El confuso incidente ocurrido en el aeropuerto de Santiago, en el que un carabinero hirió de bala a un conductor de Uber generó mucha polémica con visiones encontradas en materia de seguridad y orden. No obstante, también releva una materia que las autoridades aún no han abordado: la regulación de la industria de economías colaborativas.
En el caso de Uber, el modelo de negocio es el uso de la capacidad ociosa de las personas en el automóvil particular. No obstante, se debe reconocer que se ha generado un área de negocio de transporte pública totalmente desregulado.
Lo anterior genera una serie de inconvenientes, como por ejemplo la diferencia con los otros sectores que ofrecen esas líneas de negocios de transporte. Estos deben pagar permisos, están sujetos a revisiones técnicas más frecuentes que el resto y cuentan con licencias de conducir especiales.
Asimismo, generan distorsiones adicionales. Por ejemplo, que en el caso de Uber no son choferes especializados para el transporte de pasajeros, así como tampoco cuentan con los seguros adecuados para enfrentar ese nivel de uso, que es radicalmente distinto a uno de uso particular.
Es por ello que el caso de los disparos en el aeropuerto de Santiago debe ser un catalizador para que las autoridades busquen regular este servicio. Es cierto que el gobierno anunció que habrá un impuesto digital...
Pero la regulación debe ir más allá de las medidas tributarias anunciadas.
Con todo, se debe tener especial cuidado con la letra chica de esta regulación. La mirada debe ser consistente con equiparar la cancha, disminuir las distorsiones, pero al mismo tiempo tiene que permitir que los nuevos negocios basados en la tecnología, no ahogarlos.
