EL 1º de septiembre entró en vigencia un nuevo Reglamento de Concesiones Marítimas, que regula el uso del borde costero por los particulares y reemplaza la normativa vigente desde el 2005. Esta iniciativa busca mejorar determinados problemas, como los tiempos de tramitación de las concesiones marítimas, los criterios para determinar la duración máxima de las mismas, los montos de sus rentas y tarifas, entre otros temas.

Sin embargo, más allá de la loable intención de actualizar una normativa muy relevante a nivel país, el nuevo reglamento no lograría solucionar los principales problemas. Desgraciadamente, en la práctica, se seguirían sufriendo extensos tiempos de tramitación (en casos extremos pueden superar los diez años), excesiva burocracia en simples trámites como una renovación, transferencia o arrendamiento de concesiones marítimas, plazos cortos en la duración de las mismas, y aumento en las rentas y tarifas. A ello, se suman otros problemas, como el hecho que el sistema electrónico de tramitación e información es poco transparente y no está acorde con los tiempos, y, además, que la falta de información contenida en el mismo es evidente. Ejemplo de ello es que no existe un catastro claro de las concesiones vigentes a lo largo de Chile. Esto termina desalentando las nuevas inversiones.

Adicionalmente, persistiría un alto riesgo de discrecionalidad en el otorgamiento, renovación y modificación de concesiones marítimas en este nuevo reglamento, ya que se mantuvo la posibilidad de requerir un informe a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, organismo principalmente político y que depende de las autoridades nombradas por el gobierno de turno. Hay que tener en cuenta que el proyecto de ley de modificación del SEIA propone la eliminación de la discrecionalidad política que significa el Comité de Ministros, estableciendo que la decisión debe ser eminentemente técnica-ambiental. Creo que es necesario que el mismo criterio sea replicado para el caso de las concesiones marítimas. En el contexto actual, la falta de una política nacional y regional de uso de borde costero -salvo dos regiones- dificulta la posibilidad de tener un marco jurídico que dé la seguridad que se requiere.

Por otra parte, en mayo el Gobierno anunció una serie de cambios legales con el fin de promover la inversión, lo que apuntaba a destrabar excesivas burocracias estatales y a impedir la posibilidad de terceros especuladores de oponerse a determinadas obras o proyectos. Sin embargo, se echa de menos alguna norma concreta que permita efectivamente incentivar las inversiones en el borde costero, ya que el proyecto "pro-inversión" en comento sólo contempla una escueta modificación en este ámbito, que permite dar las concesiones marítimas en garantía.

Finalmente, hay que estar atentos a un proyecto de ley que busca modificar la actual Ley de Concesiones Marítimas. Después de estar cuatro años "durmiendo" en el Congreso, el actual Gobierno decidió reactivarlo, lo puede ser un arma de doble filo, porque se estaría entregando todas las competencias en esta materia al Ministerio de Bienes Nacionales, el que ya sufre un recargo no menor en sus funciones actualmente vigentes. Vale la pena revisar en detalle este proyecto, para que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad.