cual será independiente del gobierno de turno, que deberá licitar a entidades privadas especializadas las inversiones de los recursos del FIP en distintos instrumentos que aseguren su rentabilidad y sustentabilidad de largo plazo. En la administración contará con el apoyo del Instituto de Previsión Social (IPS).

Con todo, según el informe financiero sustitutivo, el mayor gasto fiscal por la reforma de pensiones al año 2032 será de $4.224.394 millones.

Según una minuta que elaboró el gobierno, “las AFP, tal como se conocen y funcionan hoy, dejarán de existir en el sistema. Existirán Inversores Privados de Pensiones (IPP), los que ya no tendrán a su cargo las tareas de soporte. Así, los IPP sólo gestionarán los ahorros (fondos) de los trabajadores, invirtiéndolos con el fin de hacerlos crecer. Esto permitirá la entrada de nuevos competidores privados, incluyendo a las cooperativas, aumentando la posibilidad de elección de las personas y reduciendo los costos para los usuarios por aumento de la competencia”.

Además, la minuta explica que “el Estado creará una alternativa pública de inversión, el Inversor Público de Pensiones (IPE), que tomará la forma de una sociedad anónima, y que competirá en igualdad de condiciones con los privados (IPP) por la administración de fondos. Así, las y los trabajadores podrán elegir si desean que sus fondos sean administrados por inversores privados o bien por el inversor público, y dentro de los privados tendrá más opciones para elegir que las que existen actualmente”.

Pero no solo eso, el gobierno, tal como lo había adelantando durante las negociaciones con los distintos sectores políticos, incorporó en las indicaciones que habrá licitación del stock de afiliados para hacer competir a estos inversores y así “reducir el precio de las comisiones que cobran a los trabajadores. Esta licitación se hará a razón del 10% anual del stock de afiliados, al menor precio y con el consentimiento del afiliado”, señala la minuta del gobierno.

Si bien la reforma previsional original consideraba que hubiera un ente estatal administrando la totalidad de las cuentas de los afiliados, ahora el gobierno definió hacer un cambio que también fue solicitado por algunos sectores políticos: que en realidad esa gestión de cuentas sea licitado a un privado.

La minuta del gobierno detalla que “las labores de soporte tendrán un modelo similar al existente en el Seguro de Cesantía; es decir, los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social realizarán una licitación para la creación de una empresa denominada Administrador Previsional, cuyo objeto exclusivo será realizar dichas tareas de soporte”.

Ahí agrega que “este Administrador Previsional Autónomo se encargará de las labores de recaudación y cobranza de cotizaciones, administración de cuentas, pagos, cálculo de beneficios, consultas y atención de público. La prestación de los servicios y el control de la calidad de atención contará con la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones. Con este cambio, los trabajadores contarán con una única entidad que atenderá sus consultas”.

Eso sí, las indicaciones establecen que “se prohíbe a los Inversores de Pensiones controlar, directa o indirectamente, acciones en el Administrador Previsional”. Los que sí podrán participar de la licitación, serán “las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, las Administradoras Generales de Fondos a que se refiere la ley N° 20.712 fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, las entidades bancarias fiscalizadas por esa Comisión y demás personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que cumplan con lo establecido en las Bases de Licitación”.

El gobierno desistió de eliminar el retiro programado, y en las indicaciones mantuvo esta forma de pensión, además de la renta vitalicia, “asegurando la posibilidad de heredar los fondos ahorrados”, señala la minuta del Ejecutivo.

Las indicaciones también establecen la posibilidad de un autopréstamo, por un máximo del 5% de lo ahorrado, con un tope de 30 UF (cerca de $1 millón).

Tal como lo señalaba la reforma previsional inicial, “se cambia el actual sistema de comisiones que cobran las AFP, que aplican un pago mensual como un porcentaje de la remuneración de cada trabajador (comisión por flujo), a un sistema de comisiones por el saldo de los ahorros, alineando los intereses de los IPP con los de los trabajadores”. En esa misma línea, se cambian los actuales multifondos por fondos generacionales.

Y al igual como lo había establecido inicialmente en la reforma previsional, el gobierno con estas indicaciones también plantea subir el tope imponible de cotización, igualándolo al que se usa para el seguro de cesantía, es decir, desde las actuales UF81,6 a UF122,6, esto es, un alza de 50%. Al respecto, el proyecto detalla que habrá gradualidad para subir dicho tope imponible en la cotización individual de cargo del trabajador (10,5%), pero no habrá gradualidad en el caso del tope imponible para la cotización adicional del 6% de cargo del empleador.

Por otra parte, se establece que el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía pagará las cotizaciones de pensiones de las cuentas individuales durante los períodos de cesantía.