Masiva y con un resultado incierto. Así fue la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara ayer, en la que el ministerio de la cartera se jugó las últimas cartas para destrabar la reforma tributaria, a 48 horas de que se vote la idea de legislar.

Y lo hizo con un set de medidas -algunas ya anunciadas hace tres semanas- que buscan compensar los US$ 800 millones que se dejan de recaudar por la reintegración del sistema tributario, gravando a los segmentos de mayores ingresos y que suman US$ 471 millones.

Esto, excluyendo de la propuesta las medidas como el aumento a 19% a la tasa de impuesto a servicios digitales o los impuestos verdes, cuestionados por ser indirectos y que, de zanjarse favorablemente la idea de legislar, se abordarían en particular vía indicaciones.

¿De qué se trata? Se propuso que las regiones reciban el 1% de los grandes proyectos de inversión -en iniciativas sobre US$ 10 millones en un plazo de cinco años- y la creación de un mecanismo de compensación interregional (por ejemplo, 1/3 municipios, 1/3 región, 1/3 al fondo común). Además, se adelanta en un mes (desde el 30 de noviembre al 30 de octubre) el proyecto con las nuevas fuentes de financiamiento para las regiones.

Otras de las medidas que se pusieron sobre la mesa y que apuntan a los sectores de mayores ingresos son la regulación del uso de los market maker y de gravar los seguros con ahorro.

La propuesta también apunta a la venta en Chile de activos cuyos propietarios sean empresas extranjeras. Actualmente, si una empresa extranjera tiene un activo en Chile y lo vende, solo paga impuesto si es que representa el 20% del valor total de la compañía vendedora o el equivalente a 210 UTA (US$ 187 millones). La idea de Hacienda es rebajar esos niveles (o umbrales) a 10% o a 105 UTA (US$94 millones). Esto, con la consecuencia de que aumentarían los casos en los que dichas ventas queden gravadas.

Además, se propone eliminar la exención de contribuciones a los terrenos forestales sin límite de tamaño, cuyo beneficio llegará directamente a los municipios.

Las exenciones a los predios forestales se remontan al artículo 20 del decreto ley (DL) 701 de 1074, el cual las estableció dentro de las medidas para el fomento forestal. Este decreto fue modificado por la Ley 19.561 de 1998, el cual mantuvo estas exenciones para los terrenos que recibieron bonificaciones fiscales. En Chile hay cerca de tres millones de hectáreas de plantaciones forestales, de las cuales cerca de la mitad estarían actualmente exentas de pago de contribuciones.

En materia de elusión y evasión, el Ejecutivo planteó dos nuevas normas. La primera, de fiscalización para los retiros desproporcionados en relación con la participación en la sociedad para que sean informados y fundados, y que apunta, por ejemplo, a sociedades de inversión con cónyuges o hijos cuya participación en la sociedad no justifica los retiros a los que podrían acceder. Y, una segunda, que castigará como gasto rechazado si el retiro no cuenta con justificación.

En lo demás, reitera los compromisos con las pymes, el fortalecimiento del SII y su capacidad de Big Data y la rebaja de las contribuciones a los adultos mayores vulnerables y de clase media.

La visión de los expertos

Entre los abogados tributaristas existe coincidencia en que pese a los cambios que se le han introducido a la reforma, estos no han desdibujado la idea original.

Para Soledad Recabarren, de Recabarren y Asociados, "el proyecto mantiene su sentido original, sin embargo, algunas medidas pueden implicar una mayor carga administrativa inicial, por ejemplo, la eliminación de exención a predios forestales o rentas regionales".

Por su parte, Ignacio Gepp, socio de Puente Sur, destaca como positivas las limitaciones al market maker y que los retiros desde las sociedades estén fundados. Enfatiza que "la propuesta de nuevos límites en las ventas indirectas de activos subyacentes en Chile es una medida recaudatoria", de manera tal que "al gobierno se le exigió asegurar una mayor recaudación y en eso ha cumplido", subraya. Mientras que Javier Jaque, socio de Jaque y Orellana, añade que las medidas tienen como foco central aumentar la recaudación, pero enfatiza que no se está desdibujando el proyecto.