Tomas ilegales de terreno, falta de regulación urbanística y los efectos del calentamiento global, son algunos de los problemas que enfrenta el borde costero. Con una longitud aproximada de 83.000 km, aquí se mueve la mayoría de las importaciones y exportaciones y parte importante de la actividad turística. De hecho, es hasta usado para soportar los cables de fibra óptica submarina que conectan gran parte de la red de internet del mundo.

Una de las principales zonas afectadas es la Región de Atacama, donde el Ministerio de Bienes Nacionales ha detectado cerca de 7.000 ocupaciones irregulares desde 2018, las que se triplicaron desde 2014. "Nuestro plan tiene cuatro pilares: el desalojo de los inmuebles que estén en zonas de mayor riesgo, la venta de terrenos, la oferta de paños vía licitación, y el impulso de proyectos turísticos", comenta el jefe de la cartera, Felipe Ward.

Además, el ministerio impulsa su plan para erradicar estas tomas en la Región de Antofagasta, que sería la segunda zona más afectada. Otro de los trabajos del gobierno será la oferta de terrenos que saldrán a licitación principalmente con fines turísticos, que se dará a conocer durante este mes. En total, serían 30 macrolotes en el borde costero de Atacama, y siete en Antofagasta.

Según explican quienes han seguido de cerca este caso, el problema se habría originado dado que algunas personas exigían su derecho a la segunda vivienda. Esta particular demanda ha generado que se llegue a habitar zonas de riesgos, generando un peligro para la gente que construye ahí y para el sector, debido a la acumulación de basura y la ausencia de sistemas de tratamientos sanitarios.

Por otro lado, se denuncia que existen problemas en la forma que se regula la costa por medio de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El reciente estudio del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), plantea que "si bien a nivel nacional y regional todos los lineamientos estratégicos asociados al ordenamiento y la planificación territorial reconocen los ecosistemas costeros como parte fundamental del desarrollo sostenible, en la práctica, el enorme traslape de atribuciones, la descoordinación entre funciones, y la gran cantidad de entidades públicas que participan en el proceso, entorpecen la gestión y terminan generando zonificaciones costeras con poco poder de articulación y desfasadas en el tiempo", según el texto. Por ejemplo, la administración del mar y playa quedan en manos del Ministerio de Defensa y el del territorio continuo a este, en manos de la cartera de Bienes Nacionales (ver gráfico).

La normativa del turismo es otro de los aspectos a revisar. Si bien es una actividad que genera un aporte de cerca de 3% al crecimiento del país, no pasa desapercibida en las zonas al concentran una mayor población durante el verano. Prueba de ello es El Quisco, que durante el verano crece en población cerca de 10 veces a lo habitual del año y que no tiene los recursos para enfrentar la llegada masiva de personas, según indica el académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica y autor en el estudio del Cigiden, Kay Bergamini. "La calidad del alcantarillado, el retiro de basura y todos los problemas derivados de esta presión demográfica, no está dando a basto. Esto es un tema que no se está resolviendo dado que el presupuesto de las localidades solo se ajusta en función de las personas que habitan regularmente en el lugar". Otras de las localidades que también viven este problema son Rapa Nui y Juan Fernández, que están estudiando regular el ingreso de los turistas.

El mar y el cambio climático

La directora del Centro de Innovaciones en Ciudades de la Universidad del Desarrollo, Francisca Astaburuaga, apunta que el trabajo en el borde costero se debe abordar desde una visión urbanística y medioambiental. "No podemos desentendernos con estas zonas de encuentro entre sistemas acuáticos y terrestres. El diseño tiene que ser bueno, pero debe responder a otras variables que sean amigables con el ecosistema".

Debido a los efectos del cambio climático, el nivel del mar debería aumentar un metro en el corto plazo. En ese sentido, Boston (EEUU) ya está enfrentando el hundimiento de la costa y los edificios a la orilla del mar ya no tienen departamentos a nivel de los suelos y recién la primera vivienda se asoma a los cuatro metros sobre el mayor nivel de la marea alta.

En el caso de Chile, los expertos consultados por Pulso hicieron un llamado a tener presentes los riesgos en estos cambios del comportamiento del mar, pero creen que todavía el mundo está a tiempo de tomar acciones para prevenir que el deshielo de los icebergs aumente el nivel de los océanos.