El gobierno incluyó dentro del pacto fiscal medidas que apuntan a la eficiencia y transparencia en la gestión de recursos del Estado. Estas incluyen gasto en programas, medición y control de dotaciones de personal, costos financieros y contingencias legales, responsabilidad fiscal macroeconómica, Aporte consolidado desde el Estado, en porcentaje anual de gastos ajustables entre otras.

Desde el gobierno se muestran comprometidos con avanzar en el ajuste de distintos tipos de gasto, aunque todavía no hay una estimación concreta de cuánto es lo que se puede llegar a ahorrar como puntos del PIB: “Estamos trabajando en esas estimaciones. Una cosa es lo que nosotros proponemos, pero lo que se busca en este pacto fiscal es que todos converjan con sus opiniones. No me parece que si estamos llamando a conversar yo diga que con esta medida vamos a recaudar un monto determinado, porque puede haber otras propuestas que pueden ser implementadas, y habrá que ver, en ese momento, cuánto es el ahorro”, señaló en una reciente entrevista en Pulso la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.

En esa misma entrevista, la personera de gobierno añadió que “hay un instructivo presidencial que “ya busca generar ahorros en las contrataciones, viáticos, sueldos, compras públicas, usos eficientes de las energías, de los viajes. Eso está vigente, independiente de otras medidas que se puedan sumar en este pacto fiscal”.

Dado que este eje de eficiencia del gasto tomará fuerza en la discusión tributaria, un análisis de Clapes UC entrega algunas pistas de cuál es el espacio o el marco en que el gobierno tiene para ajustar el gasto y eventualmente generar ingresos por esta vía.

De acuerdo al análisis de la entidad, el 2018 se realizaron dos conjuntos de medidas para contener la presión de gasto. La primera de ellas fue un instructivo presidencial (GAB. PRES. N° 002, de 4 de abril de 2018, del presidente de la República y el Ministro de Hacienda) que refundía instrucciones de austeridad de gobiernos anteriores, pero que además incluía nuevos elementos tales como plan de Viajes. Ahí se indicaba que los ministerios tenían que enviar un plan anual de viajes que sería aprobado por Segpres y Dipres. Cada nuevo viaje no programado tenía que contar con la aprobación de Dipres. Se exceptuaba al Ministerio de Relaciones Exteriores, y comisiones al exterior.

En este caso, los funcionarios que viajaban en en comisiones al exterior debían contar con la autorización del jefe de servicio y elaborar un informe 3 días después de su retorno. Otro es la compra de pasajes que debían ser adquiridos con un mes de anticipación, con excepción de las autoridades y el Ministerio de Relaciones Exteriores, norma de excepción en honorarios, compras conjuntas, gestión inmobiliaria centralizada, y disminución del monto para adquirir vehículos.

El segundo conjunto de medidas fue un decreto de modificación presupuestaria (No. 651 de 2018). Este paquete contenía medidas de austeridad y de contención de gasto. Las medidas de austeridad se implementaron de forma pareja para todos los ministerios y servicios, y adicionalmente se ajustaron algunos programas fiscales específicos, especialmente los que estaban mal evaluados. Cuatro ejes que explicaban el plan de austeridad: Rebajas por concepto de gastos en bienes y servicios de consumo, rebajas de gastos debido a que la inflación utilizada al inflactar el presupuesto fue mayor a la que se estimaba en ese momento (la inflación era menor a lo esperado), Se rebajaron fondos de libre disponibilidad de la Presidencia, las medidas de austeridad apuntaban a programas que habían sido mal evaluados y rebajas específicas a programas.

Con todas esas medidas, Clapes UC señala que el fisco ahorró US$1.063 millones.

El segundo ejemplo que entrega Clapes UC es el presupuesto base cero ajustado Presupuesto 2021. De acuerdo a Clapes UC, este proceso de formulación del presupuesto 2021 se caracterizó por tres elementos principales: el primero, eficiencia, donde el proceso incorporó una revisión detallada del gasto en bienes y servicios de consumo del Sector Público. El segundo, la priorización, donde se instruyó la conformación de un presupuesto de gasto mínimo, que cubriese las obligaciones legales y diera continuidad operativa mínima sólo a nivel de la administración. El tercero es la evaluación donde se monitoreó un total de 687 programas e iniciativas sociales y no sociales, sistematizando y armonizando la información de desempeño levantada, definiendo métricas de evaluación en las dimensiones de eficacia, eficiencia y focalización.

“Estos resultados fueron utilizados como un insumo para el proceso de formulación a través de dos mecanismos: uno, el establecimiento de un límite máximo de 80% del Presupuesto 2020 como tope de recursos a solicitar en la primera etapa del proceso, para los programas con falencias de monitoreo o con alto gasto administrativo, y lo segundo es la definición de un listado de 131 programas a ser revisados en un proceso de evaluación ex ante de rediseño, para los que se estableció un límite máximo de 75% del Presupuesto 2020 como tope de recursos a solicitar, en la primera etapa del proceso de formulación”, mencionan. Con todo esto, se logró ahorra US$2.200 millones, que equivale a 0,7% del PIB aproximadamente.