La reforma previsional que ingresó el año pasado el gobierno al Congreso ya fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara y en marzo comenzará su discusión en particular en dicha instancia.

Es en este contexto que el Observatorio Perspectivas, vinculado a la Asociación de AFP, realizó un informe donde cuestiona los cambios paramétricos que plantea el gobierno en el proyecto para el fondo común que se crearía, entregando ejemplos internacionales donde estos no se han cumplido.

La propuesta del gobierno del Presidente Gabriel Boric apunta a hacer solidaridad con los recursos del fondo común. Y para asegurar su sostenibilidad, esto es, para que haya equilibrio entre ingresos y gastos, el Ejecutivo estableció que se pueda ir modificando el tanto nocional.

En caso de que eso no sea suficiente, la reforma señala que el ente público que se creará para su administración propondrá al Presidente ajustes paramétricos para que se presente una reforma en el Congreso para llevarlos a cabo. Y si ello no ocurre en cuatro meses, el gestor público reducirá los beneficios que se entregan. Tales “ajustes paramétricos” pueden ser, por ejemplo, aumentar la tasa de cotización o subir la edad de jubilación.

En el informe llamado “Sostenibilidad del fondo integrado de pensiones (FIP): ¿Qué tan factibles son los cambios paramétricos?”, el Observatorio Perspectivas concluye que “ante la evidencia chilena e internacional, resulta difícil pensar que frente a una amenaza a la sostenibilidad del sistema se haga alguna de las opciones propuestas por la reforma: a) cambiar los parámetros y/o b) reducir los beneficios entregados”.

Y agrega que “lo anterior implica que en caso de que no se cumplan supuestos utilizados por el gobierno, el sistema pasaría a ser insostenible en el tiempo. Esto implicaría entonces la necesidad de contraer deuda pública, la cual tendría que ser pagada por los contribuyentes, ya sea a través de: mayores impuestos, menores servicios, mayores contribuciones a la seguridad social”.

El Observatorio Perspectivas primero argumenta en base a la experiencia chilena. Ahí señala que el sistema de pensiones “desde su implementación en la década de los 80, ha mantenido inalterados sus parámetros contributivos, es decir, la edad de jubilación se ha mantenido en 65 para los hombres y 60 para las mujeres, y la tasa de contribución se ha mantenido en el 10%”.

Y dice que esto ha ocurrido a pesar de tres cosas: que “hay un consenso técnico y político en torno a que las pensiones son bajas”, que “Chile presenta una tasa de contribución baja en comparación a la OCDE la cual es, en promedio, de un 18,2%”, y que “ha aumentado la expectativa de vida a la edad de jubilación tanto para hombres como para mujeres, lo que conduce a que cada vez se deban financiar más años como pensionados”.

Bajo este escenario, el informe asegura que “si a pesar de la necesidad de tener mejores pensiones y del claro diagnóstico en torno a la necesidad de ajustar los parámetros del sistema, no se han podido concretar cambios paramétricos, resulta poco probable que, en un período de cuatro meses, el sistema político lleve a cabo aquello que en estas décadas no ha logrado hacer”.

El documento también pone foco en la experiencia internacional sobre las reformas paramétricas. Y ahí concluye que “acostumbran a llegar en momentos en que los problemas de no haberlas realizado ya se han materializado. Este fue el caso de países de la Unión Europea que ante exigencias de instituciones supranacionales (BCE, IMF) tuvieron que realizar cambios para reducir las pensiones, como Irlanda, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Rumania y Latvia”.

Pero advierte que “cuando han podido y no han tenido las exigencias de las instituciones supranacionales, gran parte de estas reformas se han aminorado o eliminado, como por ejemplo en España, Grecia, Latvia, Portugal y Rumania, entre otros”.

Así, agrega que “la dificultad de realizar ajustes en los sistemas de pensiones llevó a muchos países a introducir reglas de ajuste de aplicación automática”, es decir, que los cambios en los parámetros se gatillen frente a cambios de variables objetivas. “Sin embargo, en muchos casos estos ajustes automáticos tampoco han llegado a materializarse”, advierte.

Indica que Canadá es un caso exitoso de ajustes automáticos, pero que son varios los ejemplos en que mecanismos de ajuste automático se han paralizado o no se han ejecutado completamente, y destaca cuatro en particular.

Primero menciona el caso de Alemania, “cuyo sistema supone que debe haber equilibrio entre los ingresos y gastos. Sin embargo, se determinó que los beneficios entregados por el sistema público no iban a seguir cayendo y que los niveles de contribución no iban a superar el 20% de aquí a 2040 (actualmente se encuentran en 18,9%)”.

También a Eslovaquia, “que decidió detener el vínculo establecido entre la edad de jubilación y la expectativa de vida”.

El tercer país es España, que dice que “iba a introducir un factor de sustentabilidad para su sistema de pensiones y cambiar el mecanismo de indexación de éstas, ambas reformas, con el fin de que el déficit de la seguridad social no siguiera creciendo de gran manera y que derivaría en una baja de las pensiones. Sin embargo el factor de sustentabilidad nunca se aplicó y el mecanismo de indexación dejó de implementarse producto de masivas protestas. Finalmente, se desecharon estos factores y se determinó subir los impuestos al trabajo”.

Y en cuarto lugar menciona a Suecia, donde “la fórmula del cálculo de pensiones implica que cuando el sistema tiene un desbalance entre activos y pasivos, existe un mecanismo de ajuste que implica una baja en las pensiones. Para el caso de la crisis financiera los activos de los fondos de pensiones cayeron por debajo de los pasivos. Esto implicó que las pensiones cayeran sustantivamente. Sin embargo, en este escenario el gobierno redujo los impuestos para los jubilados, así en 2010 el 85% de los jubilados tuvieron un alza en el valor nominal de sus pensiones y solo un 8,6% la bajaron, es decir el mecanismo se aplicó solo de manera parcial y el impacto en las finanzas públicas se produjo de igual forma”.

Adicionalmente habla del reciente caso de Francia, donde “se están desarrollando fuertes protestas contra el eventual ajuste en los parámetros del sistema de pensiones: aumento de la edad de jubilación y la cantidad de años para acceder a una pensión completa. Esta es una noticia en desarrollo y aún no sabemos si dicho país logrará aplicar las reformas que le dan sustentabilidad a su sistema”.