Hoy debería ingresar la Reforma Previsional al Congreso para su tramitación. Por lo menos así lo señaló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tras la firma del acuerdo de Desarrollo Integral, donde aseguró que a más tardar hoy en la mañana el proyecto ingresaría al Parlamento.
Pese a que aún no se conoce el proyecto de ley en concreto, las críticas y los análisis en cuanto a contenido y financiamiento no se han dejado esperar.
Ya la semana pasada, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett advertía que cuando la Reforma Previsional esté en régimen, es decir, una vez que se implemente y pasen los 9 años de gradualidad de aumento del 4% de la cotización obligatoria previsional, se perderían alrededor de 60.000 empleos.
Pero eso no es todo, el timonel del empresariado ahora dijo que esta reforma también tendrá un impacto negativo en los salarios, los que retrocederían en 1%.
"Hemos hecho cálculos de elasticidad de oferta y demanda, en base a eso hemos calculado impacto en salarios que nos está dando 1% negativo y en base a eso hemos calculado resultados de empleo", dijo Swett.
En este sentido, dice, no buscan generar polémica, sino más bien responsables y realistas con los impactos que la reforma conllevará: "Esto no es gratis en términos fiscales y tampoco es gratis en empleos de calidad.
Yo creo que tenemos que salir de los slogan y ser responsables en la política pública, porque aquí no hay balas de plata ni soluciones mágicas, acá todo tiene costo y beneficio y hay que ser transparentes con la sociedad".
Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, señaló que "cuáles van a ser los efectos de eso, eso encarece al trabajo, pero mejorar las pensiones, mejora el entorno de trabajo, que va a compensar ese efecto de corto plazo y van a haber otras políticas a favor del mercado laboral que van a compensar el mayor costo que podría tener en el trabajo".
Dudas por el financiamiento
Quien encendió el debate por el costo de la iniciativa fue el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien cuestionó el alto nivel de financiamiento de la Reforma Previsional presentada la semana pasada por el Presidente Sebastián Piñera, de US$3.500 millones.
En una entrevista con Radio Infinita el designado asesor externo del FMI volvió a arremeter y aseguró que "hay cierta contradicción con lo que está diciendo el gobierno desde hace pocos días y que todavía dice, que es que la situación fiscal es muy, muy estrecha y después dicen 'bueno, vamos a gastar US$3.500 millones anuales más adelante".
Y agregó que "si nosotros (en el gobierno de Bachelet) hubiésemos hecho un anuncio como éste, yo creo que nos hubiesen hecho un downgrade inmediatamente. No teníamos credibilidad para decir que habían holguras futuras".
En este sentido, el exministro Valdés recordó que "a principios de año, inventaron unos gastos comprometidos que les habíamos dejado, pero esto sí que es dejar gastos comprometidos por ley a gobiernos futuros (…) Es tan complejo el sistema de pensiones que yo creo que hay que discutirlo en serio y va a haber que hacer esfuerzos futuros".
Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que al año 2023 habrán holguras fiscales de US$3.080 millones, de esos US$ 1.000 millones irán a la reforma de pensiones. En tanto, desde Hacienda, agregaron que los US$3.500 millones será el costo en régimen de la reforma, es decir, aproximadamente 10 años después de aprobada la reforma de pensiones.
En este contexto, el exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, afirmó que para poder financiar esta reforma, se va a tener que apostar por un mayor crecimiento económico: "Ningún sistema de pensiones funciona en un país sin crecimiento porque es muy caro, tremendamente caro, y las soluciones tienen que irse dando en la medida que haya crecimiento, por lo tanto, no hay soluciones mágicas en la medida que no haya recursos hay que priorizar".
En esta misma línea, el presidente de la Sofofa advirtió que "los recursos no son infinitos, se tiene que priorizar y la forma de priorizar es que pase por el filtro del gasto fiscal del Estado".
Por su parte, el presidente CPC sostuvo que "la reforma de pensiones nos pone la obligación del crecimiento, o sea, sin crecimiento va a ser muy difícil financiar lo US$3.500 millones.
La reforma está anclada en una obligación de producir crecimiento, por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde el empresariado, más que hacer analistas del crecimiento económico, y poner todo nuestro, esfuerzo, talento y convicción de poder aportar al crecimiento vía inversión".