Este martes se conocieron los detalles que trae el segundo informe de la Comisión Técnica de Pensiones que se formó al alero de la Comisión de Trabajo del Senado, el que tuvo como objetivo profundizar en dos temas centrales de la reforma previsional: el diseño de los nuevos beneficios propuestos con cargo al 6% de cotización adicional; y mecanismos para aumentar la competencia en comisiones en la industria de AFP.

Eso sí, hubo un conflicto al respecto, dado que el senador Juan Antonio Coloma (UDI) acusó que se trata de una filtración antes de que estuviera listo el documento: “Ningún miembro de la Comisión ha recibido ningún informe oficial”, dijo. “Además, por lo que he alcanzado a entender, es un informe parcial, que faltaba un comentario respecto a los comisionados”, indicó. “Creo que no es una buena señal (...) Vamos a seguir trabajando, pero obviamente hay un tema de confianza que se resquebraja”, agregó.

En términos generales, el trabajo del grupo técnico da cuenta de acuerdos en aspectos clave de la reforma, aunque de todos modos persisten varias diferencias, sobre todo en la implementación y ciertas definiciones de las medidas.

Así, el informe muestra que hubo consenso en entregar el llamado bono tabla, que busca compensar a las mujeres, para que una mujer de 65 años o más, a igual edad, grupo familiar y ahorro, reciba una pensión equivalente a la de un hombre. Para ello, es necesario implementar un componente solidario permanente en el sistema previsional, para el cual calcularon un costo promedio de 0,5% de cotización, equivalente a 12 millones de UF anuales. De todos modos, simularon escenarios en que este costo podría ser mayor o menor.

También hubo acuerdo respecto de implementar la garantía de 0,1 UF por año cotizado para los actuales pensionados, con un tope máximo de 3 UF por beneficio, pero el documento terminó con diferencias respecto del requisito sobre años cotizados para acceder a dicha garantía. “Dado que los grupos que aún tienen tasas de reemplazo bajas corresponden a aquellos con mayor número de años cotizados, se estima conveniente por parte de los comisionados que se entregue un complemento transitorio a las pensiones de dicho grupo”, concluye el documento.

Donde no hubo consenso es respecto del bono de cuidados. Este “es un beneficio contributivo que registra cotizaciones, calculadas sobre un salario mediano y hasta un máximo de 24 meses, a nombre del afiliado, de entre 18 y 65 años, que realiza labores de cuidado no remunerados a personas con dependencia funcional moderada o severa”.

Además, fueron enfáticos al señalar que “el presente informe no adopta una distribución determinada de la cotización del 6%, sin embargo, con el objeto de analizar la sostenibilidad de las propuestas, el informe consideró algunos escenarios para dicha distribución”.

Al respecto, establece que “para efectos de las simulaciones, durante el periodo transitorio de pago de la garantía, se contempló que la parte de la cotización del 6% que se destinará al pago de la garantía corresponde hasta un 2% de las remuneraciones y rentas imponibles, y para el bono tabla y bono de cuidados, un 0,5%; mientras que al menos el 3,5% de las remuneraciones y rentas imponibles sería abonado a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, con un elemento de solidaridad intrageneracional. Sobre el componente intrageneracional, no hay consenso entre los comisionados”.

La transición del aporte reembolsable abarca un período de 40 años, pero el informe presenta un escenario alternativo de 30 años. Una vez finalizado ese periodo de transición, la cotización que se destinaba al aporte reembolsable disminuirá gradualmente hasta que 5,5 puntos de la cotización del empleador se destinen a la cuenta individual del trabajador y los 0,5 puntos restantes, al Fondo del Seguro Social, para financiar los bonos tabla y de cuidados.

Sobre la licitación del stock de afiliados de las AFP, la mesa técnica propuso elementos para perfeccionar el diseño que plantea la reforma previsional. “Los principales cambios sugeridos radican en la frecuencia de la licitación, el tamaño del grupo, el esquema de premios y castigos asociado al desempeño financiero de los fondos de pensiones y el momento en que se informa a las personas que componen el grupo licitado”, dice el documento. Si bien abordaron propuestas para el traspaso de los activos alternativos, también hubo expertos que mostraron preocupación por el efecto en las decisiones de inversión de los gestores, “que, en su concepto, podría llevar a menores rentabilidades”.

La mesa técnica estuvo compuesta por los expertos Paula Benavides, Cecilia Cifuentes, Hermes Gutiérrez, Soledad Hormazábal, Juan Pablo Letelier y María José Zaldívar, en representación de los senadores de la Comisión de Trabajo del Senado. El coordinador fue Cristóbal Huneeus, asesor del Ministerio del Trabajo.

La idea del bono tabla es que para las mujeres que se jubilen antes de los 65 años el beneficio se ajuste según una escala predefinida. “Una mujer que se jubila a los 65 años recibe el 100% de esa diferencia como bono tabla, mientras que una mujer que se jubila a los 60 años recibe solo el 5%”, señala. Esa escala considera que a los 61 años las mujeres reciben el 15% de esa diferencia, a los 62 años el 25%, a los 63 años el 50%, y a los 64 años el 75%.

Al calcular el costo anual del beneficio suponiendo que las mujeres continuarán jubilándose a la misma edad que lo han hecho históricamente, el primer año equivale a 0,14 puntos de cotización. En promedio, entre los años 2025 y 2100 sería una cotización de 0,154%.

Sin embargo, si producto de esta iniciativa hay más mujeres que optan por jubilarse a los 65 años, este costo aumentará. “En un escenario extremo en el que todas las mujeres se jubilan a los 65 años, el costo promedio del bono tabla ascendería y sería equivalente a una cotización promedio de 0,47% en el periodo analizado. Si, además, todas las mujeres que se jubilan a los 65 años fueran solteras, el costo sería aún mayor, representando una cotización promedio de 0,81%”, dice el informe.

Es por esto que concluyen que “se considera adecuado un escenario intermedio que tendría un costo promedio de 0,5% de cotización, equivalente a 12 millones de UF anuales”.

De todas maneras, reconocen que no se puede predecir con certeza cómo cambiará el comportamiento de las mujeres respecto a la edad de jubilación, “lo que genera incertidumbre sobre su costo efectivo (...) Para los fines de este informe, se asumirá que las mujeres no modificarán su comportamiento, lo que lleva a que el costo del bono tabla sea equivalente a una cotización promedio de 0,154% durante el período analizado”.

Los expertos proyectaron que el número de beneficiarios del bono de cuidados alcance los 38 mil en 2024 y aumente progresivamente hasta llegar a 84 mil en 2100. Eso significa que en dicho periodo el costo sube de 0,197% a 0,677%.

“Algunos comisionados expresaron sus aprensiones respecto al otorgamiento de este bono, ya que tiene un costo siempre creciente en el tiempo, lo que genera dudas sobre su financiamiento a futuro. En base a la misma consideración, otra parte de los comisionados estima necesario establecer un mínimo del 1% de las remuneraciones y rentas imponibles como aporte permanente al Fondo de Seguro Social, para asegurar su financiamiento en el largo plazo”, plantea el texto.

Al sumar el bono tabla y el bono de cuidados, “el costo promedio entre 2024 y 2100 equivale a una cotización promedio de 0,555%”. Pero para que sea sostenible financieramente, el cálculo de la cotización necesaria es mayor. “Ello, porque el fondo tendría un periodo de acumulación para ser posteriormente sustentable”, por lo que “equivale a 0,47%. Si todas las mujeres postergan la edad de jubilación hasta los 65 años, la cotización necesaria se incrementa a 0,8% y si, además, son solteras, a 1,2%”, puntualiza.

Respecto a la garantía de 0,1 UF por año cotizado, la mesa técnica evaluó dos propuestas acerca del número de años cotizados para acceder al beneficio. La primera propuesta contempla un promedio anual de beneficiarios proyectado de 1.278.811 entre los años 2025 y 2100, y para la segunda propuesta los beneficiarios estimados ascienden a 1.857.483, es decir, el promedio anual de beneficiarios aumenta en un 45,2%.

Esto, porque la propuesta 1 contempla un mayor número de años cotizados para acceder al beneficio, con un mínimo de 20 años para los hombres y 15 años para las mujeres, que sube gradualmente a 20 años en 2034. En cambio, la propuesta 2 considera un mínimo de 5 años cotizados para hombres y mujeres, umbral que aumenta a 10 años para 2034.

El documento señala que “ambas propuestas incentivan la cotización por más años (...) La propuesta 1 es fiscalmente menos costosa que la propuesta 2, por exigir más años cotizados para acceder al beneficio, focalizando en los grupos con más años de cotización. Además, es más consistente con el diagnóstico, ya que son las personas con densidad elevada de cotización, los grupos que tienen menores tasas de reemplazo. Sin embargo, una desventaja de la propuesta 1 radica en que excluye a un grupo importante del beneficio de la garantía. La propuesta 2 tiene la ventaja de beneficiar a más personas, pero es más cara fiscalmente que la propuesta 1″.

Los expertos calcularon el aporte fiscal mínimo que se requiere para que sea sustentable el Fondo del Seguro Social, que financia esta garantía de 0,1 UF y la devolución del aporte reembolsable a los cotizantes. Si la garantía tiene una transición de 40 años, y los cotizantes aportaron un 2%, con la propuesta 1 el aporte fiscal mínimo tendría que ser de 24.198.000 de UF al año; mientras que con la propuesta 2 debería ser de 33.403.000 de UF, un 38% más costoso.

También simularon otros escenarios. Uno donde se reduce la transición desde 40 a 30 años. Allí, el aporte fiscal sube para ambas propuestas, un 3,3% para la 1 y un 2,4% para la 2.

Por otro lado, simularon que el préstamo de los cotizantes sea de 1,5% en vez de 2%, manteniendo la transición en 40 años. Acá, el aporte fiscal necesario sería de 36.297.000 de UF con la propuesta 2.

Sin embargo, en todos esos escenarios la cantidad de recursos que se requiere está por sobre el espacio fiscal en algunos años, lo que es principalmente notorio en la primera década. Para resolverlo, simularon un aumento de la cotización que se entrega al fondo, lo que reduce el aporte fiscal. En ese sentido, si existe una cotización del 1% permanente al Fondo del Seguro Social, en vez de 0,5%, “el aporte fiscal necesario para que el Fondo sea sustentable debe ser, a partir del año 2036, de 15,7 millones de UF en la propuesta 1 y 25,1 millones de UF bajo la propuesta 2. Antes del 2036, el Fondo se sostiene con los aportes”, asegura.

La licitación de afiliados que propone actualmente la reforma previsional habla de licitar cada año el 10% del total de los afiliados no pensionados a quien oferte la menor comisión en la licitación. Y el actor que se la adjudique deberá extender la comisión vencedora a todos sus afiliados y mantenerla por un lapso de 10 años.

En cambio, los expertos proponen hacer licitaciones cada dos años, equivalentes al 12,5% del total de los afiliados. Eso implica que “el total de los afiliados habrá sido licitado en un periodo de 16 años”. Plantean que se tenga que mantener la comisión por ese mismo periodo.

Propusieron que la adjudicación se haga antes de que se conforme el grupo de afiliados licitados, para que las personas cuenten con información y así puedan manifestar su voluntad de permanecer en el gestor en que están. Si bien esta propuesta fue bien recibida por todos los comisionados, “algunos aún consideran que una mejor alternativa al diseño original consiste en solicitar el consentimiento explícito de los afiliados”.

El informe plantea que una de las críticas a la licitación del stock se ha centrado en que baja comisiones a costa de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Para ello, propusieron un esquema de premios y castigos basado en el desempeño de las inversiones de los fondos de pensiones en relación con el desempeño de una cartera de referencia, por un periodo de 36 meses móviles.

Los expertos también propusieron disminuir el encaje que tienen las AFP, el que deberá ascender al 15% de las comisiones que el gestor hubiere cobrado en los 12 meses inmediatamente anteriores. Esto representa aproximadamente un 9,5% de la exigencia actual de encaje vigente. Algunos técnicos manifestaron dudas de si eso es suficiente.

El informe aborda también una de las principales críticas que han hecho las AFP a esta licitación del stock, que es respecto de la dificultad de traspasar activos alternativos en caso de ser necesario debido a la licitación. “Con una licitación de 12,5% de la cartera, los activos no transferibles serían equivalentes a un 0,8% de la cartera aproximadamente”, dice el estudio. Así, plantearon “establecer con rango legal los procedimientos que regulará la Superintendencia para la transferencia de los activos entre los gestores”. Y “para reemplazar los instrumentos considerados no transferibles, se autorizará transferencias en efectivo y en la proporción que represente el efectivo y/u otros instrumentos de alta liquidez. De este modo, los gestores no necesitarán mantener excesos de liquidez”, se plantea.